Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) responsabiliza nuevamente al Estado de Honduras por violación a los derechos de los pueblos indígenas al negarle la participación en condición de víctimas en el inicio del juicio oral y público en el caso de “Fraude Sobre el Gualcarque” y piden que la familia Atala Zablah sean enjuiciados y condenados por ser los principales beneficiarios en el fraude del proyecto Agua Zarca.
El Estado niega la participación en condición de víctimas a la comunidad del río Blanco, organizada en el COPINH, pese a que son los que han sufrido directamente la violencia y hasta los han asesinado por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El COPINH argumenta que en el artículo 17 del código procesal penal se establece que se le da el derecho a la participación como victimas a los pueblos indígenas u organizaciones que se ven afectadas directamente y en este caso en específico el Estado debe garantizar este derecho, además los convenios y tratados internacionales los reconocen como victimas en este caso de corrupción, por lo tanto, el sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas.
Asimismo, las comunidades Lencas exigen que el río Gualcarque sea liberado y que se cancele inmediata y definitivamente la concesión ilegal que lo ha mantenido oprimido por más de 10 años, ya que los permisos y licencias fraudulentas que permitieron el funcionamiento ilegal Agua Zarca, el cual dio origen al asesinato de la defensora, Berta Cáceres.
Nota relacionada: Honduras debe garantizar derechos del COPINH como víctimas en proceso “Fraude sobre el Gualcarque”: CEJIL
Los funcionarios públicos responsables de estos actos deben ser condenados por estos crímenes, así como los beneficiados directos de este fraude, como ser la familia Atala Zablah.
El Estado tiene doble responsabilidad, una por violar el derecho de una comunidad indígena víctima de violaciones a derechos humanos en el marco de los delitos de corrupción, y otra, es por no resolver a tiempo los recursos de amparo que tienen plazos legales que ya pasaron y no los han resuelto; se está observando el juicio en perspectiva de un inminente litigio en tribunales internacionales por esta responsabilidad en la que habría incurrido el Estado de Honduras, expresó el abogado del COPINH, Víctor Fernández.
El caso de Fraude Sobre el Gualcarque, es contra funcionarios públicos por suponerlos responsables de los delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que se desarrollaría sobre el Rio Gualcarque de la comunidad Lenca y es manejado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de las Redes de Corrupción (UFERCO).
