Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En las últimas horas los gobiernos de Honduras y Guatemala evidenciaron su postura de vasallaje ante las políticas migratorias de los Estados Unidos al violentar los derechos humanos de un grupo de migrantes procedentes de Cuba, Haití y África, que desde inicios de marzo han estado varados en la zona sur de Honduras.
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Dando cumplimiento a los acuerdos migratorios firmados el año pasado con Washington, los gobiernos de Honduras y Guatemala están conteniendo la migración de extranjeros que transitan por sus territorios en su ruta hacia la nación del norte.
Mediante un comunicado emitido el 3 de junio, los gobiernos de Honduras y Guatemala hicieron referencia a un grupo de más de 100 personas procedentes de Cuba, Haití y África que desde marzo pasado se encuentran varadas en el departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.
Los dos países centroamericanos justifican su accionar a las medidas de contención para evitar el contagio del Covid-19. En ese sentido establecieron en el comunicado que ambos países han restringido el ingreso de extranjeros a sus países por cualquier vía: terrestre, marítima y aérea, exceptuando la población extranjera residente en cada país.
Además, el comunicado especifica de manera literal que “Honduras y Guatemala externan su preocupación por la movilización de grupos de personas que viajan desde la región sur de Honduras, con falsas expectativas de ingresar a otros países. Existe un grupo de personas en condición irregular, el cual ingresó a Honduras por puntos no autorizados con Nicaragua”, añade la misiva.
Faltando a la verdad, en el mismo comunicado se anuncia que, como una opción alterna, ante el actual contexto de la emergencia sanitaria, se les ha ofrecido a los migrantes un retorno voluntario asistido a sus países de origen, pero que los migrantes no han querido acogerse a esta medida.
Cabe señalar que el grupo de 105 migrantes, permanecen en tierras hondureñas desde marzo anterior, es decir que desde hace casi tres meses. De acuerdo con lo denunciado en el informe “Situación de Migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca en abril pasado, al menos 80 migrantes se encontraban en detención por falta de salvoconductos que les permitiera seguir con su ruta hacia Estados Unidos de Norte América.
“En Choluteca se cuenta con una oficina Regional de Migración, esta institución a la vez cuenta con un Centro de Atención al Migrante (CAMI), con un espacio con capacidad para albergar a 30 personas. Debido a la pandemia de Covid-19, y a las diferentes medidas que ha tomado el Gobierno Central, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), esta oficina permanece cerrada, dejando a la intemperie a estas personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los Países del Norte”, detalla el informe.
El terror a las caravanas
Para evitar la propagación del Covid-19 el gobierno de Honduras decretó un estado de excepción a partir del 15 de marzo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos radicadas en la ciudad de Choluteca contabilizan que, durante la semana del 12 al 18 de marzo, ingresaron a su ciudad más de 100 personas procedente de África, Haití y Cuba, en su mayoría hombres, pero también mujeres, e incluso en estado de gestación y menores de edad. Lo anterior implica que muchos migrantes ingresaron antes de que se decretara el estado de sitio.
Estas personas permanecieron hasta el 02 de junio (al menos 80 días), en condiciones de precariedad. CRITERIO.HN publicó en abril pasado un reportaje sobre la situación calamitosa de los migrantes ante la falta de albergues y atención por parte de las autoridades migratorias.
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Los migrantes han sufrido las consecuencias de la inoperancia de las autoridades migratorias de Honduras que les imposibilitan su salida por la falta de atención que permita el pago de una multa de casi 200 dólares por persona, en apego a la Ley de Migración y Extranjería.
CARAVANA
Bajo este contexto de apatía estatal, los migrantes emprendieron el pasado 02 de junio a las 6:00 de la mañana su salida definitiva del territorio catracho mediante la “caravana por la libertad”, ello en alusión a su condición de detención forzada en Honduras.
El mismo día de la salida de la caravana, policías y militares impidieron su arribo a la frontera entre Guatemala y Honduras, lo que conllevó a que los migrantes reorientaran su ruta hacia la zona centro del país para posteriormente buscar la salida por el norte del territorio hondureño.
En esa nueva ruta, los migrantes fueron requeridos en la posta policial de El Tizatillo en el kilómetro nueve, salida al sur del Honduras donde al menos 64 integrantes de la caravana fueron bajados de un camión particular que los trasladó desde el sector de Pavana, en Choluteca.
En la posta policial de El Tizatillo, bajo el argumento de realizar la prueba del Covid-19 se imposibilitó el ingreso del camión en el que se transportaban los migrantes y tras más de tres horas varados en medio de una lluvia potente y fuertes vientos, los integrantes de la caravana fueron trasladados a la capital por el Instituto Nacional de migración (INM).
La caravana fue desintegrada por las autoridades del INM, ya que de acuerdo con el protocolo impuesto por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), los migrantes deberán permanecer durante 14 días en cuarentena tras habérseles realizado la prueba Covid-19.
Los migrantes fueron divididos en tres diferentes centros de atención, ubicados en Tegucigalpa, y en el caso de los menores de edad fueron entregados, junto a sus madres, a las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
La defensora de derechos humanos de la ciudad de Choluteca, Wendy Mendez Ocampos, denunció que durante su estadía en aquella zona, una parte de los miembros de la caravana fueron sometidos en reiteradas ocasiones a las pruebas Covid-19, pero sus resultados nunca les fueron compartidos.
Méndez Ocampos contó, además que a los recién nacidos y a las parturientas, que fueron atendidos en el Hospital del Sur, se les practicaron las pruebas antes y después del parto y que tampoco se les proporcionó los resultados.
En abril de 2019, Estados Unidos inició el proceso para cortar la ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador, como represalia por la proliferación de caravanas de migrantes de estos tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En aquel entonces el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el fenómeno social a un desinterés de los gobiernos por controlar la salida de migrantes hacia el norte. En octubre de ese mismo año, Trump anunció el inicio de un programa de “asistencia específica en áreas de orden público y de seguridad”, para los países del Triángulo Norte.
El destino final de los migrantes irregulares que integraban “la caravana por la libertad”, de acuerdo con el comunicado en conjunto emitido por los gobiernos de Guatemala y Honduras, será el retorno voluntario asistido a sus países de origen, que pese al cierre de todas las fronteras por la pandemia del Covid-19 podrá ser posible, gracias a la visión humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la política anti-migración ordenada por el Gobierno de los Estados Unidos.
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