Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- En Honduras, ni la economía ni la educación ni la salud crecen, pero el endeudamiento sí, sin importar lo que la población tenga que pagar. Esa es una de las conclusiones del estudio que realizó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la región centroamericana para medir la eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos destinados para hacer frente al Covid-19.
Tal afirmación no sería ninguna novedad si no fuera porque Honduras es el segundo país del istmo que más presupuesto ha destinado para hacer frente a la pandemia, con resultados más que deficientes aún con el subregistro que, como reconoce el CNA, existe en los datos regionales.
El presupuesto nacional asignado en 2020 para atender la emergencia sanitaria fue de 3,762 millones de dólares, superado solo por El Salvador, con 4,116 millones. Panamá aprobó 2,099 millones, Guatemala 1,887 millones y Costa Rica 1,390 millones de dólares.
Solo Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), “comenzó manejando más de tres mil millones de lempiras en el marco de la pandemia y vimos el escándalo” por la compra de cafeteras y televisores excesivamente caros, dijo durante la presentación del estudio el investigador del CNA, Odir Fernández.
“Hoy podemos decir que, de los cinco países, Honduras es el más corrupto de la región centroamericana”, en el que hay menos expertos manejando la pandemia y el que menos pruebas realiza porque el fin es maquillar las cifras de contagio, sostuvo.
El estudio no incluye a Nicaragua por la falta de acceso a datos oficiales.
El Salvador tiene a un secretario de Estado que es médico con conocimientos en epidemiología; en Costa Rica, a un epidemiólogo que es “un experto con bastante formación para poder manejar la pandemia y por eso observamos los resultados totalmente diferentes” a los de Honduras.
En Panamá, tienen a un experto con “todos los conocimientos necesarios para poder manejar la pandemia” y en Guatemala “se creó un equipo multidisciplinario” de doctores con conocimientos en epidemiología, dijo el investigador.
Mientras que en Honduras “se puso a personas totalmente inexpertas” para manejar la pandemia, “pero sí eran expertas para manejar fondos públicos” al servicio de la corrupción.
La investigación del CNA remarca la diferencia entre la tasa de letalidad del Covid-19 entre Honduras (2.56%) y Costa Rica (1.3%) al 31 de diciembre de 2020, así como el de las personas recuperadas de 56,936 y 131,923, respectivamente, pese a las diferencias poblacionales, ya que Honduras casi duplica el número de habitantes de ese país.
Aunque Honduras fue el primer país en declarar emergencia sanitaria por la pandemia, el 10 de febrero de 2020, “no se ha contado con un sistema de salud debidamente robustecido” para hacerle frente, debido al letargo de los gobiernos que en las últimas dos décadas “poco o nada” han hecho para alcanzar un mejor nivel en atención, expone el estudio.
Costa Rica hizo la declaratoria de emergencia el 16 de marzo y a partir de ese momento empezó a tomar medidas “para evitar la rápida propagación del virus” y fortalecer los centros de salud “para que se encontraran equipados” cuando los pacientes empezaran a requerir de sus servicios, señala el informe.
Otro de los hallazgos del estudio comparativo del CNA es la diferencia en el precio de los ventiladores mecánicos adquiridos por cada país. En Honduras fue de 31,249 dólares, el segundo más bajo después de Guatemala, que pagó 29,079 dólares por ventilador. En Costa Rica fue de 31,666 dólares, de 34,700 en El Salvador y en Panamá de 38,624.
El problema es que gran parte de los equipos adquiridos para equipar las Unidades de Cuidados Intensivos hondureños “no son aptos para la atención de pacientes” con Covid-19.
Pero no solo se han erogado sumas millonarias de dinero por estos equipos, sino que se ha pagado hasta el 80% por concepto de adelanto, colocando al país en el mayor riesgo posible, cuando en el mercado las condiciones máximas eran hasta por un 60%. Aún así, a la fecha, la totalidad de ese equipo no ha sido entregado a la Secretaría de Salud.
