Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Las reuniones para socializar y analizar el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres que han impulsado organizaciones feministas de Honduras se mantienen en auge.
En las conversaciones recientes estuvieron presentes representantes de organizaciones de sociedad civil, la Secretaría de Estado de la Presidencia (SEP), instituciones afines, mujeres y diputadas de la Comisión de Género del Congreso Nacional.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮́𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐲 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬. pic.twitter.com/7dNRolT7vO
— Secretaría de Estado de la Presidencia (@SEPresidencial) April 28, 2022
El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido una lucha histórica en Honduras, por lo que los movimientos feministas han aplaudido los acercamientos en busca su defensa.
Los análisis abarcan el contenido y alcances de la propuesta de Ley Integral, así como el impulso para su adopción con el objetivo de construir un país respetuoso de los derechos, la equidad de género y libre de violencia.
Cabe destacar que la ley está dirigida al fortalecimiento de políticas públicas para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y, además, está orientada a propiciar condiciones óptimas para sus vidas.
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Una de las peticiones de los colectivos de mujeres es que el Estado se comprometa a combatir el patriarcado y garantizar los derechos que por años han sido vulnerados.
Gilda Rivera, quien funge como directora del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), resaltó que la participación de las mujeres es toral a la hora de decidir.
EL CAMINO PARA CONSTRUIR LA LEY INTEGRAL
El Proyecto de Ley Integral fue construido tras casi una década de arduo trabajo, en colaboración con las mujeres hondureñas que proporcionaron sus valoraciones, experiencias y exigencias.
El ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, integrantes del movimiento feminista ingresaron a Casa Presidencial para reunirse con la primera mujer presidenta Xiomara Castro.
Las designadas fueron Jinna Rosales de Acción Joven, Ana Ruth García de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), ese día entregaron el proyecto de Ley Integral.
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De igual forma, presentaron un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual para su aprobación y su implementación por parte de la Secretaría de Salud, además de las firmas de apoyo ciudadano a la derogación de la prohibición de la anticoncepción de emergencia(PAE).
Luego de la reunión con Castro, la representante del CDM manifestó que hay necesidad de proteger a las mujeres víctimas y sobrevivientes, cubrir sus necesidades y, que, aunque la presidenta las apoya, reconocen que convertir el proyecto a ley es tarea del Congreso Nacional.
El titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, ha destacado que erradicar la violencia contra las mujeres es fundamental para la construcción de un mejor país, por eso, los esfuerzos están inclinados al cambio estructural en la política de género al nivel del Estado de Honduras.
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ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES DE LA LEY INTEGRAL
En su interior, el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres explica que su objetivo es que al volverse ley se obligar al Estado a evitar que sucedan hechos de violencia contra las mujeres, entre estas se destaca el cumplimiento de los protocolos de atención integral contra las víctimas de violencia en la recepción de denuncias, imposición de medidas de seguridad, detención y derivación del imputado a las instancias correspondientes.
De igual forma, el proyecto define que el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) debe ser el ente rector para supervisar la aplicación de la Ley Integral, además, debe coordinar la ejecución del Plan Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.
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También mencionan la reforma de la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para incluir al INAM en dicho órgano, afín a garantizar las medidas efectivas y abarcar a la población para prevenir la violencia.
Otra de las reformas que proponen es la del Ministerio Público, para la creación formal de una estructura eficiente para que las mujeres accedan sin obstáculos a la justicia. Para lograrlo, explican que se debe instaurar una Dirección de Fiscalías de la Mujer para perseguir todas las formas de violencia contra las mujeres.
Asimismo, plantean el fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con la fundación de una Unidad Especial de Investigación Criminal en Violencias contra la Mujer.
