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COVID-19 en Honduras y las muertes escondidas entre la corrupción e inoperancia 

muertes COVID-19

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 Esta investigación sobre el subregistro de muertes por COVID-19 es un trabajo colaborativo entre El Diario de Hoy de El Salvador, elPeriódico de Guatemala y Criterio.hn de Honduras.

Por: Saraí Alvarado

Edición: Emy Padilla

Visualización de datos: Guillermo Burgos

Fotografías: Fernando Destephen  

Tegucigalpa. –Sobeydi Rodríguez enterró a su padre en julio del año pasado, pero a once meses de su deceso nadie le confirmó las causas de su muerte. Ella y su familia creen que su deceso fue por COVID-19, pero desgraciadamente el caso de su padre es uno entre tantos que no están contabilizados por el Gobierno a consecuencia de la pandemia.

“Nunca dieron los resultados de la prueba por COVID, solo dieron el acta de defunción del Hospital Cardiopulmonar en donde escribieron como causa de muerte insuficiencia respiratoria tipo uno aguda, neumonía atípica y probable COVID”, narró a Crietrio.hn Sobeydi.

El padre de la joven maestra murió el 2 de julio del 2020 en el hospital de referencia de enfermedades cardiopulmonares de Honduras, ubicado en la capital, Tegucigalpa. Don Francisco Rodríguez comenzó a sentirse agotado y con dificultad para respirar, no padecía de ninguna enfermedad o comorbilidad asociada a las fiebres que presentó, según sus familiares quienes no volvieron a verlo con vida dos meses después de haberlo internado.   

Sobeydi lamenta que la defunción de su padre haya sido inscrita tres meses después de la muerte debido a la demora del hospital en establecer las causas del deceso, aunque éstas no sean de su convencimiento porque los síntomas que presentaba eran de coronavirus y a eso se suma también los tediosos trámites en momentos de pandemia, dijo. (Acta de defunción de Francisco Rodríguez).

El caso del papá de Sobeydi probablemente es uno más de los números ocultos del Gobierno hondureño en el registro de las muertes por la COVID-19 debido a diversos factores, que van desde falencias en el sistema sanitario en el área clínica y forense, hasta la burocracia en los registros civiles.

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A trece meses de la pandemia, en Honduras los datos oficiales de muertes por COVID-19 hasta el 6 de mayo eran de 5,439, pero a esta cifra tendría que sumarse 7,000 de las actas de defunción que recibieron 60 funerarias, de las 400 que hay en el país.

Según la Asociación Nacional de la Industria de las Funerarias de Honduras, el año pasado se registraron 7,620 entierros de víctimas de coronavirus. En enero de 2021, 1,203; en febrero 1,056; en marzo 1,102 y en abril 1,452. En cinco días de mayo se realizaron 220 entierros de fallecidos por COVID-19 o sospecha del virus, llegando a un total de 12, 653 muertes desde que inició la emergencia sanitaria. 

Mientras tanto, hasta la segunda semana de abril de 2021 la cifra del Gobierno en relación con los fallecimientos por COVID-19 fue de 4,900 casos, frente a los 11, 441 que contabilizaban las funerarias al 12 de abril, periodo en que se realizó esta investigación.

“Las cifras son alarmantes”, dijo a Criterio.hn, Jesús Morán, secretario general de la Asociación de Funerarias, quien lamentó que en menos de cinco meses del 2021 las muertes asciendan a 5,033, mientras el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) cuenta la misma cantidad, pero en un año. 

Morán refirió que las autoridades de Gobierno continúan colocando en sus estadísticas oficiales, sólo las muertes de personas a quienes les realizaron una prueba PCR de COVID-19 en tiempo real, misma que emite el Laboratorio Nacional de Virología, con desfase en resultados y limitaciones por el poco alcance de su personal a nivel de todo el país.

“Nosotros como industria de funerarias nos basamos en los dictámenes médicos que emiten los hospitales, centros de salud, triajes, médicos comunitarios, clínicas privadas, enfermeras comunitarias, en donde establecen muertes por diagnósticos de neumonía atípica, insuficiencia respiratoria, sospecha por COVID-19 entre otras patologías asociadas, pero el Gobierno solamente contabiliza a quienes les aplicaron una prueba PCR y la mora de esos resultados es altísima de más de 6,000 pruebas, por eso los datos no van a cuadrar”, dijo Morán.

Las cifras tampoco cuadran con relación a los contagios, ya que hasta el 5 de mayo el Sinager informó que 216,964 personas se habían contagiado de coronavirus en Honduras desde que se registró el primer caso (10 de marzo de 2020), pero los directivos de las funerarias aseguran que los contagios reales también son mayores y superan el millón de personas, si se analizan los decesos que en la actualidad son 40 diarios.

