El profesional del derecho, que no tiene experiencia en derecho penal, es simultáneamente asesor del IHTT y de Corporación Flores. Pero, pese al conflicto de interés realiza trámites en nombre del grupo empresarial en la institución del Estado.
Tegucigalpa. -De los cinco aspirantes a Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público que llegaron a la etapa final, Johel Antonio Zelaya Álvarez ha sido especialmente escrutado, ya que existe una serie de situaciones anómalas alrededor de su postulación.
Zelaya es abogado y notario, tiene 43 años de edad y 21 años de práctica legal. No tiene experiencia en materia penal, su fuerte ha sido la litis privada y la asesoría de diversas instituciones públicas y privadas.
Según consta en su currículo, ha sido asesor de la Procuraduría General de la República (2005-2006), de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), (2006-2015) y desde el 2022 a la fecha del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
También participó en el proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero fue descartado y no llegó a la lista de 45 porque no cuenta con maestrías ni especialidades. También, aunque después de ser desestimado, se mencionó su afiliación política al Partido Liberal, siendo este elemento uno de los impedimentos para seguir en el proceso.
CONTROVERSIAS QUE RODEAN A ZELAYA
En la primera etapa de selección de los 21 postulantes a fiscal general y fiscal general adjunto sólo cuatro no recibieron tachas ni denuncias, entre ellos Zelaya. Pero curiosamente al terminar las audiencias públicas realizadas por la Junta Proponente, salió a la luz que el abogado había sido electo como regidor municipal por Reitoca, Francisco Morazán, lo que podría haberlo inhabilitado para seguir en el proceso. En ese momento los miembros de la Junta, Odir Fernández y Julio Raudales dijeron que el aspirante no lo había mencionado expresamente y que tendrían que someterlo a un análisis especial.
Julio Raudales, miembro de la Junta dijo, al ser entrevistado por Criterio.hn, “no es una prohibición al cargo que el aspirante sea regidor, lo que si consideramos es si informó o no informó de esta situación”. Sin embargo, apuntó que l hacer una revisión del expediente descubrieron que la información si estaba consignada, pero nunca fue discutida.
Luego de varias deliberaciones consideraron que no era un problema y se incluyó en la lista final de cinco aspirantes.
DENUNCIADO POR TRES DELITOS
Según el abogado Pedro Antonio Bustillo, Zelaya cometió los delitos de falsificación ideológica, uso de documentos falsos y perjurio, por lo que lo denunció ante el Ministerio Público a mediados de agosto.
Según la denuncia “no cumple los requisitos de participación e idoneidad ya que juró no haber tenido participación política los últimos tres años”.
La base de la denuncia es que Zelaya participó como precandidato a alcalde por el Partido Liberal en Reitoca, Francisco Morazán y luego en las generales como regidor, quedando electo en este cargo. Esto sería una violación al Reglamento de la Junta Proponente que, en el artículo 42 numeral 13, prohíbe “tener o haber tenido una afiliación política activa en los últimos tres años”.
Bustillo detalla en el escrito que Zelaya durante todo el proceso cubrió su rostro con mascarilla para no ser identificado como regidor y mantuvo un perfil bajo, al grado que se supo de su cargo como regidor hasta pocas horas antes de la disolución de la Junta Proponente.
Zelaya efectivamente funge como regidor cuarto por Reitoca, y si bien no obtiene un salario, sí percibe una “dieta” equivalente a 9,250 lempiras por cada sesión municipal en la que participa. En lo que va del año, ha recibido nueve dietas, equivalentes a 64,750 lempiras.
En el escrito también se menciona que se debe de investigar el parentesco por afinidad entre Zelaya y la ministra de Finanzas Rixi Moncada, así como su amistad con el exgerente de Hondutel Marcelo Chimirri.
A pesar de la participación política de Zelaya y su casi nula experiencia penal, se mantuvo su postulación, pero en sentido contrario se eliminó la candidatura del fiscal Luis Javier Santos, siendo uno de los abogados más capacitados para el puesto. Esto creó malestar en la sociedad civil y dudas en la objetividad de los procesos.
Según el abogado Oliver Erazo “los procesos de selección de segundo grado a través de junta nominadora y junta proponente están altamente contaminados y no sirven, se eligen a los más denunciados o a los menos indicados”.
Considera que en la elección de la Corte Suprema de Justicia hubo personas que no debieron seguir en el proceso por el argumento del parentesco y por afiliación partidaria, y que la historia se repite en esta elección del fiscal.
