Tegucigalpa.- Especialistas en tema de seguridad afirman que el nuevo gobierno que preside Xiomara Castro debe iniciar un plan de desmilitarización de la sociedad y extinguir las fuerzas de seguridad híbridas que creó el exgobernante Juan Orlando Hernández durante sus doce años en el poder de la nación.
Durante los gobiernos del conservador Partido Nacional al mando de JOH, como popularmente se le conoce al exmandatario, se implementó un régimen de militarización de la población creando fuerzas de seguridad estatal híbridas conformadas por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Según un estudio del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), desde 2014, Hernández instauró un total de 19 unidades y direcciones de fuerzas de seguridad conformadas por policías y militares.
Es importante señalar que la presidenta de Honduras, se comprometió en su plan de gobierno 2022-2026, en el punto 4.4, derogar la Ley de Defensa y Seguridad Nacional que le otorgó a JOH tener el control absoluto de los entes de seguridad; también se comprometió a declarar la temporalidad de las funciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y desmilitarizar la sociedad.
Para el experto en temas de seguridad, Carlos Sierra, en entrevista a Criterio.hn, catalogó como fallido el plan de militarización de la sociedad, en especial, porque este respondía a intereses de JOH con pocos o nulos resultados a favor de la sociedad.
“Definitivamente no dio resultado. Hay que analizar también cuál era el objetivo de colocar al frente de instituciones estratégicas y temas estratégicos a una gran cantidad de militares en el país. ¿Cuál era el propósito, resolver la problemática como la crisis de seguridad, narcotráfico o era para mantener el control del presidente?”.
Sierra reiteró que no ha sido positivo la instauración de las diversas fuerzas de seguridad que conllevó al país a un excesivo gasto presupuestario y la efectividad de su gestión no fue adecuada.
Si bien considera que se debe extinguir todas estas estructuras, indica que se debe realizar en un proceso gradual fortaleciendo las instituciones que serán asignadas o que tienen la tarea en lo concerniente a temas de seguridad y prevención de la violencia.
“Pensar que de un momento a otro va a desaparecer es difícil, pero sí debe ser un proceso acelerado y fortalecer la instituciones”, concluyó.
Misma valoración tiene el general en retiro de las Fuerzas Armadas, Luis Maldonado Galeas, quien ve factible que los miembros de la institución castrense se retiren gradualmente de asignaciones contrarias a las estipuladas en la Constitución de la República.
“Se ha recurrido debido a la situación de riesgos de seguridad al uso de las Fuerzas Armadas, pero es factible que se retiren progresivamente, debidamente ordenado, obedeciendo una orden y disposición de la presidenta Xiomara Castro”, declaró.
Castro, en el traspaso de mando de la Policía Nacional anunció que se presentará ante el Consejo de Ministros un plan para transformar la Policía Nacional y dar inicio a la desmilitarización, en especial, en los centros penales.
El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) expone el proceso de militarización en Honduras a los largo de la historia arraigándose aún más posterior al golpe de Estado de 2009, al igual un informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH) devela los abusos a los derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas.
Noticia destacada Derogación de Ley de Secretos podría develar redes de corrupción que saquearon el Estado
MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL GOBIERNO DE JOH
Como una estrategia de gobierno, Hernández, desde que asumió el poder siendo presidente del Congreso Nacional en el periodo 2010-2014, comenzó a crear fuerzas de seguridad que inclusive suplantaron funciones de otros organismos con la supuesta finalidad de detener el crimen organizado, reducir los índices de violencia y asesinatos.
Mediante el Decreto Legislativo 103-2013 se erigió la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta de Seguridad (TIGRES). Bajo esta misma normativa, dio paso a la política de seguridad que estableció JOH quien enfrenta un proceso de extradición hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Ese mismo año, mediante Decreto Legislativo 168-2013 se creó la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas (PMOP) financiadas con fondos de la Tasa de Seguridad y que permitió, en sus inicios, que cinco mil militares ejercieran acciones de competencia de la Policía Nacional siendo la principal flota armada que Hernández utilizó para su proyecto reeleccionista en 2017.
En febrero de 2014, el gobierno instauró la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), ente conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, fiscales del Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNII), regidos bajo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Según sus autoridades, desde su creación, lograron evitar que 70 mil personas fueran asesinadas arguyendo que redujeron la tasa de homicidios, detener más de 7,500 personas vinculadas con el tráfico de drogas y destruir alrededor de 68 mil plantaciones de marihuana y 500 de cocaína.
Posteriormente, en marzo de 2014, bajo el Decreto Legislativo 379-2013 se creó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) adscrita al Ministerio Público, sin embargo, la actual subsecretaria de seguridad, la doctora Julissa Villanueva, denunció que el ente investigativo fue parte de encubrir crímenes como el asesinato de la agente Sherril Yubissa Hernández, en 2018, en el municipio de Santa Rosa, departamento de Copán.
Un año después, bajo el Decreto Ejecutivo PCM 63-2015, Hernández extinguió la cuestionada Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la reemplazó por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ente que ha sido señalado de orquestar asesinatos y desapariciones como la desaparición de los líderes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, departamento de Atlántida.
Sin tener resultados que redujeran los índices de violencia y extorción, pese a tener un rosario de fuerzas de seguridad híbridas, una vez consumada la ilegal reelección de JOH en las elecciones de 2017, se creó la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas bajo el control de las Fuerzas Armadas pese que ya se había creado la Fuerza Nacional Antiextorsión en 2013.
En su informe de 2016 presentado el 22 de marzo de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al gobierno de Juan Orlando Hernandez a que proceda a la desmilitarización de la sociedad.
En marzo de 2019 La Organización de las Naciones Unidas demandó al Estado de Honduras diseñar e implementar un plan de seguridad que permitiera un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público.
La funcionaria de las Naciones Unidas, María Soledad Pazo, manifestó que no se podía continuar con una policía militar que no estaba entrenada para hacer tareas de policía civil porque los riesgos de violaciones de derechos humanos eran muy altos.
Mediante Decreto Ejecutivo PCM 59-2019, JOH instauró la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), conformada por militares, con la justificación de reducir las ejecuciones dentro de las prisiones en Honduras, sin embargo, las masacres, incluso en las supuestas cárceles de máxima seguridad, continuaron.
También, se creó la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano (FNSTU) que cuenta con más de 500 agentes en las principales ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Choluteca. Su finalidad era reducir los asaltos y extorsión en unidades de transporte, no obstante, el flagelo continúa en auge.
