Por: Javier Suazo
El destacado economista chileno ya fallecido, Carlos Matus, que fue ministro de Salvador Allende en Chile, destaca la importancia de la planificación conjunta de actores y no solo por uno de ellos, caso del gobierno, cuando refiere a la definición y ejecución de acciones orientadas a solucionar problemas económicos y sociales. El argumento de fondo es que, en la práctica de la planificación tradicional centralizada, recae en el gobierno todo el acto de planificar, sin importar la opinión de los demás actores, sean privados, sociales, académicos e incluso públicos no muy convencidos de la misma.
Con la planificación situacional decía Matus, se reconoce la existencia del “Otro” en la planificación.
En los gobiernos de corte progresista latinoamericanos, se reconoce el “Otro” en la planificación, no solo como potencial (es) beneficiario (s) del proceso, sino como sujeto (s) activo(s) que aportan ideas, recursos y experiencias. Este “Otro”, es el pueblo mismo y sus organizaciones, que han sido marginadas del proceso planificador. El rol del gobierno es de facilitador del proceso, generando las metodologías e instrumentos de política pública necesarios para garantizar que el “Otro” de la planificación forme parte activa del proceso planificador.
En Honduras, la presidenta electa, Xiomara Castro, presentó a la colectividad nacional su propuesta política de gobierno. Ya en el poder, esta propuesta debería convertirse en un Plan Estratégico de Gobierno de Mediano Plazo 2022-2026, como un instrumento que, en el marco de la propuesta anterior, guiará las acciones de las instituciones públicas y demás actores en la consecución de los grandes objetivos y metas de desarrollo nacional, los cuales tienen relación con la reducción de la pobreza, aumento del empleo, la seguridad alimentaria, protección de los derechos humanos, acceso universal a la salud y educación, vivienda popular, protección ambiental, transparencia y la seguridad interna del país, sus ciudadanos y bienes.
Aunque hay avances importantes en este campo, han surgido varias dudas sobre la pertinencia de la vigencia de este instrumento de política pública, y de la efectividad que presume. Una de ellas, es la desvalorización del instrumento por la pérdida de confianza en la planificación después de mucho tiempo de oscuridad, donde los planes estratégicos o desarrollo se elaboran para cumplir un requisito legal-institucional, no para responder a las demandas de la población en forma planificada, estableciendo prioridades y asignación de recursos a la solución de los problemas más urgentes.
La otra es la creencia que los procesos de planificación en el país no permiten integrar a las instituciones de gobierno en las decisiones de política pública, mucho menos a los actores económicos, sociales e incluso políticos, ya que el centralismo y autoritarismo se imponen como practica de mando vertical de gobierno.
A ello se suma el hecho que Honduras no cuenta con un gobierno intermedio o meso, que sirva de puente entre las aspiraciones y demandas de la población y la oferta de políticas, programas y proyectos del gobierno central, especialmente en el que respecta a la asignación de recursos y promulgación de leyes que beneficien a los actores y población de tierra dentro.
En el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013) se trató de crear este gobierno con el nombramiento de comisionados regionales y la creación de unidades de planificación regional, pero todo fue desmantelado por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), al modificar la ley de planificación (Visión de País y Plan de Nación), y crear gabinetes sectoriales para centralizar aún más los recursos y el poder.
La Secretaría de Planificación Estratégica ha venido avanzando en la conformación del Plan Estratégico de Mediano Plazo como mandato constitucional, con la participación activa de las demás Secretarías de Estado y organizaciones descentralizadas, sobre todo en la conformación de las metas e indicadores. Ello es así, ya que la práctica en Honduras demuestra que estos instrumentos se han conformado por decreto e imponen a la institucionalidad pública, donde gran parte de las instituciones no tienen ni idea de cómo se llegó a ello y cuáles son las acciones a ejecutarse para cumplir los objetivos, metas e indicadores; no digamos el ciudadano común que espera o seguirá esperando que la solución se dé por “goteo”.
El problema se agravaba cuando se trata de acompañar el proceso de construcción de este u otros instrumentos, caso de la agenda nacional ODS 2030, o las políticas de Estado en temas de acceso a activos productivos y soberanía alimentaria para la población, generación de empleos masivos o de desarrollo territorial, con la participación de organizaciones sociales, gremiales y políticas representativas de lo que usualmente se llama “poder popular”, invisibilizado por la ejecución de políticas y programas de estabilización económica y ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial en el marco del modelo de corte neoliberal.
En países latinoamericanos como Bolivia, por ejemplo, el fortalecimiento de los sistemas de planificación a todos los niveles de gobierno va a la par con la reivindicación de derechos cercenados a la ciudadanía, especialmente a campesinos, comunidades étnicas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y miembros de la comunidad lésbica-gay. Es decir, el proceso de planificación se construye, monitorea y evalúa con ellos, al crear las instancias de participación y representación pública y social. Para tales propósitos, el gobierno debe aprobar las políticas y planes pertinentes, caso particular del Plan Estratégico de Mediano Plazo, también llamado plan de desarrollo de gobierno una vez ya en el poder, o sea al constatar la situación económica, social, política, cultural y ambiental que enfrenta el país.
El Plan Estratégico se constituye en el marco orientador que permite a la Secretaría de Finanzas poder establecer criterios técnicos para definir las prioridades en la asignación de recursos, igual monitorear y evaluar los niveles de gasto, grados de cumplimiento de metas e impactos. También ayuda a la cooperación internacional a redefinir sus prioridades sectoriales para conformar la cartera de programas y proyectos que deben ser apoyados con los recursos disponibles pare el país, sean de cooperación multilateral o bilateral.
El desconocer la vigencia de un instrumento de este tipo, puede generar una dinámica planificadora que utiliza cualquier instrumento de planificación de arrastre, vigente o por construir como referencia para definir las acciones institucionales, muchas de las cuales sin consulta con la base popular. Estos instrumentos, tal como ha sucedió en el pasado, son los planes sectoriales, muchos de los cuales incompletos por la falta de concesos y recursos, y las estrategias de combate a la inseguridad pública y corrupción, sin vínculos con los grandes objetivos de desarrollo nacional.
De allí que la orden del día de la presidente electa sea la formulación y aprobación del Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026 por los miembros del Sistema Nacional de Planificación Económica y Social, y de las instancias de gobierno del poder popular creadas o por crearse.
Choluteca, Honduras, 22 de junio de 2022