La mayoría de las muertes registradas en Honduras, según actas de defunción de las funerarias, corresponden a los centros urbanos, principalmente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Olancho, Yoro, Santa Bárbara, Copán, El Paraíso, Colón, La Paz y Choluteca. Siendo también el dato de la mortalidad otro aspecto importante, sobrepasando el 27 % en Cortés y el 25 % en Francisco Morazán (Ver gráficas 1, 2 y 3 realizadas por asociación funerarias).

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Desde agosto de 2020, la pandemia comenzó a migrar hacia las zonas rurales donde las personas fallecen por la COVID-19, pero no los diagnostican. En estas zonas los servicios fúnebres son brindados por los carpinteros locales, que fabrican los ataúdes, pero no diagnostican ni reportan las muertes, dice Jesús Morán, secretario general de la Asociación Nacional de la Industria de las Funerarias de Honduras.

DESORDEN Y DISPERSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS 

Honduras inició la emergencia sanitaria por SARS- COV2 o COVID-19 con el caso de una hondureña de 42 años, en estado de embarazo, quien regresó de España el 4 de marzo de 2020 y otra hondureña de 32 años que regresaba de Suiza el 5 de marzo del mismo año.

La información se dio a conocer el 10 de marzo mediante un comunicado de prensa de la Secretaría de Salud. Tres días después, el presidente Juan Hernández anunció tres casos más de contagio.

Desde ese entonces, se activó el Sistema Nacional de Gestión Riesgos (Sinager), presidido por el mandatario y que agrupa a funcionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Secretaría de Salud (Sesal), Secretaría de Finanzas, Asociación de Municipios de Honduras (alcaldías), entre otros organismos estatales.

El Sinager centraliza toda la información relacionada a los datos y estadísticas de la pandemia, de hecho, es el único ente autorizado para difundir la información en torno a las muertes por la COVID-19 o casos sospechosos.

Durante casi un año, la información se conoció por cadena nacional de radio y televisión o comunicados de Sinager, sin dar mayores detalles, sólo reportando aumento de contagios, altas médicas y muertos. Cualquier otra información manejada por empleados de salud, entre estos, médicos, enfermeras e incluso forenses, debía ser considerada a título personal o sin fundamento.

Evidencia de lo centralizada que está la información es que cuando se solicitó por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública datos estadísticos a la Dirección de Medicina Forense con  relación a cuántas autopsias o levantamientos cadavéricos ha realizado el Ministerio Público (MP) confirmados o no por COVID-19, desde marzo 2020 hasta el 15 de marzo de 2021, la respuesta fue una recomendación de avocarse al Sinager.(Ver aquí la respuesta del director de Medicina Forense).

Asimismo, se solicitó a la Copeco, estadísticas con relación a las muertes domiciliarias por COVID-19 por ser la institución que inicialmente se adjudicó dicha gestión, sin embargo, la respuesta fue que estos datos deben solicitarse a la Secretaría de Salud.

La solicitud se trasladó a la Sesal, pero esta institución pidió una prórroga de diez días que establece la ley. Paradójicamente una vez transcurrido este tiempo la Secretaría de Salud nos instó a que acudiéramos a la Copeco.(Ver Aquí la Respuesta de la Secretaría de Salud).

Anteriormente, se había solicitado otra información a la Sesal sobre estadísticas oficiales de COVID-19. Esta información fue respondida, pero es la misma que está publicada en el sitio web https://covid19honduras.org/,no así lo relacionado a las muertes domiciliarias registradas desde que comenzó la pandemia.

 

DIAGNÓSTICOS EN REGISTROS HOSPITALARIOS 

La población de Honduras, según proyección de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es de 9,450,711; de esta cifra 4,599,323 son hombres y 4,851,388 son mujeres (Proyección de población INE 2021). 

La jefa de Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, informó que a un año de la pandemia habían muerto 2, 614 hombres y 1,661 mujeres, de un total de 4,275 fallecimientos por COVID-19. Cifras hasta marzo de 2021.

Según el Registro Nacional de las Personas (RNP) las defunciones inscritas en 2020 fueron 28,193 y las inscritas hasta el 12 de abril de 2021 fueron 13,390.   

Al revisar las causas de muerte inscritas en el RNP, la mayoría son por neumonías, insuficiencias respiratorias, síndrome distrés respiratorio, insuficiencia cardíaca, neumonías atípicas, COVID-19, sospecha de COVID-19, cardiopatía isquémica, infarto agudo al miocardio, fibrosis pulmonar, choque séptico, hipertensión arterial, diabetes mellitus infarto agudo, entre otras relacionadas a enfermedades crónicas asociadas (comorbilidades) que se complican ante la COVID-19. (Ver aquí defunciones inscritas en el RNP).

