Tegucigalpa, Honduras.- Sectores de la sociedad civil han instado al Gobierno a que se limite a apoyar a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) de forma logística y administrativa, esto a raíz de la intención que se ha externado por parte de la administración de Xiomara Castro, de aportar financiamiento al mecanismo y de, además, nombrar a los funcionarios que la integrarán.
El 3 de diciembre de 2022, el canciller Enrique Reina informó, vía Twitter, que el memorando de entendimiento entre el Gobierno y las Naciones Unidas está definido, pero que todavía está pendiente resolver los asuntos de financiamiento y nombramiento del personal que se desempeñará dentro del mecanismo anticorrupción.
“Informo al pueblo que el memorándum de entendimiento para el establecimiento de la CICIH está listo y que la próxima semana, en Nueva York, discutiré los puntos sobre contratación de expertos internacionales y sobre su financiamiento con el secretario general de la ONU, António Guterres”, tuiteó.
En la contrapropuesta que el Gobierno realizó a las Naciones Unidas, y que se publicó el 23 de agosto de 2022, se expresa dentro del numeral ocho que el Estado hondureño identificará y nombrará a los funcionarios nacionales e internacionales que integrarán el mecanismo internacional. A pesar de ello, fuentes de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, consultadas por Criterio.hn, han indicado que el organismo internacional difícilmente accederá en esa condición.
FINANCIAMIENTO DE LA CICI
El otro punto que se discute, que está relacionado con el financiamiento del mecanismo, también ha despertado diversidad de opiniones. La representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, dijo a Criterio.hn que el Gobierno únicamente deberá colaborar con el funcionamiento de la CICI, dotándole de recursos administrativos y logísticos.
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“Al contrario de lo que quiere hacer ver el Gobierno, no es injerencia que la ONU financie a la CICI. El Gobierno debe colaborar y contribuir con cosas como la protección a los funcionarios, los espacios físicos para que se instale el mecanismo y la facilitación de un sistema de justicia apropiado”, explicó.
El 20 de noviembre de 2022, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, públicamente manifestó que el financiamiento debe ser exclusivo del Gobierno y que, al contrario, la ONU debe colaborar con “asistencias o cooperaciones de carácter técnico u otra naturaleza”.
Más recientemente, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, readecuó la postura del Ejecutivo y declaró que el financiamiento debe ser tripartito: ONU, miembros de la ONU y Estado.
No obstante, a criterio del analista político y excoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, el Gobierno no debe interferir en el financiamiento de un mecanismo que, en teoría, podría investigarlos a ellos mismos, porque ello daría una pauta acerca de qué se puede y qué no se puede investigar.
“Desde el momento que se habla de que la CICI se financiará con fondos del Estado, sabemos que hay una tendencia dirigida a qué se va a investigar y qué no, porque ‘quien pone la plata, pone el son’. La cooperación internacional debe coadyuvar en sus esfuerzos, porque la CICI debe llegar a Honduras a investigar la corrupción, sea de los gobiernos anteriores o de la que se genere en este”, manifestó Murillo a Criterio.hn.
NOMBRAMIENTOS
Con relación a la intención de que el Estado hondureño realice los nombramientos de los funcionarios nacionales e internacionales que integrarán la CICI, Murillo se volcó en contra de ello.
“Es irrisorio pensar que el Gobierno va a nombrar personas que no sean afines a sus propios intereses. Si no han sido objetivos antes, no lo serán ahora. Sí debe participar el Gobierno, pero además la sociedad civil especializada en el tema y la cooperación internacional, a través de un proceso riguroso”, añadió.
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Por su lado, Gabriela Blen, de la ACTJ, declaró que la tarea deber ser exclusiva para la ONU. “El nombramiento de funcionarios internacionales debe ser por parte de naciones, debe haber un proceso mediante el cual Naciones Unidas seleccione a las personas con un perfil idóneo, que tengan un trabajo independiente y de combate a la corrupción. El personal nacional tampoco puede ser nombrado por el Gobierno, sino que debe pasar por mecanismos que la CICI establezca, de acuerdo a estándares internacionales. Sobre todo, se debe evitar que políticos metan las manos y que haya interés de por medio”.
UNA VEZ FIRMADO EL MEMORANDO
Una vez que se firme el memorando de entendimiento, se habilitarán dos fases. En la primera, la ONU enviará a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
Asimismo, brindará apoyo y asistencia técnica en relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.
La fase dos, por su parte, iniciaría con la ratificación del acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que daría vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Será en esta fase, justamente, donde se identificarán y nombrarán a los funcionarios.