Según Erazo será una elección politizada porque Mario Morazán es de afiliación de Libre, mientras que Marcio Cabañas sería liberal con tendencia a Libre y Zelaya también es cercano a Libre, mientras que Pablo Reyes es nacionalista y sólo queda la abogada Jenny Almendares que no se puede ubicar como activista de ningún partido.
“De cinco tienes tres candidatos de Libre, matemáticamente lograron manejar la Junta Proponente y buscan elegir un fiscal afín a ellos (Libre) a como dé lugar y así tratarán de hacer la elección”, sentenció Erazo.
El miembro de la disuelta Junta Proponente, Julio Raudales, contestó a esta afirmación que la Junta no le preguntó a ninguno de los candidatos de qué partido era “a ninguna de las 26 personas se le preguntó de qué partido era, yo no lo sé ni me interesó saber de qué partido eran“.
POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE EMPLEADORES DE ZELAYA
Según documentos obtenidos por Criterio.hn actualmente Zelaya es asesor del IHTT y de la distribuidora de vehículos Corporación Flores, lo que podría significar un choque de las obligaciones o responsabilidades entre sus funciones, porque, por un lado, representa a una empresa con fines lucrativos que goza de contratos con el Estado y, por otra parte, tiene a sus espaldas defender los intereses del Estado a través de una institución pública.
Zelaya funge como asesor legal y notarial de la sociedad mercantil Corporación Flores desde el año 2017 hasta la fecha. Criterio.hn pudo constatar que efectivamente el abogado Zelaya ha sido quien protocoliza las actas de asamblea de dicho grupo empresarial, que tiene una relación directa con el Estado mediante la venta de vehículos y contratación de servicios relacionados al rubro. .
Comenzó a trabajar como asesor del IHTT el 18 de mayo de 2022 bajo la modalidad de “Contrato por Servicios Profesionales, desempeñándose en el cargo de asesor del comisionado presidente”.
El documento presenta incongruencias, ya que en números expresa que el salario es de “L60,000,00 exactos”, mientras que en letras reza “DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS“. Según la declaración jurada el salario devengado sería de 51 mil lempiras en promedio.
A través de la revisión en el portal de transparencia del IHTT Criterio.hn constató que, en el apartado de sueldos y salarios por contrato, no existe el puesto de trabajo ni coinciden los montos.
Un documento emitido por el IHTT, en 2019, refleja que el abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez funge como representante procesal de Motors Distribuidora de Buses y camiones S.A. (SCANDINAVIA), una empresa del Grupo Flores.
Esto genera un posible conflicto de intereses ya que el abogado es empleado de dos entidades que tienen relación y ha llevado trámites de la distribuidora en el ente estatal en años anteriores.
Según el Código de Ética del Servidor Público “un conflicto de intereses surge para un servidor público cuando éste tiene un interés particular de cualquier índole, o asume el de una tercera persona natural o jurídica, y dicho interés tiene la posibilidad de convertirse o en efecto es potencialmente adverso a los intereses del Estado”. Este posible conflicto no fue mencionado en ningún momento de las diversas audiencias a las que se sometió.
DISPUTADA ELECCIÓN A FISCAL
Según la ley se debe abrir la sesión para la elección del fiscal antes del uno de septiembre, pero los conflictos en el Congreso Nacional hacen ver difícil que esta se logre, a menos que se den arreglos políticos.
En los últimos días han escalado los enfrentamientos entre Libre y el Partido Nacional en el hemiciclo, al grado que se han tenido que suspender varias sesiones, lo que identificaría que difícilmente haya consensos para la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público.
Para la elección de la Corte Suprema de Justicia se realizó un acuerdo para asegurar su integración, en este se comprometieron a realizar reformas en el Ministerio Público, pero las mismas no se dieron hasta la fecha.
Oliver Erazo considera podría existir un escenario de componendas políticas donde la insurrección legislativa del Partido Nacional sea solamente una fachada para enmascarar estos arreglos políticos que vienen desde la elección de la Corte.
“¿Qué sucede si todo lo que está pasando es un show y ya tienen todo arreglado y esta insurrección es sólo la pimienta para darle gusto al asunto y lo que han negociado pasa por una violación constitucional?”, se pregunta Erazo.
Lo anterior incógnita es porque se ha rumoreado que se busca darle rango constitucional a la Dirección de Fiscales del Ministerio Público para así repartirse los puestos entre los tres partidos mayoritarios, es decir, los partidos Libre, Liberal y Nacional, y tener un “balance” en el ente acusador. Lo que es un hecho es que la justicia hondureña se está desarrollando a la medida de los intereses de los políticos.