Actas de defuncion versión final

Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, “es probable que sea por el llenado de las hojas de defunción”, que las cifras reales de muertos por COVID-19 no cuadran con la realidad ni con las presentadas por el Gobierno. 

Figueroa, quien es especialista en medicina interna y neumología, señaló además otra arista en relación con el llenado de las actas de defunción, en el sentido de que “los jefes han ordenado que se escriba como causa de muerte, insuficiencia respiratoria aguda, cuando esa no es una causa de muerte”.

Lo que se está haciendo, según Figueroa, es registrar la causa inmediata, como la causa de muerte, probablemente con el objeto de disminuir el impacto de las muertes por la COVID-19.    

Muertes COVID-19
En ente cementerio, ubicado a 14 kilómetros de la capital, han sido enterradas algunas de las víctimas de la COVID-19 procedentes de Tegucigalpa.

DEFUNCIONES IGNORADAS EN DATOS OFICIALES

Contrario a El Salvador y Guatemala, cuando un hondureño muere sus familiares no acuden inmediatamente a tramitar las actas de defunción por lo que las causas de las muertes no son claras. Pueden pasar no sólo semanas y meses, sino años sin que los parientes inscriban las defunciones ante el RNP, lo que imposibilita obtener estadísticas ordenadas e inmediatas para hacer comparaciones de decesos en el marco de la pandemia.

Mi papá murió el 2 de julio de 2020, pero su defunción fue registrada en octubre, confirmó Sobeydi Rodríguez, quien comentó que una de las causas de la demora fue en la entrega del dictamen y en conocer exactamente el resultado de la prueba de COVID-19 practicada en el hospital, la que a esta fecha siguen ignorando sumado al dictamen clínico del deceso llenado con información errónea, “incluso aseguraban que mi papá no sabía leer ni escribir, cuando él era comerciante y hábil en matemáticas”.

Así como este caso, hay muchos más, y si a eso se suma que hay otros registros de defunción que ni especifican la división municipal en donde ocurrieron los fallecimientos registrados, aumenta el desorden estadístico y también permite “nutrir” ese subregistro de muertes en Honduras.

Las defunciones inscritas en el RNP en 2020 fueron 28,193 y hasta el 12 de abril de 2021 se registraban 13,390 (Ver defunciones inscritas RNP entre enero 2020 a marzo de 2021). En las mismas puede observarse las enfermedades que se establecieron en las actas de defunción por muerte natural e incluso en muchas ni siquiera se escribió información relacionada a la causa, pero sí pone de relieve que las muertes siguen en ascenso.  

Algunas actas de defunción a las que tuvimos acceso y que proceden de recuentos de médicos en hospitales y domicilios desde marzo 2020 hasta marzo de 2021 , establecen diversas causas y términos como: falla múltiple de órganos, neumonía grave, sospecha COVID-19, infección respiratoria, probable COVID-19, insuficiencia respiratoria aguda, sospecha SARS-COV2, sospecha por infección SARS- Cov2,  neumonía grave antígeno, enfermedad renal, diabetes mellitus tipo dos y presión arterial crónica, neumonía atípica,, insuficiencia respiratoria tipo uno, neumonía viral, diabetes mellitus tipo dos, neumonía, nefropatía crónica, neumonía hospitalaria, neumonía intersticial y neumonía bilateral.

En otros casos, en las actas de defunción, sólo aparecen escritos los datos generales de la persona a sepultarse, lugar de traslados y del levantamiento domiciliario por parte de los grupos de respuesta del Sinager, por lo que las funerarias no confirman estos casos como COVID-19, sino como sospecha.

Para mantener los protocolos de bioseguridad y lograr un mejor orden y control en los servicios fúnebres, incluyendo los datos de los fallecimientos, las funerarias solicitaron trabajar desde el 2020 con el Grupo Forense de Respuesta Rápida de Sinager, pero la solicitud no ha sido atendida.

En Honduras 400 empresas prestan servicios fúnebres, 80 de ellas están asociadas, pero sólo 60 manejan información ordenada de entierros por COVID-19, los 320 restantes dan el servicio directamente a las familias de las víctimas, dice el presidente de la Asociación de Funerarias, Edwin Lanza, quien refiere que esta situación fomenta el mal manejo de las cifras con relación a la pandemia.

