La llegada de los expertos de la ONU se ha venido postergando desde mayo; el gobierno dice ahora que llegarán en julio.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – Es lamentable que, por la ineficiencia del sistema de justicia de Honduras, se recurra a importar una comisión anticorrupción. Pero es la única forma de exponer cómo exfuncionarios y actuales se han encargado de socavar las instituciones públicas con la intención de navegar entre la corrupción y la impunidad.
“El combate a la corrupción es importante, y por eso apoyamos la venida de la CICIH, para que fortalezca las instituciones e investigue casos de corrupción de políticos. Pero es lamentable que tengamos que importar justicia a nuestro país”, dijo la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal.
“Sabemos que la raíz de los problemas en Honduras se llama falta de justicia porque hay corrupción e impunidad, y no funciona un verdadero estado de derecho, lo que a simple vista refleja que no hay, ni ha habido respeto a la ley y la Constitución de la República; es importante que seamos conscientes de eso”, añadió.
Planteó al Congreso Nacional que se logren consensos para derogar una serie de decretos que blindan la corrupción y, también, para que el Ministerio Público (MP) tenga plenas facultades para investigar, así como el cumplimiento de una de las condiciones que puso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Mientras no se investigue toda denuncia por corrupción, la impunidad seguirá campante en el país (…) eso es lo que le debe la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia al pueblo en general. Nosotros somos testigos y vamos a cuestionar las funciones que se estén desempeñando para darle celeridad a la derogación de estos decretos”, opinó.
Handal, dirigente de la Plataforma Amplía Nacional Liberadora (Panal) se refirió al memorándum de entendimiento entre la ONU y Honduras, que establece literalmente sobre la derogación del decreto 116-2019 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, cuyos dictámenes están listos en el Congreso, pero permanecen engavetados.
Otros hondureños que luchan en espacios en contra de la corrupción aseguran que será necesario revisar minuciosamente los decretos 93-2021, 57-2020 y 4-2022, que impiden el combate a la corrupción y continúan promoviendo la impunidad en el país.
Precisamente, estos decretos legislativos impiden que el Ministerio Público secuestre documentos sin previa autorización de un juez, amplían el secreto bancario en el caso de lavado de activos e incluyen delitos comunes como la malversación de caudales públicos en una amnistía.
Por ejemplo, el cuestionado decreto 93-2021, relativo al delito de lavado de activos, blinda a los políticos y narcotraficantes vinculados en actos de corrupción para mantener bajo la opacidad sus fortunas obtenidas de manera ilícita y, para que las justicia los procese, el Ministerio Público debe demostrar que esos recursos provienen de actos delictivos.
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UNA CICIH QUE TRABAJE CON EL MINISTERIO PÚBLICO
La postura de Juliette Handal coincide con la posición de Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quien planteó que la CICIH tenga las mismas facultades que tuvo la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para reforzar las instituciones de justicia.
“La misión en su momento va a venir y presentará sus acusaciones, y luego se irá porque no estará permanente. Entonces esas buenas prácticas que vino a implementar para acusar, ¿a quién se las va a heredar si trabaja al margen de lo que es el Ministerio Público?”, cuestionó.
A consideración de Santos, el mejor legado de la MACCIH fue el aprendizaje que dejó al recurso humano hondureño porque trabajaron de manera paralela en las investigaciones y presentaciones de casos de corrupción ante los tribunales de la Corte Suprema de Justicia.
“Ambos (Maccih y Ufecic) trabajaron bajo el mismo objetivo”, expresó.
Sin embargo, para que lo planteado por Santos se materialice se debe buscar un mecanismo alternativo a lo que establece el memorándum de entendimiento bajo los términos de referencia y los procedimientos previos firmado por Honduras y la ONU, en el que establecen que, para que la CICIH se instale, tienen que tener facultades plenas e independientes para investigar, sin tener que pasar por el Ministerio Público.
En 2016 llegó la MACCIH, y trabajó junto a la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), que libraba los requerimientos fiscales contra los imputados que la misión anticorrupción de la OEA presentaba.
Esta misión presentó 14 casos de corrupción en Honduras, y su periodo de vigencia fue por cuatro años (2016-2020). Y, tras no ser renovado el convenio de su vigencia por el Congreso, presidido por nacionalistas, a quienes se les involucró en varios casos, la Maccih no siguió operando en el terreno hondureño.
Entre los casos investigados por la MACCIH destaca: Pacto de Impunidad, Caja Chica de la Dama, Arca Abierta, Red de Diputados, Fraude sobre el Gualcarque, Licitación Fraudulenta del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y Fe de Erratas, en los que están vinculados diputados y funcionarios que se pasean por Honduras gracias a la impunidad.
PROCESO DE LA CICIH
Como parte de un avance, el pasado 27 de abril, la presidenta Xiomara Castro firmó los términos de referencia para la llegada de una misión de expertos de la ONU al país que, entre sus funciones, tendrá que ofrecer apoyo en la asistencia técnica en formación y entrenamiento del personal a cargo de investigar, enjuiciar y combate a la corrupción.
Según el memorando de entendimiento, suscrito el pasado 15 de diciembre, esta misión de expertos contará con la facultad de proponer nuevas leyes, así como de derogar normativas, bajo el objetivo de garantizar el correcto y prometido desempeño de la CICIH.
Desde el Poder Ejecutivo esperan que esta misión de expertos arribe a Honduras el próximo julio, y sólo están a la espera que la ONU afine detalles de carácter administrativo, explicó el canciller hondureño, Enrique Reina, el 5 de junio en una conferencia de prensa en la capital.
Aunque las autoridades del Poder Ejecutivo prometen la pronta instalación de la CICIH antes de que acabe este gobierno, en enero de 2026, varios analistas, en cambio, lo consideran difícil porque los actuales diputados, muchos de ellos señalados por corrupción, no permitirán que la misión los investigue y prueba de ello es que aún no derogan o aprueban las normativas que se requieren para su llegada.
“La CICIH no va a venir a Honduras. Eso sólo lo escribieron en el plan de gobierno. Expertos de la ONU vinieron en marzo para ver si se podía instalar y le pusieron trabas en el Congreso; trabas internacionales. Todo aquello que haga que la CICIH se instale”, señaló el designado presidencial Salvador Nasralla.
Añadió que “los políticos se ponen de acuerdo para protegerse entre ellos. Entonces mejor les dicen que no voten (en el Congreso) a favor de la llegada de la CICIH. Esto lo anticipé desde que fui sacado de la comisión que se hizo cuando vino una misión de expertos de la ONU a Honduras”.
