Edickson Lemus fue asesinado en plena luz del día, pero su caso sigue sin resolverse. A 19 años del crimen, su familia y la CNTC denuncian la impunidad y exigen que se haga justicia en un país donde los defensores de la tierra enfrentan constante peligro
Tegucigalpa, Honduras. – Este año se cumplen 19 años desde el brutal asesinato de Edickson Roberto Lemus, coordinador de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), una de las principales organizaciones campesinas de Honduras. Su muerte, envuelta en amenazas y actos de represión, sigue sin resolverse, dejando un vacío de justicia que clama por respuestas.
El 24 de mayo de 2005, Edickson Roberto Lemus se dirigía en autobús hacia el Grupo Renacer de la Comunidad de Pajuiles, una zona recientemente afectada por un desalojo forzoso ordenado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, el 19 de mayo de ese año. En medio de estos desalojos, Lemus había sido amenazado de muerte si volvía a la comunidad. Aunque presentó una denuncia formal ante las autoridades, estas se declararon incapaces de brindarle protección.
Ese día, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un hombre no identificado abordó la unidad en la que se trasladaba Lemus y le disparó cuatro veces causándole la muerte inmediata.
El asesinato de Edickson Roberto Lemus, sacudió a la comunidad y generó un clamor por justicia. Sin embargo, a lo largo de estos 19 años, las investigaciones han sido insuficientes y han carecido de avances significativos. Los responsables del crimen no han sido identificados ni llevados ante la justicia, lo que ha perpetuado la sensación de impunidad y desamparo entre los defensores de derechos humanos en la región.
Juan Romero, hermano de Edickson Lemus, expresó que “el asesinato de Edickson fue político, por una motivación agraria”. Además, señaló que la intención de perpetrar el acto violento fue para darle una lección al movimiento campesino, que desde hace décadas está luchando por su derecho a la tierra.
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EXIGEN JUSTICIA
Aunque hubo una detención del supuesto hechor, desde el inicio y hasta la fecha, la familia del defensor, sostiene que la fiscalía acusó a otra persona y no al verdadero responsable. “Desde el primer momento supimos que esa persona no era la responsable porque no cuadraba la acción policial y el momento del asesinato”, señaló Juan Romero.
La Fiscalía al no poder sustentar la participación de quien tenía detenido, lo dejaron en libertad después de pasar más de dos años en prisión preventiva. A raíz de ello, de acuerdo con el testimonio de Romero, el caso fue desestimado y no se volvió a presentar acción penal contra otra persona.
Bajo este contexto, de una investigación inicial deficiente, los responsables del crimen siguen impunes, perpetuando un ciclo de injusticia que debilita la confianza en el sistema judicial del país.
De acuerdo con Juan Romero, es pertinente que el caso se vuelva a reabrir, “es necesario hacer justicia”.
Además, remarcó que la investigación del asesinato de su hermano, es de los más fáciles de resolver porque “fue un asesinato a la luz del día con más de 80 testigos quienes pudieron perfectamente identificar los rostros de los asesinos materiales e intelectuales”. La familia de Edickson no descarta que en su asesinato hay complicidad por parte organismos del Estado para proteger a los asesinos.
De igual manera, Lilian Borjas, secretaria general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC, lamentó que hasta la fecha no haya justicia para el defensor del derecho a la tierra. “La muerte del compañero está en la impunidad, ni el gobierno, ni las autoridades ni nadie han hecho nada por esclarecer este crimen, expresó.
Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han alzado su voz repetidamente, exigiendo una investigación exhaustiva y el castigo a los responsables. Amnistía Internacional ha destacado el caso de Lemus, subrayando las amenazas que recibió y la indiferencia de las autoridades al respecto. Sin embargo, a pesar de estas presiones, el sistema de justicia hondureño parece estar estancado, incapaz o renuente a proporcionar las respuestas necesarias.
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PERSISTENTE VIOLENCIA
El aniversario del asesinato de Lemus es un recordatorio de la lucha constante por los derechos humanos y la justicia en Honduras. Las y los defensores y las comunidades siguen enfrentándose a amenazas y violencia, en un entorno donde la impunidad parece ser la norma.
Lilian Borjas, cuestionó el accionar de las autoridades estatales ya que como la muerte violenta de Edickson Roberto Lemus, otras muertes de defensores han quedado en la impunidad. “No hay justicia porque el campesinado, la persona que lucha por el acceso a la tierra y por los bienes comunes, nunca les ha interesado a los gobiernos”.
Pese al clima hostil de violencia que enfrentan los movimientos campesinos, de acuerdo con Liliam Borjas, los movimientos campesinos siguen más fuertes. “A veces los gobiernos, el mismo Estado, lo terratenientes y empresarios creen que con asesinar a los dirigentes a los lideres campesinos las organizaciones se debilitan, pero es cuando agarramos más fuerza”.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), en 2023 documentó 15 asesinatos de personas defensoras y 2 periodistas. De estas víctimas, 13 estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, siendo este el año más viento para los defensores.
En junio de 2023, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, instaló la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, establecida en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa con el supuesto de dar respuesta a la conflictividad vinculada a la tierra. Sin embargo, la Oacnudh documentó la ejecución de al menos 37 desalojos, la mayoría en perjuicio de empresas campesinas y cooperativas agrarias.
