Tegucigalpa. El gobierno de Honduras reveló tres informes que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habían sido declarados en secreto por el régimen de Juan Orlando Hernández, en el que señalan que las exoneraciones fiscales son inequitativos e ineficientes por lo que recomiendan su extinción o eliminación gradual.
Los informes que presentó el organismo internacional se hicieron públicos por mandato de la presidenta Xiomara Castro y develan que en Honduras se otorgan privilegios fiscales inequitativos, ineficientes y poco suficientes los cuales han sido aprovechados por la empresa privada para favorecerse y generando una pérdida al Estado.
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El primer informe que se presentó, fue en 2016 denominado “Bases para la Evaluación de los Gastos Tributarios y sus Beneficios” se expone más de 46 recomendaciones entre las cuales se destaca la necesidad de un sistema tributario equitativo y eficiente, transparentar el régimen de exoneraciones, transferir al Servicio de Administración de Rentas (SAR) el registro de exonerados y el control en el otorgamiento de incentivos tributarios.
Adicionalmente, recomiendan cancelar las exoneraciones a las empresas que no cumplen con los compromisos y objetivos estipulados, buscar alternativas de reducción de incentivos y de exenciones en el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y no otorgar más amnistías ni regularizaciones, no obstante, se concedió más privilegios fiscales.
El FMI señaló como necesario “reducir paulatinamente los privilegios fiscales sustituyéndolos por estrategias de desarrollo social y económica de incentivos atados al empleo, inversión y desarrollo.
Un segundo informe, que se presentó en 2017, llamado “Pequeños Contribuyentes, Gastos Tributarios e impuesto Mínimo”, exhibe que el régimen tributario del país “es insostenible” consecuencia de tantas exoneraciones que se volvieron “incontrolables”.
Dentro de las principales recomendaciones que suman alrededor de una docena, se insta a eliminar todas las exenciones del ISV, eliminar paulatinamente, en 10 años, las exenciones al aporte para la atención de programas sociales y conservación del patrimonio, transparentar el régimen de exenciones publicando la matriz con todas las exenciones, pero recomienda implementar el tributo único para pequeños contribuyentes conocido como monotributo y la eliminación paulatina de exenciones en ISV y en combustibles.
El tercer informe, “Gastos Tributarios, Micro Simulación y Tratados para Evitar Doble Tributación”, entregado en 2018, indica que no existieron avances del gobierno con respecto a las recomendaciones de años anteriores, por el contrario, muestra que se continuó con la práctica, no hubo eliminación de privilegios fiscales.
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Los documentos del FMI concluyen que los incentivos y privilegios fiscales no representan un beneficio para el Estado de Honduras, por lo que recomendó su eliminación total o gradual por ser inequitativos, que benefician solo a sectores de altos ingresos, ineficientes, sin impacto en el correcto funcionamiento del mercado, complejos al no tenerse control y seguimiento y poco suficientes porque crean “agujeros fiscales” que el Estado debe cubrir con endeudamiento público.
“El actual gobierno ha logrado coincidir en esta agenda común junto al FMI avanzando en una relación de trabajo estrecha e integral. En las misiones de trabajo desarrolladas en el presente año, se han incorporado diferentes secretarías e instituciones estatales que inciden en el ciclo de vida de las exoneraciones, articulación sin precedentes en la administración pública donde la dispersión de esfuerzos e información había sido la norma”, detalla un comunicado de prensa del gobierno.
Asimismo, se confirma que se está en revisión los privilegios fiscales que se otorgan con el objetivo de recuperar y sanear las finanzas públicas que comenzó con el proceso de reforma al Presupuesto General de Ingresos y Egresos, la extinción de lesivos fideicomisos, la reestructuración de las instituciones del Poder Ejecutivo, reperfilar la deuda pública que supera los USD 16 mil millones y el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de la reforma energética.
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Según la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, estos privilegios fiscales son “promotores de inequidad y desigualdad” y los informes del FMI “permite entender lo que heredamos y que el problema de las finanzas públicas tiene su origen en el modelo de Estado que durante trece años se impulsó”.
Los informes fueron declarados en reserva por el gobierno de Hernández invocando la extinta Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos, aprobada mediante Decreto Legislativo 418-2013 que permitió declarar en reserva o clasificada información de carácter público, su derogación se aprobó el 1 de marzo, sin embargo, la mayoría de la información de al menos 17 instituciones fue destruida o desaparecida por el régimen.
