Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Las actuaciones del Estado de Honduras y 13 naciones más serán auscultadas este 5 de noviembre en el Examen Periódico Universal, (EPU), en Ginebra, Suiza, en un contexto de desapariciones forzadas durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 e incumplimiento a 150 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año anterior.
Honduras comparece por tercera vez y este año llega precedida de la desaparición forzada de 17 ciudadanos, cuyos casos han sido documentados y denunciados por el Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos, (FIDH).
La práctica repudiable de la desaparición forzada revive uno de los capítulos más tenebrosos en la historia reciente de Honduras, con los matices de encubrimiento, silencio e impunidad del pasado que hoy se refrescan con la influencia, como legado funesto, del gobierno de Álvaro Uribe, en Colombia.
En rueda de prensa virtual, Berta Oliva, Coordinadora del COFADEH y Gloria Cano, Secretaria General de la FIDH presentaron el caso de Cesar Roberto Ortiz Mejía, de 19 años, desaparecido el 22 de junio pasado en la capital de la república y cuyo último paradero fue la posta de la policía nacional en el barrio La Granja, en Comayagüela.
Jeannette Mejía, madre del menor, con voz entrecortada, relató las vicisitudes que vivieron y viven con su familia desde ese día cuando inició la búsqueda de su vástago pidiendo ayuda de la policía como a la Fiscalía del Ministerio Público y como las autoridades, lejos de colaborar, la victimizaron y parecieron encubrir el hecho.
La mujer relató que, tras recorrer todas las postas policiales pudo comprobar que el vehículo en el que César Roberto se trasladaba fue visto en la posta del barrio La Granja, y con localización geo referenciada del celular, que él estaba allí, lo que las autoridades negaron, no así vio que el reclamo de un padre de otro desaparecido que se encontraba detenido en ese lugar.
Además de quejarse de las actuaciones de un Sub Inspector de policía, apellido Rodríguez, que no aceptó la denuncia de la desaparición de este estudiante del tercer año de informática.
“En la Fiscalía y en la Policía dijeron que desaparecer no es un delito; qué interés tienen en la posta de La Granja para no aceptar la denuncia de desaparición de mi hijo, en otra posta nos dijeron que nos resignáramos, en otra que fue ejecutado y en algunos medios que sus documentos estaban en la posta del barrio La Granja”, apuntó la sufriente madre.
“Hemos traído la voz de una madre para que vean cómo se aproxima Honduras al examen Periódico Universal, para que vean el temor de una madre y su familia que responsabilizan al régimen de esta desaparición”, señaló la Coordinadora del COFADEH.
Oliva señaló que, si bien los nuevos casos no se vinculan en su actividad laboral se trata de personas jóvenes que fueron detenidos por personas que vestían a la usanza de los cuerpos de seguridad, como sucede en la desaparición de cinco líderes comunitarios garífunas secuestrados por hombres vestidos de Policías en el Triunfo de la Cruz, aspectos asequibles a las prácticas violatorias de derechos humanos en México y Colombia.
“No debemos olvidar que la asesoría vino desde el golpe de Estado; Álvaro Uribe estuvo varias veces en el país, por eso Honduras es tan similar a Colombia en meter miedo a las familias que buscan a sus desaparecidos y lo estigmatizan, incluso para que abandone el país, así fue Uribe.
“Los terroristas del pasado son entrenadores de los que hoy son autoridad; por eso al EPU no se puede ir ni debe ser retórica porque vivimos el regreso de la desaparición forzada sin haber aclarado los desaparecidos del pasado”, apuntó.
En el comunicado “Honduras Ante Sí Misma”, el COFADEH y la FITH reafirmaron las recomendaciones que hicieron al EPU del 2019, sobre la militarización del Estado, criminalización de actores sociales y agresiones a defensores de la vida, el ambiente y la libre expresión.
Asimismo, repudian “la actitud de la dictadura al acudir a Ginebra con porcentajes de cumplimiento de las 150 resoluciones con datos irreales, el informe de 117 oenegés de DDHH al Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace unos días, da cuenta de la otra Honduras que carga consigo más de 200 personas desaparecidas”.
Con el dolor de Jeannette Mejía, madre de una de las personas desaparecidas durante el confinamiento forzado, quisiéramos habitar una Honduras justa, apegada a la verdad, la justicia y la no repetición, concluye el comunicado.
La delegación del régimen de Juan Hernández Alvarado estará encabezada por la designada presidencial, María Antonia Martínez.
El EPU de Honduras tendrá lugar el jueves a partir de las 7.30 de la hora local, (14.30-18 hora de Ginebra) y se basa en tres informes: el del gobierno, la compilación de insumos de los órganos de las NNUU desde el último examen y la compilación de informes de la sociedad civil enviada hace unos meses.
El examen no se basa solamente en el cumplimiento o no de las recomendaciones del segundo ciclo sino asesora el desarrollo desde el 2015 con la información aportada de las fuentes diversas.
Honduras es uno de los 14 Estados que será examinado por el Grupo de Trabajo del EPU en su sesión próxima, que tendrá lugar del 2 al 13 de noviembre. Las primeras y segundas revisiones del EPU de Honduras tuvieron lugar en noviembre de 2010 y en mayo de 2015, respectivamente.
Las delegaciones que servirán como relatores (“troika”) para el EPU de Honduras son: Brasil, Bulgaria e India. El Grupo de Trabajo del EPU tiene previsto aprobar las recomendaciones de Honduras a las 17.00 horas del 10 de noviembre.
