Una investigación de Criterio.hn develó que la notaría de Johel Zelaya, actual fiscal general, tuvo entre sus clientes VIP a Nasry Asfura y Johnny Kafati
Tegucigalpa, Honduras.- El 28 de febrero de 2024, lo que meses atrás parecía imposible para el oficialismo se hizo realidad: Johel Zelaya fue elegido con 110 votos como fiscal general del Ministerio Público para los próximos cinco años.
Desde el 1 de noviembre de 2023, la Comisión Permanente del Congreso Nacional lo había designado como fiscal general interino tras el término del período de Óscar Chinchilla y un breve interinato ejercido por Daniel Sibrián. Sin embargo, desde la oposición, especialmente del Partido Nacional, persistía un supuesto rechazo hacia Zelaya.
Pero como en la política, y específicamente en el ámbito parlamentario, lo más común son los acuerdos partidarios y la distribución de cuotas de poder, el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) logró encontrar la clave para posicionar a Johel Zelaya en la fiscalía general.
Tras presionar políticamente a la oposición durante tres meses, el oficialismo consiguió, a través de negociaciones, repartir entre las principales fuerzas políticas (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal) no solo el Ministerio Público, sino también el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Unidad de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Partidos Políticos (UFTF), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los tres partidos políticos sacaron provecho del acuerdo, pero fue Libre quien se vio más favorecido al cumplir su objetivo de colocar a Johel Zelaya, un joven abogado oriundo de Reitoca y cercano al poder económico y político del país, en la fiscalía general del Ministerio Público.
Cuando se efectuó la elección ese 28 de febrero, el diputado del Partido Libre, Jorge Cálix, quien se mantiene en una ferviente pugna con los bloques oficialistas afines a Manuel Zelaya Rosales, señaló al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de haberse reunido un día antes con Nasry Asfura, precandidato presidencial del Partido Nacional y actualmente el principal líder visible de esa agrupación política.
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«Sería bueno que Luis Redondo nos contara qué negoció con don Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como ‘Tito’, el ‘papi que puso orden’. Si aquí hay diputados del Partido Nacional, ¿por qué reunirse con ‘Tito’ Asfura, ¿que además tiene procesos judiciales pendientes y está participando en la elección del fiscal general? Hay conflictos de interés. Yo quiero saber: ¿se negoció algo de esos procesos?», apuntó Cálix durante una intervención en el hemiciclo legislativo.
EL PROCESO DE ASFURA
A lo que el diputado Jorge Cálix se refirió es a que el 26 de octubre de 2020, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), intentó someter a Nasry Asfura a un antejuicio por sospecha de delitos como abuso de autoridad, uso de documentos falsificados, malversación de fondos públicos, fraude y lavado de activos, relacionados con el desvío de más de 29.4 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, donde fue alcalde desde 2014 hasta 2022.
Pese a la intención del Ministerio Público de procesar judicialmente a Asfura, el 26 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala de lo Constitucional, concedió una acción de amparo que impidió al Ministerio Público y a la Uferco promover acciones penales en su contra.
Durante la investigación El asocio de William Vélez Sierra con red empresarial y política de Honduras, publicada el 28 de mayo, Criterio.hn desveló los estrechos vínculos entre la red empresarial de Nasry Asfura y Johnny Kafati con el empresario colombiano William Vélez Sierra, que ha dado paso a millonarias contrataciones y concesiones para el tratamiento de desechos sólidos en el Distrito Central y San Pedro Sula. Además, se identificó la afinidad de Johel Zelaya con Asfura y Kafati.
Criterio.hn tuvo acceso a dos escrituras públicas de las sociedades mercantiles Desarrollo, Construcciones y Equipos S.A. de C.V. (Decoesa) y Constructora y Servicios Múltiples S.A. de C.V. (Cosemsa), una de fecha 10 de febrero y otra del 6 de abril de 2017.
Aunque ambas escrituras públicas están relacionadas con protocolizaciones comunes, sí despierta la atención que la notaría del actual fiscal general haya tenido entre sus clientes tanto a Cosemsa como a Decoesa. En otra publicación de este medio digital, Johel Zelaya, el más controvertido de los aspirantes a fiscal, también se expuso el vínculo profesional entre Zelaya y el Grupo Flores, evidenciando cómo los intereses de un abogado privado pueden afectar la labor del Ministerio Público.
En Cosemsa, Johnny Kafati figura actualmente como presidente del Consejo de Administración, mientras que en Decoesa es Nasry Asfura quien ocupa esa posición. Kafati y Asfura también han estado conectados societariamente a través de otras sociedades mercantiles como AGAC de Centroamérica S.A. de C.V., Alquileres y Ventas de Honduras S.A. de C.V. y Sulambiente S.A. de C.V.
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ACUERDOS BAJO LA MESA
Según Gabriela Blen, dirigente de sociedad civil y miembro de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), la última elección del fiscal general fue una demostración de manipulación por parte de partidos políticos que, en público, poseen un discurso progresista, pero que, en secreto, «hacen acuerdos con los criminales de siempre para repartirse el poder».
«Es lamentable que sacaran del juego a personas íntegras, con independencia y autonomía, como el fiscal Luis Javier Santos, una persona que ha arriesgado su vida y la de su familia para investigar la corrupción de este país, o a Jenny Almendares, mucho más capacitada que el señor Johel Zelaya, pero que no contaba con apoyo político, ni ha sido abogada de corporaciones corruptas», declaró Blen a Criterio.hn.
Mientras Luis Javier Santos fue descartado en el proceso previo a la proposición de candidatos ante el Congreso Nacional, a Jenny Almendares la utilizó la oposición como moneda de cambio para finalmente posicionar a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto y a Johel Zelaya como fiscal general, la fórmula que buscó desde el primer momento el oficialismo.
Johel Zelaya se colocó en la cúpula del Ministerio Público como el fiscal general del oficialismo, pero su afinidad oculta a algunos líderes de la oposición podría mantener intocable a Nasry Asfura por cinco años más. Mientras tanto, todos sonríen en la mesa de la impunidad.
