Por: Redacción Criterio.hn
Tegucigalpa. –El gremio de los abogados es uno de los más afectados por la violencia y la criminalidad en Honduras, país que solo en el último año, 2021, registró 3,931 homicidios. Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), más de 200 de estos profesionales murieron violentamente entre 2004 y 2022. Y, más preocupante aún, arriba del 90% de estos casos permanecen en impunidad.
Cuando se aprestaba a ingresar a su vivienda, Gerardo Meza, abogado de 40 años y exdirectivo del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), murió a consecuencia de seis disparos de arma de fuego el pasado 23 de junio en Juticalpa, Olancho, en el oriente de Honduras, una región que se caracteriza por la violencia que generan el narcotráfico y el crimen organizado. Allí, entre 2010 y 2022, murieron violentamente seis abogados y dos abogadas.
Un mes atrás, específicamente el 27 de mayo y en circunstancias similares, la fiscal de ambiente Karen Almendares, de 39 años, murió cuando, al momento de abrir el portón de su casa en Nacaome, Valle, sujetos le dispararon en reiteradas ocasiones. Su deceso generó revuelo a nivel nacional e internacional, a tal punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho e instó al Estado hondureño a investigarlo.
Sin embargo, las causas de su muerte, al igual que las de Meza, permanecen en las sombras. Según el presidente del CAH, Rafael Canales, son los niveles de “impunidad” los que alientan a que los abogados sean matados “como moscas”.
“Nosotros -como Colegio- estamos desarrollando acciones de prevención, pero es complicado cuando el Estado falla en garantizar el libre ejercicio de la profesión y en judicializar los casos”, admitió Canales en entrevista con Criterio.hn.
“No es posible que todo busquen resolverlo con una conferencia o un comunicado de prensa”, añadió al cuestionar el rol de las instituciones del Estado que deben velar por los derechos humanos.
El presidente de los abogados anunció que se aprestan a denunciar al Estado hondureño ante la CIDH por falta de investigación y judicialización en los casos relacionados a las muertes violentas de sus colegas. “Solo estamos esperando que la Comisión termine su informe para proceder con ello”, advirtió.
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El pasado 30 de mayo, junto a otros dirigentes del CAH, Canales anunció la creación de una comisión especial cuya tarea es investigar la muerte de abogados y abogadas en Honduras. La creación de esta comitiva deriva, justamente, de la muerte de Karen Almendares. No obstante, de momento, dicha comisión continúa sin presentar a la opinión pública su informe de labores.
QUÉ HACE TAN PELIGROSA LA PROFESIÓN DEL DERECHO
En Honduras son diversas las causas que vuelven vulnerables a los abogados, sobre todo a los defensores de derechos humanos y a los operadores de justicia, especialmente a fiscales y jueces. El tráfico de influencias, la defensa de delitos como narcotráfico o la defensa de personas que defienden derechos y emprenden luchas territoriales pueden llevar a los profesionales de las ciencias jurídicas a ser considerados un estorbo en una sociedad sin escrúpulos.
“Los abogados que defienden el ambiente, la tierra y el territorio, al igual que los derechos humanos, entre ellos los de la comunidad LGBT o de los grupos campesinos, por el tipo de trabajo que realizan, se vuelven blanco de personas que los acosan o amenazan”, explicó a Criterio.hn la periodista Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu).
A su criterio, con el propósito de garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados, se deben diseñar iniciativas colectivas destinadas a la protección de este gremio profesional. Estas iniciativas, indicó, deben estar destinadas no solo a quienes están bajo amenaza específica, sino también a aquellos que se encuentran bajo el umbral general de riesgo.
Desde el 14 de febrero de 2018, existe en Honduras la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh), destinada específicamente a llevar la acción penal en casos relacionados con amenazas a defensores de derechos humanos, fiscales y jueces.
Sin embargo, de acuerdo con la explicación de la abogada y defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya, esta fiscalía especial únicamente ha judicializado un caso desde su creación. “Por ello”, dijo, “vemos que ante su incapacidad de enjuiciar los casos que lleva, las personas que amenazan y atacan a los grupos de riesgo se sienten con el poder para intimidar y, en el peor de los casos, matar”.
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INOPERANCIA DEL ESTADO Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN FALLIDOS
En el caso de los crímenes contra abogadas y abogados, la falta de reacción por parte del Estado hondureño impulsó el Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia a través de su ley. Esta instancia permite a estos grupos solicitar protección al Estado en caso de que su vida, integridad, libertad o seguridad se encuentren bajo riesgo o amenaza.
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Sin embargo, desde su creación, en 2015, este mecanismo se ha visto marcado por una raquítica asignación de recursos y una reducida representación de organizaciones de sociedad civil. El coordinador del Consejo Nacional de Protección y director de la Asociación LGTB Arcoíris, Donny Reyes, declaró a Criterio.hn que, además de actividades preventivas, se necesita que el gobierno de Xiomara Castro ejecute acciones concretas.
“Se necesita una mayor asignación de recursos financieros y técnicos, al igual que acciones de educación ciudadana a nivel nacional en cuanto a defensa y promoción de los derechos humanos en todas las aldeas y municipios. De lo contrario, si seguimos creyendo que Honduras solo es Tegucigalpa y San Pedro Sula, continuaremos teniendo los mismos resultados”, expresó.
Por su parte, Dina Meza, de la Asopodehu, aseguró que el mecanismo deriva de una ley “coja” y recordó que, en su momento, se ignoró la propuesta original que diseñó la sociedad civil. En ese sentido, criticó la inequidad en la representación de organismos defensores de derechos humanos, misma que provocó, en años anteriores, que sus propuestas muchas veces fueran reprimidas por la “aplanadora” del Estado.
“Por un lado las ignoraba y, por el otro, la mayoría de sus representantes votaban en contra de ellas”, especificó al tiempo que recomendó que otras agrupaciones como la comunidad LGTBIQ+, los grupos indígenas, los movimientos feministas y los periodistas independientes necesitan y merecen tener representación.
En tal sentido, recomendó que, mediante reformas a la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, se formule una reestructuración del sistema de protección. De igual modo, condenó que en la mayoría de casos lo único que ofrezca el Estado sea un resguardo policial o militar.
“Un abogado defensor de derechos humanos o un periodista no puede estar siempre bajo la escolta de un policía o un militar. Se necesita que las alarmas sean desactivadas y la única manera de realizarlo es mediante la acción penal que, en estos casos, debería llevar a cabo una fiscalía que no está haciendo su trabajo”, apuntó.