El estudio también consigna que una de las empresas beneficiadas con la compra de ventiladores estaba relacionada con otra sociedad mercantil implicada con el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En cuanto a las mascarillas KN95 adquiridas por Invest-H y Copeco, el precio fue de 4.10 dólares, más caro que en El Salvador (3.04) y que Guatemala (2.82), y más barato que en Panamá (5.35) y Costa Rica (5.78).
Sin embargo, estas mascarillas no cumplían con los estándares mínimos de bioseguridad para uso médico y eran más bien para uso común o industrial. Por lo tanto, no cumplían con los requisitos para brindar seguridad al personal sanitario, al que le dieron una falsa percepción de protección con la entrega de este implemento.
“Por eso vemos la gran cantidad de contagios” de personal médico y de enfermería, entre otros, “que hoy están falleciendo por la irresponsabilidad provocada por parte del Estado”, dijo al respecto Odir Fernández.
En el caso de las mascarillas descartables, el precio que se pagó por ellas “está muy por encima en comparación a las demás regiones”, señala el estudio que “logró identificar ciertos actos de corrupción y aparente sobrevaloración” resultado de “compras irregulares”.
Otra anomalía detectada es que Invest-H aprobó la compra de cada mascarilla a un costo de 22.37 lempiras, mientras la Secretaría de Salud, a través de su fideicomiso, pagó diez lempiras por unidad, lo que generó un perjuicio económico de casi 12.4 millones de lempiras.
En relación con la compra del tratamiento MAIZ (Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc), el CNA detectó que las adquisiciones realizadas por Invest-H y Copeco de Ivermectina “fueron adjudicadas a un grupo reducido de sociedades mercantiles”, determinándose que hubo un “comportamiento irregular” ya que el precio erogado fue mayor al del mercado. De hecho, la Secretaría de Salud adquirió los mismos medicamentos a un costo mucho menor, con un “margen de perjuicio económico” al Estado que equivale al 58% del monto total pagado por Invest-H y Copeco.
Al 22 de junio pasado, Honduras había destinado cincuenta millones de lempiras para la compra de los medicamentos que conforman los tratamientos MAIZ y CATRACHO en la primera etapa de adquisición.
Mientras que en obras públicas la inversión ha sido apenas de 40.1 millones de lempiras que representan el 0.69% del presupuesto destinado a la pandemia ejecutado hasta diciembre pasado.
Dichas obras consisten la construcción de un plantel, apoyo en la instalación de los hospitales móviles, pago de viáticos y tan solo tres otras de mejoras en infraestructura en el Hospital del Tórax, el Gimnasio No.1 de la Villa Olímpica y una sala de atención en Roatán.
En Costa Rica, la construcción de obras públicas ha sido una de las principales áreas en las que se han destinado los fondos dirigidos a atender la emergencia por el Covid-19.
En el tema de rendición de cuentas, el CNA también detectó en el portal de transparencia no se publicaron los procesos completos de las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia. Así mismo, imprecisión sobre las fuentes de financiamiento de los gastos, falta de informes de liquidación presupuestaria y de documentación soporte, entre otros.
Tampoco se han publicado los documentos que sustentan las entregas de alimentos de la Bolsa Solidaria, entre los que faltan las actas de entrega y los listados de la población beneficiaria en el marco del programa Honduras Solidaria.
A pesar de las “impresionantes sumas monetarias” aprobadas para hacer frente a la emergencia sanitaria, los recursos públicos fueron usados en negocios que dejaron enormes ganancias a proveedores con la participación de “servidores públicos que irresponsablemente se dedicaron por meses a transar con los caudales del Estado”, dice el estudio del CNA.
“Resulta desalentador conocer como en medio de tan grave crisis, los gobernantes sean incapaces de sacarle el máximo provecho a los exiguos recursos de los que se dispone y continúen no solo dilapidándolos, sino también dejando a Honduras más endeudada que nunca”, agrega la investigación que es un recordatorio más de la corrupción estructural del país.
