Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones de lo Penal en Materia de Corrupción dictó este viernes sobreseimientos definitivos para el extitular del Comité Permanente de Contigencias (Copeco), Gabriel Rubí, y el exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, quienes venían siendo señalados en el Caso Sala de Aislamiento.
Ambos exfuncionarios de la Administración Juan Orlando Hernández habían sido acusados por delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios. Sin embargo, la Corte de Apelaciones resolvió absolverlos a ambos.
En el caso de Gabriel Rubí, una de las caras más visibles durante los primeros meses de la pandemia del covid-19, le revocaron un auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y le modificaron un sobreseimiento provisional por el delito de fraude. A Nery Cerrato, por su lado, le confirmaron el sobreseimiento definitivo por el delito de falsificación de documentos públicos.
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Al mismo tiempo, el Poder Judicial informó que la Corte de Apelaciones declaró “sin lugar” los recursos de apelación que presentó el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, e hizo lo contrario, declarando “con lugar” los recursos que presentó la defensa de Gabriel Rubí, quien desde un inició solicitó sobreseimiento definitivo en favor del también exdiputado del Partido Nacional entre 2018 y 2022.
CASO “CARPAS MÓVILES”
El 28 de febrero de 2020, el entonces director de Copeco, Gabriel Rubí, y el exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, solicitaron la adquisición de un hospital móvil y una unidad de aislamiento que serviría para enfrentar la pandemia del covid-19 en Villanueva, Cortés. El contrato valora la adquisición por un monto de L 5,560,278.21.
La compra se realizó en tres operaciones. El 2 de marzo de 2020, se pagó un adelantó L 820,799.00 y, una semana después, se efectuó otro monto de L 1,915,238.00. La última operación, según la investigación de los fiscales, se realizó el 17 de marzo de 2020, día en que se pagó un total de L 2,736,062.00 a la empresa DLX Enterprises LLC.
Lo que resultó ser una carpa móvil, se evidenció, no cumplía con los requisitos para lo que fue adquirida.
De acuerdo con el Ministerio Público, en un lapso de 48 horas, Rubí y Cerrato fueron capaces de avanzar la compra mediante alteración de documentos y violación de varios procedimientos y protocolos legales. Aún así, la Corte de Apelaciones los ha absuelto de toda responsabilidad penal.
UN SISTEMA CORRUPTO
Honduras está a las puertas de elegir, a través del Congreso de la República, a las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los máximos impartidores y administradores de justicia. Sin embargo, sus nombramientos son estrictamente políticos y, además de ello, en el país se carece de instrumentos judiciales que realmente garanticen una apropiada carrera judicial.
Tras la desaparición del Consejo de la Judicatura, un ente que se caracterizó por los actos de corrupción de sus miembros, y la inconstitucionalidad decretada de la Ley de la Carrera Judicial y la Judicatura, la facultad de nombrar y remover funcionarios judiciales recayó en el presidente del Supremo, Rolando Argueta, una persona conocida por su afinidad al Partido Nacional, que gobernó entre 2010 y 2022, y sobre todo, por su lealtad al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
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Analistas consultados por Criterio.hn, como el exfuncionario de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Álex Navas, y el coordinador de Tribunales de Sentencia, Mario Díaz, han coincidido en que es contrario a la independencia judicial que la labor administrativa del Poder Judicial recaiga sobre personas que cuentan con un perfil más político que jurídico, situación que se evidencia en casos como el sobreseimiento definitivo otorgado a Gabriel Rubí, quien fue electo diputado por el Partido Nacional para el período 2018-2022.
El 27 de enero de 2022, un nuevo pleno de magistradas y magistrados asumirá la titularidad en la Corte Suprema de Justicia, y uno de sus principales retos será crear una ley que aleje a los políticos de magistraturas y judicaturas de alto nivel.
