El proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, podría desencadenar diversas crisis en el Poder Legislativo como, por ejemplo, no ratificar a las miembros de la actual Junta Directiva en la legislatura de 2024
Tegucigalpa, Honduras.- Que los diputados tengan más de 50 días sin sesionar, no sólo está afectando el proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), sino que en el futuro podría desencadenar diversas crisis que irían desde no ratificar de la Junta Directiva que preside Luis Redondo y hasta una posible disolución del Poder Legislativo.
“En enero que es la ratificación de la Junta Directiva del Congreso, Luis Redondo quedará sólo porque, precisamente este conflicto en la elección del fiscal general, se convirtió en el detonante para no lograr consensos. Entonces, la mayoría de los actuales integrantes no seguirán porque no creo que puedan controlar esa situación”, planteó el analista político Raúl Pineda Alvarado.
Agregó que “¿por qué peligra la ratificación de los actuales miembros?, porque la Junta Directiva no ha solucionado esta crisis. Es más, algunos de los diputados que la integran son los mismos que están prácticamente boicoteando la agenda del Congreso al rehusarse a convocar a las sesiones y discutir temas que no tiene relación con la elección de la fiscalía”.
Por ejemplo, siguiendo el planteamiento de Pineda Alvarado, los diputados Rasel Tomé, Carlos Zelaya y Fabricio Sandoval, no conseguirían el favor del pleno de diputados para continuar en la Junta Directiva, porque en reiteradas ocasiones han asegurado que el Congreso seguirá paralizado hasta que existan consensos para elegir las autoridades del MP.
Pineda Alvarado, exdiputado de Parlamento Centroamericano (Parlacen), ante la falta de convocatoria por parte del presidente del Legislativo Luis Redondo, planteó que las bancadas de oposición se auto convoquen en una sesión extraordinaria, deje de lado el proceso de elección de MP y continúe con el desarrollo de la agenda legislativa.
“Es realmente absurdo que el Congreso no esté sesionando, una de las alternativas más viables es que la oposición se auto convoque y sesiones, pero deben buscar los mecanismos; las maneras, si este panorama sigue así, en enero (ratificación de la Junta Directiva) será la próxima crisis”, detalló.
El escenario de auto convocarse ya es una de las medidas que adoptarían en los próximos días los partidos de oposición, a excepción de los diputados del Partido Liberal de Honduras (PLH), que todavía no confirma. Para que lo anterior se lleve a cabo, la ley establece que cinco congresistas deben convocar y en la sesión debe haber la mayoría simple (65 diputados).
El artículo 8 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que la Junta Directiva del Congreso Nacional tiene que ratificarse cada dos años, con la posibilidad que los integrantes puedan ser reelectos. El único que se mantiene en el cargo por los cuatro años es el titular del Poder Legislativo, que en la actualidad es Luis Redondo.
El proceso de ratificar la Junta Directiva es el siguiente: cada bancada debe presentar una moción, proponiendo a los diputados que la integrarían, ante el pleno, después cada una se somete a votación y, la que alcance la mayoría simple de votos (65), sería la JD electa por los siguientes 24 meses.
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SUPUESTA PROPUESTA DE DISOLVER EL CONGRESO NACIONAL
El diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) Sergio Castellanos propuso, ante la actual crisis que mantiene estancadas las sesiones legislativas, que se haga una consulta popular para que el pueblo sea quien decida si se disuelve el Congreso Nacional.
“Ahora que algunos hablamos de constituyente, porque ya no funciona el sistema, se asustan o algunos usan el tema de la constituyente para generar miedo, pero de algo estoy claro, este Congreso no puede seguir dos años y medio así”, dijo en medios de comunicación el congresista de Libre.
“Preguntémosle al pueblo, ¿está de acuerdo que siga ese Congreso o lo disolvemos? y convocamos a unas elecciones para elegir a los nuevos diputados”, agregó.
Sin embargo, aunque desde el oficialismo estén planteando el escenario de una consulta popular, la incapacidad de análisis y diálogos que promueven los diputados en el Congreso Nacional, lo impediría, porque para hacer un plebiscito o referéndum se necesita aprobar un decreto o ley especial con la mayoría calificada de votos (86).
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UN POCO SOBRE LO QUE DICE LA LEY SOBRE UN PLEBISCITO
El artículo 5 de la Constitución de la República establece que, para que en Honduras ocurra esa eventualidad, el Congreso Nacional, con el favor de los 86 votos, debe aprobar un decreto que le otorgue las facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar, organizar y dirigir la consulta popular en temas relacionados con la estabilidad política y la paz social.
En pocas palabras, el camino que desde el gobierno le quieren dar a la consulta popular es inconstitucional porque, por ejemplo, la ley ya establece el mecanismo por el que se deben elegir las autoridades de la fiscalía debe ser en un proceso de elección en el Congreso Nacional.
Aunque hacer un referéndum o plebiscito está contemplado en la Constitución, el abogado Oliver Erazo cuestionó que, el motivo y la forma como lo plantean desde el oficialismo, es por la vía ilegal.
“Sabemos que el referéndum y plebiscito son legales, el punto que hay que abordar es, ¿qué van a consultar?, lo que se va a consultar debe estar constitucionalmente permitido porque, de lo contrario, la esencia de la consulta sería inconstitucional”, opinó el analista político Oliver Erazo.
Ante la penumbra y posibles escenarios que plantean desde las distintas bancadas políticas, todo se concentra en la actual crisis: fallido proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, mismas que tenían que ser electas el pasado 31 de agosto (hace 55 días).