Las otras funerarias que no están asociadas trabajan directamente con las alcaldías y hasta con empleados de los hospitales, quienes les avisan cuando se registran los fallecimientos para que procedan inmediatamente a los entierros, de manera que el acceso a esa información se complica aún más si se quiere tener un registro estadístico, agrega Lanza. 

muertes COVID-19
Empleados del gobierno, pertenecientes al Sinager, se encargan de abrir las fosas para tenerlas listas y dar alguna respuesta a la demanda de entierros desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

En junio de 2020 el Sinager creó el Grupo Forense de Respuesta Rápida para verificar los fallecimientos domiciliarios, tras varias semanas en las que se registró un aumento de llamadas al 911 solicitando auxilio de personas en sus casas e inclusive en redes sociales que mostraban, mediante vídeos, cómo las personas perdían el conocimiento en unidades de transporte, en camino hacia hospitales y otros lugares públicos.

En la base de datos sobre las causas de muerte establecidas por la Dirección de Medicina Forense, en el enunciado de muertes naturales, se comenzó a registrar a partir del 8 de abril de 2020, a un mes de oficializada la emergencia sanitaria, el término de sospecha o COVID-19.

El primer caso registrado fue el de un hombre de entre 55 y 59 años, quien había sido llevado al Hospital Escuela de Tegucigalpa. A este le siguieron decenas de casos más en menos de seis meses registrados como COVID-19, sospecha de COVID-19, neumonías atípicas, insuficiencia respiratoria, renal, pulmonar y demás patologías relacionadas y que se complican debido a la presencia del coronavirus. (Ver base de datos de Medicina Forense sobre muertes naturales 2020- 2021)

Pese a los subregistros que son más que evidentes, para la coordinadora de Emergencia y Desastres de la Unidad de Vigilancia y del Grupo de Forenses de la Secretaría de Salud, Ángela Salgado, los datos oficiales sobre decesos por COVID-19 están al día y bien estructurados y son publicados mediante un boletín que establece a diario cuántos pacientes están positivos, negativos y fallecidos.

Con relación a los datos manejados por las funerarias argumentó que éstas deben confirmar cada caso ante la Secretaría de Salud, aunque admitió que ha existido problemas para validar los resultados de las pruebas por la falta de equipo y laboratorios que procesan la demanda. Pero, “ahora tenemos cuatro laboratorios, no uno como al principio, por eso costaba tener los resultados, ahora hacemos también pruebas de antígeno, pero como país sólo tomamos muestra PCR al cadáver”.

Se le pidió cuadros estadísticos, pero respondió que esa petición debía hacerse por medio de la Unidad de Transparencia dirigida a la Secretaría de Salud, acción que ya se había hecho anteriormente, sin lograr respuesta.

SUBREGISTRO DE MUERTES DOMICILIARIAS 

Por su parte, el médico forense Lempira Escobar, coordinador del equipo de Respuesta Rápida para la zona norte, que aglutina a las comunidades del Valle de Sula, aseguró que el número de muertes domiciliarias ha bajado con relación a los meses anteriores. No obstante, aclaró que no sólo se encargan de este particular, sino que también aplican un protocolo de entierro a las personas que fallecen en los hospitales.

En el departamento de Cortés ha aumentado las muertes en un 15 %, pero las muertes en los domicilios oscilan en 69 casos desde junio de 2020, de estos, 19 pertenecen a la Región Metropolitana de San Pedro Sula y 50 a la Región Departamental de Cortés, 66 varones y tres mujeres. 

“La mayor parte de las muertes ocurre en los hospitales, no en las casas, y los que mueren ahí es porque no acudieron rápidamente o no encontraron cupo en los hospitales”, señaló.

Al momento de hacer el trabajo en domicilios, preguntan a los familiares sobre las patologías, el cuadro epidemiológico, los síntomas y toman una muestra de sangre al cuerpo para una prueba rápida de COVID-19. El resultado se tiene de inmediato para llenar el acta de defunción en la que suele escribirse sospechoso por COVID-19.

Consultado sobre el subregistro, Escobar afirmó que “se da porque el familiar se queda      callado, no notifican a ninguna autoridad, sobre todo tenemos esos casos en Villanueva donde han muerto al menos 60 personas que no fue notificado en ningún momento su deceso”.

Al revisar el enunciado “Manera de Muerte Natural”, de la Dirección de Medicina Forense, se logra encontrar al menos 882 casos, siendo las principales causas de muerte la neumonía, insuficiencia respiratoria, choque séptico, paro cardiopulmonar, falla ventiladora, insuficiencia cardiaca crónica, síndrome distrés respiratorio, neumonía, falla multiorgánica, COVID-19 o sospecha de coronavirus y sin consignar. (Base de datos de Medicina Forense por muerte natural). 

