Tegucigalpa.- La mayoría de las violaciones a los Derechos Humanos, en Honduras, queda en completa impunidad, en especial los crímenes contra los defensores ambientalistas que desde 2010 han muerto más de 120 personas y la cifra se incrementó en 2019.
Según datos del informe de Global Witness, publicado el 2 de marzo de 2020, esclarece que en 2019 se registraron 27 muertes a personas defensoras del medio ambiente, además, según Front Line Defenders, determina que la justicia selectiva es utilizada para atacar a los líderes ambientalistas y disuadirlos de continuar su trabajo en defensa del territorio y los recursos naturales en Honduras.
De acuerdo con el informe, en América Latina la violencia contra los defensores, quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta, deben enfrentar la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato.
“Aparecemos en los cincos países más peligrosos a nivel mundial. Global Witness lo puede probar de forma documentada que lleva registro de asesinatos, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo prueba a partir del registro de solicitudes de medidas cautelares y la mayoría de las medidas que recibe la comisión es por la defensa de la tierra y el territorio”, detalló la defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya.
El pasado 1 de septiembre de 2019, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), se encuentran privados de su libertad, sin ninguna base legal, esto por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería del río Guapinol, fuente de agua potable de catorce comunidades circundantes, hecho que resultó en la muerte de animales y en enfermedades entre las y los habitantes del área.
También lea: Honduras, uno de los países más hostiles para defensores de DD HH en 2022 » Criterio.hn
El coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández, ratificó que muchos defensores están experimentando una situación muy precaria porque se ha utilizado la institucionalidad como una herramienta fundamental para disuadirlos y apartarlos de la lucha.
Kenia Oliva, del bufete Justicia para los Pueblos, menciona que existe un debilitamiento a la institucionalidad como el Ministerio Público (MP) y el Poder judicial, es decir, estas instituciones están secuestradas por el poder político y económico del país.
Además, la aprobación del Nuevo Código Penal obstaculiza la búsqueda de justicia debido a que todos los casos que estén relacionados con el reclamo ciudadano o la defensa de derechos, el nuevo código los tipifica como delitos.
“Es delito protestar o hacer un plantón frente a una institución pública y es delito no obedecer una resolución administrativa cuando en derecho penal, por ejemplo, solo es delito la desobediencia y desacato a las órdenes judiciales, sin embargo, este nuevo código va a criminalizar con mayor facilidad a los y las defensoras” detalló, Oliva.
Esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y el medio ambiente.
“Las instituciones de protección de defensores no funciona, hablamos de que el Ministerio Público tiene una política de persecución y no de investigar a quienes atacan a los defensores, a parte del caso de Berta Cáceres, la impunidad recae en los asesinatos de los líderes comunitarios, también en amenazas y hostigamientos” mencionó, Reina Rivera.
Dentro del informe también menciona que entre los y las activistas que continúan amenazados se incluyen las comunidades de Guapinol, en Honduras. Decenas de personas defensoras de la tierra y del agua han sido arrestadas en los últimos años por protestar pacíficamente contra una concesión minera de óxido de hierro otorgada por el gobierno central en un área protegida que, hasta el momento, se estiman más de 300 concesiones de proyectos mineros de los cuales, la mayor parte pertenece a Cortés y a Olancho.
“La legislación hondureña favorece la entrega del territorio, por ejemplo, tenemos la ley de agua, la ley de minería, los proyectos eólicos, están abiertos a que el país desarrolle proyectos empresariales sin consultar a las comunidades generando violencia contra las personas”, destacó, Reina Rivera.
Nota relacionada: https://criterio.hn/honduras-registra-302-concesiones-mineras-cortes-y-olancho-encabezan-la-lista/
Edmundo Orellana, primer fiscal general de Honduras, explica que, aunque hubo instituciones como la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) y ahora existe el Instituto de Conservación Forestal (ICF) nunca ha existido un compromiso real con los bosques y tampoco las entidades respectivas con los recursos naturales al grado que todas las fuentes de agua han sido concesionadas y en materia minera, se otorga de forma irresponsable estas concesiones para su explotación.
