Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – En el marco de los 13 años después del devastador golpe de Estado del 28 de junio de 2009, resurgió con fuerza el rechazo generalizado por las graves violaciones a los derechos humanos desencadenadas desde ese rompimiento del orden constitucional en Honduras.
Hace más de una década sigue prevaleciendo la necesidad de justicia de las familias de quienes fueron asesinados por estar en contra del golpe de Estado y el pueblo hondureño que sufre las consecuencias de esa ruptura en la historia de Honduras.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) resaltó que deben adoptarse medidas urgentes y prioritarias para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y evitar la repetición de esos dañinos acontecimientos.
El 26 de junio de 2022, en un acto público en memoria de Isy Obed Murillo y demás víctimas del golpe de Estado, el expresidente y actual asesor presidencial de su esposa, la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, José Manuel Zelaya Rosales, anunció el Decreto Ejecutivo PCM 2022, el cual una vez publicado en Diario Oficial La Gaceta, dará vida al Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña, donde prometen: becas, pensiones, trabajo, vivienda, salud, atención psicológica, facilitación de acceso a la justicia a todos los descendientes de los mártires de la Resistencia.
Las medidas de reparación integral contempladas en el marco del respeto a los derechos humanos implican el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación a la Constitución produjo, así como una indemnización por los daños causados.
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La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano cuestionó el desentendimiento del sistema de justicia de Honduras, pues “la ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas de los hechos ocurridos durante y posterior al 28 de junio de 2009, ha dejado impunes a la mayoría de los responsables”.
A esta situación se suma el perpetuado sufrimiento de las familias de las víctimas, quienes permanecen desamparados y sin protección ni reparación judicial adecuada.
De por sí, la impunidad en Honduras ha llegado a niveles exorbitantes, pero resulta todavía más grave cuando a esta se suma la impunidad acumulada de las violaciones de derechos humanos ocurrida en la década de 1980 así como las ocurridas en la crisis poselectoral de 2017.
📢COMUNICADO | #OACNUDH llama a garantizar el derecho a la justicia y no repetición para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2009.
👉Comunicado completo aquí: https://t.co/f6oOW77U22 pic.twitter.com/8zDQsqjFSA
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) June 29, 2022
Como otras organizaciones, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y las comisiones de la verdad, donde se detallaron las múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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MEDIDAS DE REPARACIÓN Y PROGRAMA SOCIAL
En el acto conmemorativo del domingo 26 de junio, el gobierno prometió que la Secretaría de Derechos Humanos brindará apoyo a los descendientes y ascendientes directos de las víctimas de asesinato registrados en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los organismos de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado de 2009.
El programa social asegurará la educación y sobrevivencia en condiciones de dignidad y seguridad. Para lograrlo, se elaborará un registro oficial de beneficiarios que reúnan las condiciones y luego se les entregará un certificado de acreditación para entrar en ese programa social.
Isy Obed Murillo vive en la victoria del pueblo y en la refundación de la Patria. 🇭🇳 #AsíconstruimosLaVictoria pic.twitter.com/yAbgFm5xNK
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) June 26, 2022
Al respecto de la deuda de justicia, la ACNUDH subrayó que el país arrastra con los efectos perjuiciosos de la impunidad debido a las graves violaciones de derechos humanos, generando falta de credibilidad del sistema de justicia y demás instituciones del Estado en la población.
De ahí nace la presión por la rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, como un pilar para el fortalecimiento del Estado de derecho.
Sin embargo, es toral que ese proceso se complemente con mecanismos de verdad y reparación, tomando como eje la centralidad de los derechos de todas las víctimas, agregó la Oficina.
En conclusión, exhortaron a agrandar los esfuerzos destinados a la adopción de medidas de resarcimiento, como ser el establecimiento de un Programa Nacional de Reparaciones para víctimas de violaciones de derechos humanos; así como de medidas de no repetición que conlleven reformas al marco normativo e institucional en el sector de seguridad y justicia.
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Otra de las menciones recae en el fortalecimiento y la independencia del Poder Judicial, cuya oportunidad está presente en el próximo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al cual ofrecieron su apoyo técnico para las instituciones del Estado y lograr el éxito esperado.
El gobierno mencionó la aplicación de los artículos 59, 60, 61 y 245 de la Constitución de la República de Honduras y el artículo 1 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el decreto legislativo 04-2022 para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan en condena al golpe de Estado de 2009, la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia aprobado a inicios de febrero por el Legislativo y otros relacionados.
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La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) será la coordinadora del proyecto en beneficios de los familiares de los mártires y la Secretaría de Finanzas (Sefin) fue instruida para provisionar los recursos necesarios para desarrollarlo.
“No miren este acto como vanidad política, aquí hay sangre derramada, aquí hay dolor y hay lágrimas, hay gente que todavía hoy sigue sufriendo en diferentes partes de Honduras y del mundo la barbarie a la que ha sido sometida este país durante siglos y el golpe de Estado vino a agravar la situación en Honduras”, expresó el expresidente Zelaya en su discurso del pasado domingo.