Pero cuando se preguntó a Medicina Forense, mediante la Ley de Transparencia, cuántos levantamientos por sospecha de COVID-19 se realizaron a un año de la pandemia, la respuesta fue que solo “24 levantamientos en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán” y sobre las muertes por COVID-19, autopsias y levantamientos a “privados de libertad, registraron cinco”.     

Muertes COVI-19
Estos empleados del gobierno se aprestan a enterrar a una víctima de la COVID-19, observando ciertas medidas de bioseguridad.

 

DESINTERÉS EN DDHH Y CIENCIA 

La pandemia del COVID-19 ha impactado a nivel mundial en los derechos humanos, especialmente en el derecho a la salud, la vida, integridad física, psicológica, sin embargo, esta situación ha sido más agobiante en Honduras donde la corrupción ha acelerado la cifra de muertos como consecuencia de la falta de hospitales por fraude, violaciones a los deberes de los funcionarios, despilfarro y robo descarado de miles de millones de lempiras destinados para la emergencia sanitaria. (Ver Informes CNA de La corrupción en tiempos de pandemia en Honduras).

La pandemia, también ha impactado en los derechos económicos y sociales, pero además ha dejado en evidencia a un Estado incapaz de impulsar el avance científico en el área de la medicina forense que permita el manejo clínico de los cuerpos para determinar las verdaderas causas de los decesos.

Mientras en Honduras se continúa promoviendo el subregistro y se esconden las cifras sobre las muertes por la COVID, en Estados Unidos y otros países se preparan para la investigación. ¿Por qué en Honduras omiten estas autopsias si representan riesgos para la salud pública y debemos conocer científicamente, qué pasó?, es la pregunta que a lo largo de la pandemia ha venido haciendo a las autoridades del MP, la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva. 

“Las investigaciones de las muertes por COVID-19 en Honduras y su subregistro representan un argumento más que demuestra la complicidad de una verdad oculta por parte  del Gobierno que  utiliza la confabulación de  los entes institucionales que deberían  encargarse  de asegurar que la  salud pública sea un derecho y más bien representen la omisión  en la atención de los casos, ya que sólo a través de una autopsia  médico legal  la Fiscalía de Derechos Humanos podría documentar científicamente  las causas de muerte  y sí, en  estas muertes, el Estado ha sido negligente”, expuso la patóloga. 

Prueba de ese desinterés, del que hace alusión Villanueva, es que cuando se consultó por medio de la Ley de Transparencia, a la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, sobre la cantidad de muertes que esa institución estatal ha investigado desde marzo de 2020 al 15 de marzo de 2021, la respuesta fue que dentro de la esfera de las atribuciones de esa fiscalía no se encuentran las investigaciones por muertes naturales. (Ver aquí la respuesta de la Fiscalía de Derechos Humanos con relación a muertes por COVID-19).

 

Lea en el siguiente bloque el especial de El Diario de Hoy de El Salvador

Joel murió por coronavirus a las puertas de un hospital en El Salvador. Más que una recopilación de datos, esta investigación revela el impacto que la gestión estatal de la pandemia ha tenido en las familias más vulnerables del Triángulo Norte en Centroamérica; donde incluso la considerada clase media, la que puede tener algunos ahorros, vio cómo estos no sirvieron para despedir dignamente a sus muertos, conseguir oxígeno o la atención hospitalaria necesaria. La pandemia provocó miles de muertos y ha dejado al descubierto la burocracia que en Guatemala dificulta registrar y difundir el número de fallecidos con prontitud; el desorden que impera en Honduras a este respecto y la opacidad en los datos oficiales del COVID-19 en El Salvador. Ante esto, tres periodistas del Triángulo Norte investigaron de manera conjunta la existencia de un subregistro en el número de muertes atribuidas al COVID-19 en el Triángulo Norte. Desde enero de 2021, se inició la recopilación de datos, con visitas a las municipalidades o solicitudes de acceso a la información, así como visitas a los cementerios y entrevistas con familias afectadas. (Lea el especial al ingresar al enlace).

Lea en el siguiente bloque el especial de elPeriódico de Guatemala

La pandemia llegó a Centroamérica en marzo de 2020 y, además de provocar miles de muertes, ha dejado al descubierto la burocracia que en Guatemala dificulta registrar y difundir el número de fallecidos con prontitud, el desorden que impera en Honduras para identificar a los muertos por la COVID-19 y la voluntad del Gobierno de El Salvador de ocultar e incluso manipular información. (Lea el especial al ingresar al enlace).

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina.

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