Tegucigalpa. El fiscal anticorrupción del Ministerio Público instó al nuevo Congreso Nacional derogar las leyes que aprobaron los diputados de los conservadores Partido Nacional y Partido Liberal, durante 12 años de gobierno, que impiden combatir la corrupción y aumentan la impunidad.
En Octubre de 2019, bajo Decreto Legislativo 116-2019 fue publicado en La Gaceta la Ley Especial del Fondo Departamental que blinda a diputados, funcionarios, alcaldías, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y organizaciones privadas de ser acusadas penalmente por el mal manejo de los recursos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emita un informe, en un plazo de tres años, que confirme el delito.
Además, se puso en marcha la inmunidad parlamentaria al reformar el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional esto impide que un congresista de Honduras pueda ser judicializado penal, civil o administrativamente por su función en el hemiciclo legislativo.
En mayo de 2020, los congresistas aprobaron el Decreto Legislativo 57-2020 en el que se contempló la interpretación a tres artículos del Código Procesal Penal (217,219 y 220) referente a las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito.
Este decreto limitó aún más las acciones de la fiscalía de Honduras que ahora para ejecutar un decomiso o secuestro de documentos debe ser autorizado mediante orden de un juez, hecho que podría darle oportunidad a los implicados en ocultar, eliminar o modificar los documentos.
En noviembre de 2021, aprovechando un feriado nacional y un partido de futbol que llamó la atención de la población, los congresistas del Partido Nacional y Liberal se confabularon para aprobar el Decreto Legislativo 93-2021 para reformar varios artículos del reciente Código Penal concerniente a la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas, catalogadas como la estocada final a la lucha contra la corrupción.
Según un análisis del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dichas reformas constituyen una vulneración a las garantías judiciales, el acceso de las comunidades originarias y étnicas a sus tierras ancestrales, el detrimento al ejercicio del espacio cívico y el derecho a la libertad de expresión, por ende, dichas reformas atienden el beneficio de los proyectos extractivistas y económicos que se pretenden instalar dentro del territorio nacional.
Con el voto de 71 diputados, se reformó el artículo 437 del Código Penal que representa una limitación en el actuar de la fiscalía, impedimento llevar a la justicia a personas cuyos bienes de origen sospechoso, no puedan comprobar su legalidad en la adquisición.
Además, se criminalizó la protesta social y se incluyó dentro de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción demostrando la persecución, amenazas y coacciones a organizaciones que se enfrentan contra la corrupción.
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Con lo anterior y a pocos días que asuma el poder el nuevo Congreso Nacional, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción del Ministerio Público (UFERCO), Luis Javier Santos, instó a los diputados derogar las leyes lesivas contra la lucha anticorrupción y que promueve la impunidad.
“Combatir la corrupción, no es tarea fácil y hacerlo en contra de los obstáculos legales impuestos por el sistema, es casi imposible. Por eso, lo mínimo que puede hacer el nuevo Congreso Nacional, como muestra de querer combatir la corrupción, es derogar los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021”, demandó.
La exigencia del fiscal anticorrupción surge luego que la justicia hondureña dictara libertad definitiva al comisionado de policía en situación de retiro, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, quien utilizó a su favor las reformas a la Ley de Lavado de Activos.
A Maradiaga Rodríguez se le acusó que, durante el 2007 a 2014, aumentó su patrimonio realizando movimientos financieros irregulares por un monto mayor a los siete millones de lempiras siendo acusado por el delito de Lavado de Activos.
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POTENCIAL PRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO SE COMPROMETE A DEROGAR LEYES NOCIVAS
El diputado electo por el departamento de Cortés, del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, ha sido el ungido para ser nombrado presidente del Congreso Nacional para el periodo 2022-2026 con el respaldo del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
Luego que la presidenta electa Xiomara Castro anunciara su respaldo a Redondo para elegirlo en el cargo, este anunció que su compromiso será promover la derogación de las leyes nocivas y perjudiciales a los intereses de la nación.
Bajo el denominado Compromiso Legislativo Bicentenario, se compromete a desmontar las leyes que promueven la corrupción y montar una comisión internacional anticorrupción como la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que presentó 13 casos de corrupción y sindicó a más de 130 funcionarios incluidos una exprimera dama.
Santos alaba la acción de instaurar una nueva misión anticorrupción y asegura que con el nuevo gobierno resurge la esperanza de una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad.
