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Hondutel, otra carga heredada al nuevo gobierno; sus trabajadores exigen pago de salarios atrasados

Hondutel

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Tegucigalpa. –Los trabajadores de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) paralizaron sus labores este jueves exigiendo el pago del salario de noviembre, el décimo cuarto mes y los incrementos salariales de 2020 y 2021, con base al contrato colectivo.

Hondutel pasa por una larga y sostenida crisis a raíz de un proceso de privatización que surgió con el ingreso de las empresas de telefonía móvil a mediados de los años noventa. Esta crisis se ha profundizado en los últimos gobiernos e incluso desde hace algunos años se maneja el inminente cierre de operaciones y su venta, que incluye equipo y bienes patrimoniales.

La empresa además se vio afectada por la competencia desleal que generó la creación de empresas de telefonía que debían operar en los lugares donde la empresa estatal no tenía presencia, pero terminaron operando en las principales ciudades, generando así una competencia desleal y perdidas para la empresa del Estado.

Otro de los aspectos que han generado perdidas a la estatal telefónica es el tráfico ilegal de llamadas internacionales que se conoce como “tráfico gris”. En el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) se implementó una política de combate a estas actividades ilícitas, sin embargo, fue truncada por presiones de las élites empresariales que estaban ligadas a estas acciones.

También, en la administración Zelaya se lanzó el servicio de telefonía móvil o celular dentro de la plataforma de Hondutel a través de las marcas Tegucel y Sulacel, pero fue abortado en los siguientes gobiernos provocando una rebaja en los ingresos de la empresa.

Hondutel, que opera desde hace más de 45 años, se enfrenta a pérdidas que se estiman superaran los 41.3 millones de dólares (alrededor de 1.000 millones de lempiras). La precariedad ha conllevado hasta cortes de energía eléctrica por falta de pagos y por ende la suspensión automática del internet, provocando desfases en los trabajos del personal.

El corte de energía eléctrica se dio luego de acumular una deuda con la Empresa Energía Honduras (EEH) de 18.6 millones de lempiras (unos 450 millones de lempiras).

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores, especialmente los del área técnica, es la falta de viáticos para cubrir la alimentación y hospedaje cuando se trasladan al interior del país por lo que se procura que los viajes se efectúen en un solo día, regresando a la ciudad en horas de la madrugada.

Hondutel pasó de ser una empresa rentable, aportante de recursos para la sostenibilidad de varias instituciones estatales encargadas de los programas sociales, a una institución en quiebra.

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CIERRE Y CRISIS LABORAL

Como parte del inminente cierre la empresa pasó de tener más de 5,000 trabajadores en los últimos diez años a 2,100. Actualmente solo 1,000 llegan a trabajar a las oficinas porque el resto han sido favorecidos con medidas de contención por la pandemia de la Covid-19, denunció un empleado que optó por el anonimato ante el temor a represalias.

De los 2,100 trabajadores, 400 son técnicos y 1,700 del área administrativa.

Además del problema de los trabajadores de Hondurel, el nuevo gobierno que encabezará, Xiomara Castro, a partir del 27 de enero, se enfrentará a una crisis laboral debido a que el actual gobierno aprobó recientemente el Decreto Ejecutivo PCM-130-2021 que otorga acuerdos de nombramiento a todos los empleados de la administración pública centralizada que se encuentran bajo la modalidad de contrato de trabajo con vigencia al 31 de diciembre.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, interpuso el miércoles un recurso de inconstitucionalidad al referido decreto ejecutivo argumentando que no existe el presupuesto para otorgar los acuerdos, por lo tanto, su cumplimiento dejaría un problema laboral al nuevo gobierno.

El congresista dice que muchos de los empleados públicos no cumplen con los requisitos para ser nombrados, por lo que debería ser una tarea del nuevo gobierno determinar quién es nombrado y quien no.

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