Estrategia&Negocios
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La caída del hondureño Grupo Continental y, previamente, la del cartel criminal Los Cachiros (quienes arrastraron a la familia Rosenthal a la debacle) es un emergente claro de hasta qué punto el dinero proveniente del lavado de dinero y otras actividades criminales permea una economía, genera empleos, y cuando cae desestabiliza a un amplio entorno de trabajadores, consumidores y, en definitiva, a la economía en la que introdujo su financiamiento.
El dinero del narco deja tendales de consecuencias. Ahora, el gobierno de Honduras deberá hacerse cargo de garantizar la devolución de depósitos del Banco Continental, liquidado.
La liquidación forzosa de Banco Continental, operada este fin de semana en Honduras, no es sólo un hito más de la saga iniciada con la denuncia del Departamento del Tesoro de los EE.UU. contra la familia Rosenthal (propietaria de Continental) y sospechada de facilitar el lavado de dinero al narcotráfico.
La liquidación de esta institución (generaba 11 mil empleos directos, 25 mil indirectos) es el emergente más claro de lo que produce el apañamiento estructural del financiamiento de la economía real con dinero proveniente del crimen. Un «apañamiento» que tiene como responsables a políticos (sin distinción de partidos), empresarios, instituciones reguladoras, gobernantes… y no durante uno o dos años, sino décadas.
El reinado del cartel de Los Cachiros (fuente de los capitales que habrían contribuido a lavar los Rosenthal) ha sido el más largo de la historia del narcotráfico en Honduras. Duró desde marzo de 2004 hasta el 21 de enero de 2015, cuando se produjo la entrega de Javier Rivera Maradiaga y su hermano Leonel (líderes de la organización) a las autoridades estadounidenses.
Probablemente, si no fuera por la puesta en marcha de la Alianza para la Prosperidad (millonario financiamiento estadounidense enfocado al Triángulo Norte de Centroamérica para combatir la corrupción y luchar contra el crimen), la presión sobre este cartel no hubiera ocurrido, y su reinado como el mayor comprador de cocaína en el Atlántico y proveedor de logística para el cartel de Sinaloa hubiera continuado.
En una década, ¿cuántos negocios en la economía real generaron Los Cachiros? ¿Cuántos políticos, jueces, empresarios, policías se beneficiaron de ese crecimiento? Desde 2010, la familia Rivera Maradiaga invirtió en una amplia gama de negocios: gasolineras, centros comerciales, procesadoras de palma, haciendas, un zoológico, hoteles y transporte.
«El gobierno de Honduras ignoró al grupo criminal hasta hace poco. Sin embargo, recientemente el gobierno de Estados Unidos comenzó a mostrar un especial interés en Los Cachiros, atacando los activos del grupo. En septiembre 2013 ejerció fuerte presión sobre el gobierno hondureño para que confiscara entre US$500 millones y US$800 millones en propiedades de la familia», afirma el sitio
Especialistas en temas de narcotráfico aseguran que el «caso de Los Cachiros» hubiera terminado con el encarcelamiento de sus líderes en Estados Unidos, a donde se entregaron por temor a ser asesinados en Honduras. Sin embargo, la decisión de ellos de hablar (para obtener beneficios en sus penas) es que generó el «caso Rosenthal» y puso a temblar a las élites hondureñas.
El punto es, dicen los expertos, el círculo del narcotráfico empieza con los productores, sigue con los distribuidores y vendedores y acaba con la introducción de sus ganancias a la economía real, y allí las responsabilidades se expanden, tanto como las dramáticas consecuencias que se producen cuando se destapa el circuito del dinero.
«Esto no es privativo de Honduras, ocurre en todas las economías permeadas por el narcotráfico», afirmó un experto consultado por E&N. A juicio de esta fuente: «Es un desafío para los gobiernos investigar, hacer justicia, encontrar a los responsables, pero también garantizar que el impacto social de las pérdidas de empleo no acelere el deterioro social». Esto supone una aceitada ingeniería para que empresas infiltradas por el narco puedan ser asumidas interinamente por autoridades regulatorias y conducir su reconversión o liquidación contemplando los intereses de consumidores, usuarios y trabajadores.
Claramente, hoy los consumidores, usuarios de servicios y trabajadores son también víctimas del daño colateral que genera la «economía-narco» apañada estructuralmente.
El lavado de dinero representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Según datos de la Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC), si se acaba con el lavado de dinero que procede de actividades criminales, la economía de Estados Unidos bajaría entre un 19% a un 22%.
Estas son las verdades que casos como el de Los Cachiros y el de los Rosenthal están dejando en evidencia fáctica. Verdades que demandan una profunda consciencia de las responsabilidades que demanda la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Los costos sociales de la «fiesta irrefrenable» del narco está generando demasiadas víctimas y hay un escaso, para no decir nulo, sinceramiento de los verdaderos actores y responsables.(tomado de Estrategia &Negocios)
