Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. El gobierno de Honduras, bajo el liderazgo de Juan Hernández, acordó pagar más de US $475,000 a una firma de abogados residente en Washington, DC, que intentó presionar en 2019 a los fiscales estadounidenses que investigaban a Antonio Hernández por delitos relacionados al narcotráfico, reveló el Washington Post.
Criterio.hn publicó el 21 de marzo cómo una firma de abogados intentó influir en el caso contra «Tony» Hernández advirtiendo sobre lo que ellos consideraban «consecuencias colaterales», en las que se incluía el «cierre de bases militares estadounidenses» en Honduras. Sin embargo, se desconocía el nombre del bufete de abogados y el monto acordado a pagar.
De acuerdo al Washington Post, la firma de abogados involucrada en la fallida campaña de influencia es Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, «una de las firmas más elitistas y prominentes de Washington». Además agrega que entre los ex integrantes del bufete están el ex candidato a la Corte Suprema y actual Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, y el ex asesor general de la CIA, Jeffrey H. Smith. Sus socios actuales incluyen a John B. Bellinger III, ex asesor legal del Departamento de Estado en la administración de George W. Bush.
La información fue obtenida por el Washington Post a partir de los formularios de divulgación de cabildeo extranjero que llenó Arnold & Porter para el Departamento de Justicia. En la documentación, presentada el 23 de septiembre de 2019, el bufete de abogados manifestó la firma de una carta de acuerdo el 27 de agosto con la entonces ministra de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora, acordando el pago de $ 475,000 hasta el 30 de noviembre y luego por hora, más gastos, para proporcionar servicios legales «en una transacción de los mercados de capitales internacionales».
El diario estadounidense, además señala que la firma de abogados acordó «brindar asesoramiento relacionado y la debida diligencia a Honduras, uno de los países más pobres y violentos del hemisferio occidental, y participar en actividades políticas en su nombre sobre «asuntos que afecten las relaciones entre Estados Unidos y Honduras». El acuerdo fue firmado por el socio de la firma, Eli Whitney Debevoise II, quien fue representante para los Estados Unidos ante el Banco Mundial de 2007 a 2011, en el gobierno de George W. Bush.
Debevoise, junto a los abogados Samuel Witten y Arturo Caraballos, representaron a Honduras hasta el 31 de diciembre de 2019, según la documentación presentada por el bufete al Departamento de Justicia en enero de 2020. Asimismo Arnold & Porter anunció en junio que Debevoise y Caraballos formaban parte de un equipo corporativo y financiero que asesoró a Honduras en su emisión de US $600 millones en bonos soberanos a 10 años para refinanciar obligaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Tras la publicación del Washington Post, la congresista demócrata por California, Norma Torres, publicó un tuit en el que cuestionaba las prioridades del presidente hondureño Juan Hernández: «El gobierno hondureño no se preocupa por su propia gente que se muere de hambre y huye por miles, pero está gastando MUCHO en cabilderos para defender su narcotráfico».
The Honduran government doesn’t fret for its own people who are starving and fleeing by the thousands, but they’re spending BIG on lobbyists to defend their narco-trafficking.
@JuanOrlandH’s appalling priorities are on full display.https://t.co/l1IpXFurOw
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 2, 2021
Antonio «Tony» Hernández fue condenado, el pasado 30 de marzo, a cadena perpetua, más 30 años de prisión y la confiscación de US $138.5 millones, sin derecho a fianza, por delitos relacionados al tráfico de 185 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El hermano del presidente fue declarado culpable en octubre de 2019 y fue capturado en un aeropuerto de Miami en noviembre del 2018.
Durante la lectura de la condena, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, afirmó que el tráfico de drogas en el que participó «Tony» Hernández fue patrocinado por el Estado. Por su parte, la Fiscalía estadounidense señaló que las solicitudes de extradición contra de los coconspiradores de Antonio Hernández no son atendidas por el gobierno de Honduras.
