Si las impugnaciones no son admitidas dentro de 72 horas, las personas designadas como integrantes de la Junta Nominadora se mantendrán en sus cargos
Por: Luis Escalante
Foto Portada de archivo: Asamblea de la sociedad civil para elegir a sus representantes ente la Junta Nominadora
Tegucigalpa.- Este jueves arrancó el período de impugnaciones que eventualmente podrían ser presentadas contra el nombramiento de las y los 14 integrantes de la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Las personas que estén interesadas en presentar impugnaciones contarán con 72 horas para realizarlo, vía escrita, ante las comisiones designadas por las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora.
El documento de impugnación, indica la Ley de la Junta Nominadora, deberá ir acompañado de indicios o evidencias del señalamiento, mediante indicación de inconsistencias o inobservancias en la selección de las y los nominadores.
En caso de que las comisiones designadas por las organizaciones nominadoras admitieran las impugnaciones, se convocaría nuevamente a asambleas y se elegiría al sustituto o a la sustituta. Si se tratase del nominador o nominadora titular, su suplente lo reemplazaría; mientras que si la impugnación fuese dirigida al nominador suplente, en asamblea se elegiría a una tercera persona.
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Una vez que concluya el período de impugnaciones, la Junta Nominadora aguardará a ser juramentada por el Congreso Nacional, quien la habilitará para realizar sus funciones de evaluación de las y los candidatos a magistrados de la Corte, y de nominación de las y los mejores 45 postulantes.
La nómina, que incluirá como mínimo 23 mujeres y 22 hombres, será remitida al Legislativo como fecha máxima el 23 de enero de 2023. Los 128 diputados dos días después, el 25 de enero, elegirán con al menos 86 votos a las 15 personas que ocuparán las más altas magistraturas del Poder Judicial entre 2023 y 2030.
A diferencia de la anterior ley, bajo la cual el representante titular de la Corte Suprema de Justicia obligatoriamente presidía la Junta Nominadora, ahora serán los 14 proponentes quienes, como órgano colegiado, votarán por un presidente, un secretario y un portavoz oficial.
¿QUIÉNES NO PUEDEN INTEGRAR LA JUNTA NOMINADORA?
La Ley de la Junta Nominadora, en su artículo 8, establece que no podrán integrarla quienes sean parte de litigios judiciales activos por violaciones de derechos humanos, delitos contra la administración pública, lavado de activos y narcotráfico, al igual que los profesionales del derecho que actúen como defensores privados de los antes descritos.
También se inhabilita a directivos de partidos políticos y a ocupantes de cargos de elección popular, así como a quienes tengan contratos incumplidos con el Estado o que sean oferentes en procesos públicos de adjudicación.
Otras prohibiciones incluyen compartir el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la presidenta, los diputados del Congreso Nacional, los altos funcionarios del Estado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
A diferencia de los últimos tres procesos de nominación y elección de la Corte, regidos bajo la recientemente derogada ley de 2001, ahora se prohíbe que quienes hayan integrado la Junta Nominadora en el pasado lo hagan de nueva cuenta.
Tampoco pueden ser nominadores, a excepción de la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, quienes ocupen cargos directivos dentro de las organizaciones que conforman la Junta, y quienes hayan recibido sanciones en los tribunales de honor de sus respectivos colegios gremiales.
¿QUIÉNES CONFORMAN LA JUNTA NOMINADORA?
El pasado 29 de agosto, las siete organizaciones presentes en la Junta Nominadora terminaron de acreditar a sus respectivos representantes titulares y suplentes, quienes serán juramentados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, durante la primera quincena del presente mes.
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Por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) se designó a Blanca Izaguirre y a Rolando Milla; por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Carlos Padilla y a Daisy Rodríguez; por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) a Mario Urquía y a Reina Nájera; por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) a Olban Valladares y a Helui Castillo; por las Facultades de Derecho a Waldo Rivera y a Julissa Aguilar; por la sociedad civil a Martha Dubón y a Tomás Andino; y por las centrales obreras a María Elena Sabillón y a Joel Almendares.
De los 14 nominadores titulares y suplentes, 10 son profesionales del derecho y seis de ellos son o fueron funcionarios del Poder Judicial, incluida Daisy Rodríguez, quien se desempeñó como magistrada de la Corte Suprema de Justicia entre 2002 y 2009, período en que la nacionalista Vilma Morales presidió ese poder estatal.
Únicamente Helui Castillo (administradora industrial), Tomás Andino (sociólogo), Joel Almendares (pedagogo) y Olban Valladares (economista) poseen una formación académica distinta.
