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Por: Javier Suazo[1]

El expresidente de la Republica, Juan Orlando Hernández (JOH), fue extraditado a los Estados Unidos, y guarda prisión en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York a la espera que el Juez Kevin Castel lea sus cargos y considere pertinente iniciar el proceso judicial en su contra. Se espera que los abogados defensores puedan solicitar una fianza para que se defienda en libertad, pero los expertos consideran que es difícil ya que al expresidente se tipifica como narcotraficante de alta peligrosidad, y el monto de esta sería de 1 millón de dólares o más, con dificultades para reunirse en el corto plazo; aunque trascendió que las comunidades judías están preparando juntar el dinero por considerar a JOH amigo del pueblo de Israel.

Ha sido un proceso lento.  Inicialmente se cuestionó que los órganos de impartir justicia en Honduras no procedieran de oficio a constatar la veracidad de las denuncias hechas acerca del involucramiento de JOH en el negocio de tráfico de drogas y armas, incluso mucho antes de ser electo presidente de la Republica. Prácticamente tenía secuestrado al Poder Judicial y Fiscalía, por lo que también la institucionalidad de impartir justicia es corresponsable de los delitos que se imputan, y una vez que sus titulares cesen en sus funciones (se cumpla el periodo para que fueran electos), renuncien o se le haga un juicio político, tendrán que dar cuenta de sus actos.

El expresidente Hernández a pocas horas de ser extraditado, siguió declarándose inocente de los cargos que se le imputan, atribuyéndolo a una venganza de los cárteles de la droga y sus miembros locales, la mayoría de los cuales fueron extraditados a EEUU en su mandato (2014-2021) y guardan prisión en cárceles de máxima seguridad. EL argumento es que ningún otro gobierno obtuvo tantos logros en el combate contra el tráfico y consumo de drogas, igual en reducción de los índices de violencia e inseguridad, lo cual ha sido reconocido por el gobierno norteamericano. Es más, fue en su mandato que se autorizó la extradición de ciudadanos hondureños al país del norte, aun sabiendo que  podía perjudicar a sus colaboradores cercanos y familiares.

Se ha especulado sobre las posibles condenas que enfrentará JOH en caso de ser encontrado culpable, que van desde 30 a 40 años en prisión, hasta una o dos cadenas perpetúas según los cargos imputados. Incluso se habla que su hermano, Juan Antonio Hernández, que guarda prisión en EEUU al ser encontrado culpable por tráfico de drogas, pueda declarar como testigo en juicio contra JOH, como una especie de venganza ya éste adujo que no tenía nada que ver con las acusaciones en contra de Tony Hernández ni con sus actividades “supuestamente” ilícitas. También puede ser llamado a declarar el ex líder del cartel de Sinaloa, José “Chapo” Guzmán, que supuestamente entregó 1 millón de dólares a JOH para financiar su campaña política a cambio de operar en el territorio nacional e incluso proteger el tránsito de la droga.

Se espera que en la medida que avance el juicio, varios de los colaboradores de JOH en su gobierno e identificados por los EE. UU. como “posibles” narcotraficantes, lavadores de activos y corruptos sean también pedidos en extradición, pero además se genere un proceso de investigación más a fondo acerca del lavado de activos por prestanombres, parientes, empresarios y banqueros privados. Un interés de la ciudadanía es que se llegue al final y se conozcan los culpables, igual con el castigo a los corruptos al instalarse en el país la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) en 2022 y con apoyo de las Naciones Unidas.

Pero, también, que una gran parte de los bienes incautados y dineros en poder de los bancos, sean utilizados por el gobierno de Xiomara Castro para cumplir con sus promesas de campaña en beneficio del pueblo hondureño.

Un día antes de la extradición de JOH, el Congreso Nacional decidió derogar la legislación que crea las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), una especie de Mini Estado o “enclave” moderno, al cercenarse el territorio nacional para beneficio del capital privado sin que el gobierno central pudiera incluso participar de la forma de gobierno y ejercer control sobre el uso de los recursos, formas de trabajo y régimen de protección social. La Ley Orgánica de las ZEDE fue aprobada mediante decreto legislativo N. 120-2013, de fecha 15 de septiembre de 2013, siendo JOH presidente del Congreso Nacional, igual se aprobaron reformas para fortalecer la Comisión de los llamados “notables” (el gobierno interno) y los vínculos con las Alianzas Público-Privadas (Una mala experiencia para Honduras). 

Frente al clamar del pueblo que se organizó en defensa de sus territorios y la soberanía nacional, demandando la derogación de la ley de las ZEDE, la presidenta electa hizo suya esta demanda y convirtió en promesa de campaña. Al sancionar el decreto de derogación, se abre una oportunidad para reivindicar derechos ancestrales en las regiones donde las ZEDE iban en contra del hábitat de los pueblos originarios, y de acceso directo a recursos naturales para población campesina e indígena, en tanto una parte de las tierras “capturadas” por el régimen de ZEDEs son de naturaleza nacional y ejidal, o sea del pueblo.

El decreto de derogación deberá ser ratificado en la próxima legislación, pero desde ya se preparan acciones para enfrentar posibles demandas de los “inversionistas”, a los que se les advirtió del problema a enfrentar por ser una legislación viciada y atentatoria contra la soberanía nacional y derechos humanos, especialmente el derecho de acceso a tierra y organización y participación social y política. No obstante, existe la posibilidad que estos inversionistas puedan acogerse a regímenes especiales que existen en el país, donde se otorgan incentivos y exoneraciones fiscales al capital a condición de generación de empleos (idealmente de buena calidad), caso de las zonas francas y maquilas.

La reacción de los directivos de las ZEDE, principalmente de las localizadas en las Islas de la Bahía (Roatán) y Choloma, Cortes, fue la de un conquistador que siente que los nativos se revelan frente al despojo violento de sus territorios. “Parásitos que necesitan ser pobres para justificar su existencia y seguir viviendo de las migajas que le envían otros parásitos, los políticos y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) de Europa. Los hondureños quieren nivel de vida de Estados Unidos y estos le ofrecen Cuba y Venezuela”. Declaraciones de Massimo Mazzone, fundador de las ZEDE Próspera y Morazán en Honduras.

En Estados Unidos, el congresista Chip Roy, había enviado una carta al Departamento de Estado mostrando su preocupación por la decisión del gobierno de Xiomara Castro y Congreso Nacional por derogar toda la legislación de las ZEDE, siendo estas inversiones protegidas por el RD-CAFTA. La preocupación es que “esta acción también arrojaría una nube de incertidumbre sobre posibles miles de millones de dólares de inversión prevista en la región por parte de Estados Unidos y Texas. La revocación de la ley de la ZEDE frustraría sin duda el objetivo de la Administración de abordar las causas de la migración ilegal al socavar el estado de derecho y la inversión privada estadounidense en la región”

Lo cierto es que no hay marcha atrás. Más bien, la presidenta electa frente al reclamo popular también está preocupada por la generalización de la minería de cielo abierto que ha sido prohibida por el Congreso de la Republica y el despojo de los territorios de los pueblos y grupos étnicos por los proyectos extractivos que destruyen el bosque y las fuentes de agua.

[1] Economista, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Es parte de los resúmenes de discusiones sobre enfoques de desarrollo económico local alternativos al neoliberalismo.

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