Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. -La iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional de Honduras para que se inicie un juicio político al presidente, Juan Hernández, se deriva de las acusaciones que fiscales estadounidenses han hecho en los últimos días contra el gobernante, por su participación en el narcotráfico.
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Lo anterior lo sostuvo este viernes el diputado del opositor Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Luis Redondo, uno de los tres congresistas que presentaron una petición el miércoles para que Hernández sea sometido a un juicio político por su supuesta participación en el narcotráfico.
Con lenguaje coloquial, Redondo se refirió al tema en un programa de televisión que se transmite desde la norteña ciudad de La Ceiba, en el que dijo que las acusaciones contra Hernández son hechos reales no “pajas” (mentira) porque vienen de las acusaciones que hicieron los fiscales del gobierno de los Estados Unidos, no de narcotraficantes y tienen respaldo de audios y vídeos presentados en distintos procesos judiciales ventilados en aquella nación.
El 14 de enero Redondo, junto a David Reyes, de su mismo partido y Jorge Cálix, de Libertad y Refundación (Libre), presentaron ante el Congreso Nacional un pedido de juicio político contra Hernández, con las causas para su destitución por presuntos vínculos con el narcotráfico de acuerdo con investigaciones y procesos en etapa de sentencia que se desarrollan en cortes federales de los Estados Unidos.
Redondo considera que la votación para someter a un juicio político al gobernante debe tener el respaldo de la totalidad de los diputados que integran el Congreso Nacional, es decir, de los 128, porque se trata de una acción para destituir de la Presidencia de la República a una persona vinculada al narcotráfico.
El panorama muestra que “los diputados no pueden actuar como bancadas como si se tratara de una decisión sobre la Ley Electoral o de un proyecto para determinado municipio. Cuidado con los diputados que voten contra el juicio político para destituir a un presidente narcotraficante y ligado al narcotráfico y que va a terminar sus días en la cárcel”, enfatizó el congresista por el norteño departamento de Cortés.
“Ay de esos diputados porque el mundo entero ya conoce que hay un juicio político, porque los hondureños no estamos dispuestos a esperar que nos dirija un narco gobierno como es el del Partido Nacional”, remarcó Redondo.
El fin de semana medios internacionales informaron que fiscales federales de Estados Unidos han presentado mociones diciendo que el presidente hondureño, Juan Hernández aceptó sobornos de los narcotraficantes y pidió a las fuerzas armadas de su país que protegieran un laboratorio de cocaína y los envíos de la droga a los Estados Unidos.
El gobernante hondureño es hermano de Juan Antonio “Tony” Hernández, un narcotraficante declarado culpable en octubre de 2019 por cuatro cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Tony” está a la espera de la sentencia programada para el 27 de enero próximo.
La Congresista Demócrata de origen guatemalteco, Sandra Torres, ha sido fuerte en declaraciones contra el presidente hondureño por su supuesta participación en el narcotráfico y actos de corrupción. Con el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre de 2020 y el ascenso al poder de Joe Biden el 20 de enero próximo, Torres ha pedido, en las últimas horas, a la población hondureña tener un poco de paciencia porque vienen “cambios”.
PROCESO
El diputado Luis Redondo explicó que el procedimiento del juicio político dura cinco días, tiempo mediante el cual la directiva del Legislativo nombrará una comisión que rendirá un informe que será presentado al pleno por el secretario de la cámara para que lo admita con la aprobación de las tres cuartas partes de la cámara, o sea, 96 votos.
Después de esto, explicó el congresista, se nombrará una comisión de nueve diputados que tendrá 30 días para analizar los cargos. En este periodo Hernández tendría que ser suspendido de sus funciones para que no interceda en las pesquisas, como lo hizo el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que interfirió al ser denunciado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), al pedirle al Ministerio Público informarle el porqué de la investigación y que suspendiera las indagaciones.
Pasado el plazo y confirmados los hechos por la comisión, se ejecuta el juicio político, se somete a votación y Juan Hernández es separado del cargo de presidente, destacó.
Frente a la mayoría nacionalista en el Congreso Nacional y el apoyo que recibe de algunos liberales y partidos minoritarios, Redondo destaca que existen dos ingredientes jurídicos y políticos a favor para que el gobernante sea sometido al juicio político.
“Hay una estrategia en este momento, en esta legislatura, que termina el 24 de enero, pudimos haber dicho que teníamos menos votos, pero esta es una denuncia de orden mundial en la que Honduras siempre ha estado en temas de violencia y pobreza extrema, hospitales móviles, hechos en los que las grandes agencias de prensa mostraron cómo es señalado con nombre y apellido Juan Orlando Hernández Alvarado por sus vínculos con el narcotráfico”.
El segundo elemento, según Redondo, es el cambio de mando en la dirección política en Estados Unidos manifestado por el presidente Joe Biden; la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y la congresista Norma Torres, que han expresado su preocupación por lo que pasa en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Redondo señaló que Pelosi y Torres han reconocido en un documento que, si bien los vuelos de narco avionetas han bajado es porque ahora hay muchos laboratorios produciendo la droga en Honduras, porque la materia prima entra por camiones desde Guatemala.
