Tegucigalpa.- Vicky Hernández y otras Versus Honduras, es la segunda sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Honduras por violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El investigador en Derechos Humanos, Joaquín Rivera, compartió con Criterio.hn que esta segunda sentencia de la Corte IDH vinculada a la ruptura constitucional del 2009, «refleja la gravedad de la situación que se generó con el golpe y obviamente la vulnerabilidad en que se colocó a la población; particularmente aquella población en mayor vulnerabilidad como las personas LGTBI+».
Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del «Colectivo Unidad Color Rosa». La noche del 28 de junio de 2009, Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que fue decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.
El investigador en Derechos Humanos expuso que el asesinato de Vicky Hernández se dio en el marco de un toque de queda, donde quienes mantenían el control de la calle eran policías y militares. A partir de esto y los relatos de testigos, para la Corte IDH hay indicios racionales de que quienes asesinaron a Vicky están vinculados con las fuerzas policiales.
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Tanto el caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, como López Lone y otros Vs. Honduras, abren el camino para que nuevos casos que se han mantenido en la impunidad en el contexto del golpe de Estado sean conocidos por instancias internacionales, manifestó Rivera. Por lo que afirmó que se debe continuar «exigiendo que el sistema de justicia nacional se active para evitar la impunidad» en los hechos ocurridos en el contexto de la ruptura constitucional de junio de 2009.
El investigador en Derechos Humanos dijo previamente a Criterio.hn que la crisis provocada por el golpe de Estado de 2009 sentó las bases de la actual dictadura en Honduras, la cual se alimenta de la impunidad en la que permanecen los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del golpe de Estado y que fueron señalados en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
El caso López Lone y otros refiere a la destitución de cuatro jueces del Poder Judicial a través de «procesos disciplinarios» iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado. Honduras fue encontrada responsable por la violación a la libertad de expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el principio de legalidad.
REPARACIONES EN CASO VICKY HERNÁNDEZ
El investigador en Derechos Humanos, Joaquín Rivera sostuvo que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Vicky Hernández es fundamental en la lucha contra la impunidad y los derechos de las personas LGTBI+ en Honduras.
Además, señaló que ahora inicia la lucha de la Red Lésbica Cattrachas -que llevó el caso ante el Tribunal- y la Mesa de Seguimiento de Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento), para lograr el cumplimiento gradual de las reparaciones ordenadas en la sentencia, como se cumplió en el caso López Lone y otros Vs. Honduras.
En su sentencia, la Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Honduras entre las que se encuentran el promover y continuar las investigaciones por el homicidio de Vicky Hernández, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la realización de un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.
De igual forma, ordenó la creación de una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; la creación e implementación de un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida.
Desde el golpe de Estado de 2009, se han registrado 388 muertes violentas de personas LGBTI y una desaparecida. Del total de las muertes, solo 83 han sido judicializadas, obteniéndose únicamente 34 sentencias condenatorias, reportó el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas.
