Con la tasa más alta de embarazos en adolescentes de América Latina—97 nacimientos por cada mil jóvenes—, Honduras enfrenta no solo un reto de salud pública, sino una pérdida económica anual de 297 millones de dólares.
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras enfrenta una de las problemáticas sociales más graves de la región: es el país con la tasa más alta de embarazos en adolescentes en América Latina, con 97 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años.
Iván Castellanos representante de país del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señaló que la prevención del embarazo en adolescentes es fundamental y prioritario para el desarrollo en lo individual, comunitario y como país.
De acuerdo con el estudio MILENA “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Honduras” presentado por UNFPA, el impacto económico anual del embarazo adolescente sobre la actividad productiva fue estimado en 297 millones de dólares, equivalente al 1.18% del PIB nacional debido a la deserción escolar, la reducción en productividad y la reproducción de ciclos de pobreza.
Este costo incluye la pérdida de ingresos laborales, el rezago educativo y la reducción de la participación en el mercado de trabajo de la mujer, así como el gasto público en salud y la disminución de ingresos fiscales por la menor actividad económica.
Castellanos enfatizó que es urgente una política pública nacional interinstitucional, que tenga presupuesto pero que primordialmente reconozca el problema de los embarazos en adolescentes. Además, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a la educación sexual.
Por su parte, Jennifer Osorto representante de GePae, señaló que es “alarmante” que Honduras tenga los mayores índices de embarazo en adolescentes, enfatizó que estas adolescentes no tienen acceso a una educación y que además son víctimas de múltiples violencias.
“Mas allá de ser datos, son vidas, son jóvenes, son realidades” refirió Jennifer Osorto.
En ese sentido, hizo un llamado a la institucionalidad del Estado para abordar la problemática de embarazo adolescente, que no existan convocatorias cerradas y crear políticas públicas que ejecuten en beneficio de la niñez y adolescencia.
SIN EDUCACIÓN SEXUAL
A pesar de estas cifras alarmantes, la educación sexual integral continúa postergada en el sistema educativo hondureño. Organizaciones sociales y de derechos humanos señalan que la ausencia de políticas públicas claras y de programas de formación en sexualidad y salud reproductiva perpetúa una realidad marcada por la falta de acceso a información, uso limitado de anticonceptivos y la normalización de uniones tempranas.
En 2023 la aprobación de la ley de Prevención de embarazos en adolescentes significaba un avance, pero el veto presidencial marcó un retroceso en derechos humanos.
Para Vii Viera del Centro de Derechos de Mujeres, es urgente que se retome la Ley de prevención de embarazo, ya que la propuesta fue trabajada por diferentes sectores a nivel nacional.
En ese sentido, enfatizó que no se puede desarrollar un plan de prevención sin una ley que asegure la educación sexual integral remarcando que Honduras es un estado laico.
La situación se torna aún más crítica en contextos rurales y en comunidades empobrecidas, donde niñas y adolescentes enfrentan barreras más profundas para acceder a servicios de salud y educación. Honduras no solo lidera las estadísticas en la región, sino que también arrastra uno de los índices más altos de violencia sexual e inseguridad, factores que aceleran la reproducción de este problema.
Entre 2020 y 2024, el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) registró 8,676 evaluaciones médicolegales vinculadas a denuncias por delitos sexuales, de las cuales el 90.5% correspondió a víctimas mujeres. El análisis por edad expone que el 64.8% de estos casos corresponde a niñas y adolescentes de 0 a 19 años, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las menores de edad frente a la violencia sexual en el país.
Por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias SNE-911 reportó 4,996 denuncias de violencia sexual en el mismo período; de ellas, el 43% involucra a niñas de entre 10 y 14 años, una cifra alarmante que confirma cómo la niñez y la adolescencia femenina está expuesta de manera desproporcionada a delitos sexuales.
Durante la presentación del estudio Milena, las autoridades estatales firmaron la declaración del compromiso nacional para la prevención de embarazos adolescentes. Sin embargo, persisten dudas sobre la voluntad real de implementar acciones integrales, dadas las señales contradictorias provenientes de la institucionalidad pública.
Por ejemplo, el ministro de Educación, Daniel Esponda, rompió públicamente las guías docentes sobre educación sexual en un canal nacional, mientras que la presidenta Xiomara Castro vetó la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, pese al consenso de diversos sectores y el respaldo internacional para esta legislación.
