Tegucigalpa, Honduras.- La inmunidad que brinda el decreto 117-2019, denominado pacto de impunidad, impediría que los que lideran el Poder Legislativo sean sancionados por no cumplir con el deber de convocar a sesiones, mismas que han estado paralizadas por 47 días, sin ningún tipo de argumento que tenga fundamento legal.
Con la aprobación de este pacto de impunidad en 2019, cuando el nacionalistas Mauricio Oliva dirigía el Congreso, se reformó la Ley Orgánica de ese poder, estableciendo que los diputados no pueden ser sancionados o responsabilizados penal, civil y administrativamente por acciones que se deriven de sus funciones como “padres de la patria”.
Este decreto además de blindar y proteger la ineficiencia de los diputados, que es más perceptible ahora que han estancado las sesiones por un proceso fallido de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), establece que es el mismo Congreso el encargado de conocer, valorar y establecer la respectiva sanción al encargado de cometer cualquier incidencia.
Este decreto que está protegiendo a los congresistas de ser sancionados legalmente, es uno de los varios requisitos que pidió la Organización de Naciones Unidas (ONU) derogar, para que se pueda instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), promesa que todavía no ha logrado cumplir el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Desde que esta normativa entró en vigencia, en octubre de 2019, varios diputados que, en ese entonces, eran opositores, y hoy son oficialistas, lamentaron que el mismo Poder Legislativo estuviera dando ese tipo de espaldarazos al pueblo hondureño.
“Los diputados debemos hacer nuestras acciones de acuerdo con los principios de buena fe, de la transparencia y acciones legales. Yo creo que no es justo que en el Congreso Nacional aprobemos leyes para blindarnos”, aquejó el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera, en marzo de 2022.
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RESPONSABILIDAD Y ESTRATEGIA POLÍTICA
Para el abogado Rodil Rivera Rodil, a los diputados, que aparentan carecer de temor de acarrear alguna consecuencia legal por sus acciones deliberadas, debería afectarles la responsabilidad moral, ya que le están fallando principalmente al pueblo hondureño con faltar al cargo por el que fueron electos desde las urnas.
“A mí me parece que esto es una estrategia política de la que no están conscientes, dejando de lado la responsabilidad moral. Deberían convocar a sesiones para atender los temas que le afectan a la ciudadanía y los que también benefician”, dijo el abogado en plática con Criterio.hn.
Agregó que, “no es que lo apruebe (paralización legislativa), pero reconozco que es casi normal que pasen este tipo de cosas, pero deberían de existir excepciones, como aprobar y derogar leyes para avanzar con los temas de agenda”.
Lo expuesto por Rivera, podría ir de la mano con la nueva medida que adoptarían algunos de los partidos políticos de oposición, ya que, para este miércoles 17 de octubre, ante la falta de convocatoria de Luis Redondo, estarían convocando a una sesión extraordinaria para avanzar con la agenda legislativa.
Para que esta iniciativa de la oposición florezca deben estar presente mínimo 65 diputados de las distintas bancadas políticas, de lo contrario, no se podría llevar a cabo la sesión extraordinaria, según está establecido en la ley.
El analista político Raúl Pineda Alvarado coincidió con la postura de Rodil, al exponer que el tema de proceso de elección de ente investigador, no va de la mano con otros temas que deben ser discutidos en el Poder Legislativo.
“Nadie debe evitar que el Congreso Nacional deje de sesionar, ni el mismo Congreso, lo que deben hacer las mayorías es auto convocarse y funcionar, para salir con esta crisis que obedece algún patrón político”, dijo Alvarado, exdiputado del Partido Nacional, a Criterio.hn.
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PROCESO DE ELECCIÓN ESTANCÓ AL CONGRESO NACIONAL
La última sesión que se celebró en el Congreso Nacional fue el pasado 31 de agosto, en la que intentaron escoger, de una nómina de cinco abogados entregada por la extinta Junta Proponente, a las nuevas autoridades del Ministerio Público, que luego de tres intentos consecutivos fracasó.
Desde la bancada oficialista, sostienen que no celebraran sesiones hasta que escojan a las nuevas autoridades del Ministerio Público y, Luis Redondo, que viene siendo la máxima autoridad de ese poder, aunque no lo ha dicho literalmente, con sus acciones los respalda, ya que no ha cumplido con su deber de convocar.
Las bancadas de oposición (Partido Salvador de Honduras, Liberal y Nacional) en pleno consenso presentaron una nómina que encabezan los abogados Marcio Cabañas Cadillo, como fiscal general y Jenny Gabriela Almendares, como fiscal adjunta, misma alcanzó 74 votos.
Mientras que la bancada oficialista presentó al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto.
Ninguna de las mociones nominativas, presentadas entre ocasiones, alcanzó la mayoría de votos para ser valorada por el pleno de diputados (86), motivo por el que se ha desencadenado esta crisis legislativa y, según indican los jefes de las bancadas, no hay intenciones de cambiarlas, ya que no han logrado llegar a acuerdos.
El argumento de los partidos de oposición para no apoyar la nómina de Libre, es que no entregarán el Ministerio Público porque es el único eslabón que les falta para tener la concertación en todo el sistema operador de justicia.
Y, desde el oficialismo sostienen que no acuerpan la moción presentada por la oposición, bajo el argumento que sería continuar con la hegemonía de impunidad y corrupción que se han concentrado en los últimos 12 años en el ente investigador.
Lo cierto es que a 47 días de no celebrar sesiones los diputados han devengado sus respectivos salarios y han salido en viajes al extranjero, de los que no han podido dar fe con qué fondos han sido costeados, ya que en el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, espacio en que tendría que estar la información, hasta la fecha no está.
