Tegucigalpa. Cuatro redes de jóvenes desnudaron cómo pese a los elevados gastos públicos con motivo de la pandemia de la COVID-19 por parte del Estado, los mismos resultaron en un déficit de insumos, atención e infraestructura sanitaria que dispararon los gastos de bolsillo de los pacientes en hospitales públicos y privados.
En su veeduría social titulada «Impacto económico de la ausencia de infraestructura e insumos hospitalarios», las redes de jóvenes contra la corrupción que residen en el centro, sur, occidente y centro-occidente de Honduras, plantearon que la escasez de equipo e insumos para tratar la COVID-19, disparó sin control los precios de estos en un 500% y evidenció un proceso de privatización de la atención.
De esta forma, mientras el déficit en el acceso a los insumos para el tratamiento de la COVID-19 era la norma en los centros asistenciales del país, los elevados recursos públicos destinados para la «atención» del público durante la pandemia «se perdieron por la corrupción, la cual profundizó la baja calidad de la atención hospitalaria y el riesgo de muerte de pacientes no solo por la COVID-19».
A partir de la investigación cualitativa realizada a través de entrevistas a pacientes y familiares de pacientes que se contagiaron con la COVID-19 en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Choluteca, Valle, Copán y Lempira, las y los jóvenes involucrados concluyeron que «la gratuidad de la atención de los servicios de salud es un fraude».
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Para el caso, los gastos mínimos que los pacientes con COVID-19 debieron asumir en la región centro fueron de por lo menos 6 mil lempiras en hospitales públicos. Mientras, muchos tuvieron que asumir «deudas por más de un millón de lempiras, según la gravedad del caso y la prolongación del tratamiento, sin incluir los gastos por movilización y estadía en el caso de las personas que viven en áreas rurales».
«El gasto de bolsillo de los pacientes en hospitales públicos y privados, implica una violación al derecho a la salud, así como a otros derechos humanos conexos, como el derecho a la alimentación o a la vivienda, en casos en que el gasto haya destruido la economía familiar», cita el comunicado, y «provocaron que los pacientes entraran en situación de pobreza, perdiendo sus principales bienes o ahorros».
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La veeduría ciudadana realizada por las cuatro redes de jóvenes se desarrolló con el apoyo del proyecto HondurACTion, ejecutado por las organizaciones Christian Aid (CA), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y el Centro de Desarrollo Humano (CDH), con el apoyo financiero de la Unión Europea.
