Por: Redacción CRITERIO
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Los comerciantes capitalinos son del criterio que la ratificación del 1.5 por ciento de Impuesto sobre la Renta (ISR) a los ingresos de las empresas, dejará una gran cantidad de desempleados.
El impacto que tendrá la ratificación del 1.5 por ciento del ISR sobre las ganancias de las compañías, será de al menos en dos millones de desempleados en el país, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra.
El empresario capitalino apuntó que esta medida lo que hace es descapitalizar las empresas, porque es un impacto duro para sus finanzas, además es confiscatoria y debido a esto muchos negocios analizan la reducción de su capacidad operacional y el recorte de empleos.
Agregó que esta situación les preocupa, porque el sector empresarial está enfocado en el desarrollo económico de la nación y, por lo tanto, en el diálogo nacional que impulsa el Presidente Juan Orlando Hernández, será uno de los temas a tratar en relación a las medidas tributarias.
El cobro de 1.5 por ciento de impuesto de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas se ha convertido en una “extorsión” del gobierno. Así opinó Armando Urtecho, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el 9 de marzo de este año cuando se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el avance de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado contra este cobro.
Urtecho manifestó que, “Creemos que hay un abuso del gobierno porque es doble carga y se supone que con la Constitución vigente no debería haber doble tributo”.
Recalcó que, “Cuando a usted le están cobrando y la Constitución establece que no debe haber doble tributo sobre las mismas ganancias hay una extorsión de parte del Estado”.
El Congreso Nacional aprobó el 19 de diciembre de 2013, en un único debate la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión que contempla varias medidas tributarias donde establece el 1.5% que los empresario rechazan.
Dicha ley establece que las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país pagarán el 1.5% sobre los ingresos brutos iguales o superiores L3,000,000.00 del período impositivo, cuando la aplicación de las tarifas señaladas en el incisos a) y b) del Artículo 22 de la ley resultare menor al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos brutos.
