El informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la falta de respuesta estatal, la corrupción y los problemas estructurales históricos como factores que agravan la situación en el país
La CIDH insta al gobierno de Xiomara Castro a implementar medidas urgentes para abordar las violaciones y restaurar la confianza en las instituciones
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alerta sobre la situación crítica que enfrente Honduras frente a las múltiples violaciones de derechos humanos que se perpetúan por la complejidad política, social, económica y cultural, pero que además se agudizan por la falta de respuesta estatal.
De acuerdo con la Comisionada Relatora de país, Andrea Pochak, la complejidad se debe a que confluyen problemas estructurales de larga data, que durante décadas han restringido el disfrute de los derechos humanos de la población.
El informe, que aborda la situación de los derechos humanos en el país centroamericano tras la visita in loco realizada del 24 al 28 de abril de 2023, basándose en lo documentado en su último informe de país de 2019, descrito por Pochak como una fotografía de la realidad de Honduras en materia de derechos humanos.
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DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Aunque la CIDH reconoce que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se encontró con una diversidad de obstáculos en materia de pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad ciudadana –incluida la violencia de género—, la falta de independencia judicial, un limitado acceso a la justicia, impunidad, conflictividad social, agraria, territorial y ambiental y el fenómeno generalizado de la corrupción, refiere que la situación de derechos humanos en el país es crítica.
Entre los principales hallazgos, están la conflictividad social, que surge de las crisis de gobernanza en Honduras, mismas que han contribuido a un clima de polarización social que, de acuerdo con Andrea Pochak, profundiza la debilidad institucional y genera falta de confianza por parte de la sociedad hacia las instituciones.
Además, remarcó, que dicha debilidad institucional, también se refleja en desafíos en la gestión de los asuntos y recursos públicos incluyendo la falta de ejecución de presupuesto público.
De igual manera la CIDH, refiere que otro de los hallazgos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, que, pese a que es un tema central para la administración de Xiomara Castro, la percepción social sobre la persistencia de la corrupción en el país es “elevada”.
En Honduras, hasta el momento, no se ha instalado la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Por otro lado, el gobierno no ha dado detalles de los últimos avances de las negociaciones con Naciones Unidas sobre la instalación de dicho mecanismo.
Otro de los puntos, que la CIDH hizo énfasis es el acceso a la justicia, Andrea Pochak refirió que hay una percepción generalizada de desconfianza hacia las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito, a ello se suma la persistencia de altos niveles de impunidad.
En ese sentido, Pochak, instó a las nuevas autoridades del Ministerio Publico a revertir la desconfianza de la población a través de fortalecimiento institucional y a asumir un rol más activo en contra de la impunidad.
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POBLACIONES MÁS VULNERADAS
Por otro lado, la CIDH toma con preocupación los altos niveles de violencia que enfrenta Honduras, pese a las disminuciones en la tasa de homicidios, que de acuerdo con Sistema Estadístico Policial en Línea dela Secretaría de Seguridad es de 33.67, Honduras es el país más violento de América Central y el segundo en la región latinoamericana.
La CIDH refiere que esta violencia, afecta de manera diferenciada a mujeres. En los que va de 2024 el país ya registra más de 90 muertes violentas de mujeres y femicidios, personas defensoras de derechos humanos, que sólo en 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), registró al menos 363 ataques; personas LGBTIQA+ que desde 2004 a marzo de 2024 registra un total de 525 personas víctimas de muertes violentas; y pueblos indígenas y afrodescendientes víctimas de desalojos, discriminación y criminalización.
En ese sentido, el organismo internacional cuestionó la implementación del estado de excepción, una medida que suspende las garantías constitucionales instaurado desde el seis de diciembre de 2022.
Sobre la defensa del acceso a la tierra, la CIDH señala que Honduras enfrenta una serie de conflictos sociales ambientales y agrarios de larga data derivados de problemas estructurales como la distribución de la tierra y los recursos que han resultado en altos niveles de violencia.
De acuerdo con Global Witness, en sólo una década –entre 2012 y 2022— Honduras registró al menos 131 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente, de estos, 70 asesinatos ocurrieron luego del crimen en contra de Bertha Cáceres en marzo de 2016. De los 131 casos, 38 eran personas indígenas, 16 afrodescendientes, 77 otros.
Ante este panorama sobre los derechos humanos en el país centroamericano, La CIDH hace un llamado a las autoridades estatales, para que tome medidas concretas y abordar las preocupantes violaciones a los derechos humanos.
