Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El juicio contra David Castillo en el asesinato de Berta Cáceres ha permitido también establecer un patrón de odio y racismo contra la población indígena de parte de empresarios, las fuerzas de seguridad y el mismo gobierno.
Lo anterior fue señalado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en un conversatorio denominado Reivindicar Derechos Territoriales Ancestrales ante Violencia Estatal.
El evento contó con la participación de la dirigente lenca Dorian Gómez, de la comunidad de Río Blanco en Intibucá; el dirigente tolupán Ramón Matute, de la comunidad de San Francisco de Locomapa en Yoro; y la coordinadora legal de MADJ Koritza Ortez, quien es abogada en la causa de Berta Cáceres y el tolupán.
En el foro se abordó el juicio contra David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y cuyo proceso legal “representa sin duda un logro de la familia y de todas las organizaciones” que lo han impulsado, a pesar de las dilaciones que la defensa ha realizado como parte de su estrategia, dijo la abogada Ortez.
Uno de los aspectos destacados en torno al juicio contra Castillo es la extracción de las comunicaciones telefónicas del imputado y otras personas, que “evidencia y develan el funcionamiento de esta estructura criminal” que estuvo detrás del crimen.
El asesinato de Cáceres, en marzo de 2016, fue “la culminación de una serie de ataques, vigilancia y persecución” para detener su lucha y liderazgo, pero también para neutralizarla.
El juicio contra Castillo ha permitido también establecer un patrón de odio y racismo contra la población indígena de parte de empresarios, las fuerzas de seguridad y el mismo gobierno, se dijo también en este foro realizado virtualmente.
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Para el caso, el Estado de Honduras ha permitido el despojo contra la población tolupán a través de instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de Conservación Forestal (IFC) mediante el otorgamiento de títulos supletorios a personas que viven en la zona y el otorgamiento de planes operativos y de salvamento, dijo la profesional del derecho.
Esas personas beneficiadas por el Estado tienen vínculos militares, han ejercido violencia contra la población indígena y han promovido procesos de criminalización, los que han provocado desplazamientos forzados y división familiar dentro del territorio.
Esta violencia ha reflejado también que el Mecanismo de protección de Honduras “no ha hecho ni ha tomado las medidas que permitan garantizar la vida e integridad de los compañeros y compañeras del pueblo tolupán” beneficiados con medidas cautelares ya que desde 2013 el nivel de violencia y conflictividad no ha cesado y se han producido al menos diez asesinatos contra esa población.
Esta criminalización y persecución no solo la vive la gente de Río Blanco o de San Francisco Locomapa sino de los diferentes pueblos indígenas en Honduras, dijo de su lado la líder lenca Dorian Gómez.
Aunque el mensaje del gobierno es que los problemas son internos, propios de las comunidades, en realidad vienen de afuera a través de empresas extractivas y el mismo Estado cómplice.
“Las empresas se instalan sin permiso en las comunidades”, como ocurrió con DESA, y forman parte de una estructura que está “muy entrelazada” con el gobierno. “Incluso hasta con las Naciones Unidas, entonces cómo podemos creer que los tratados o las declaraciones de Naciones Unidas van a venir a cambiar nuestras realidades”, se preguntó.
No obstante, “a pesar de todo lo que está pasando tenemos esa energía para seguir adelante, para decir que sí podemos y queremos seguir organizados y organizadas para hacerle frente a todo”, aseguró la lideresa comunitaria.
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