Por: Ricardo Salgado*
La espada criminal vuelve a cargar contra la Cuarta Urna Honduras: La injusticia, verdadera marca de país Ante la abrumadora evidencia sobre el lavado de dinero proveniente de la corrupción para apoyar la campaña política de Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional, de extrema derecha, vuelve a la carga la mejor herramienta represiva del sistema: la tristemente célebre administración de justicia.
El Ministerio Publico, incapaz de investigar, menos aún judicializar, el 95 por ciento de los casos que le llegan, reabre la persecución contra los miembros del gobierno de José Manuel Zelaya, incluyendo al mismo ex presidente, y en abierta violación al Acuerdo de Cartagena, violado en la mayor parte de sus partes, y que permitió el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos.
La historia de la institucionalidad burguesa en un país como Honduras esta siempre llena de anécdotas e historias que parecieran ser propias del realismo mágico. Sin embargo, en este país centroamericano, nunca hubo tal cosa, como esa llamada justicia, menos después del famoso retorno forzado (por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos) a la formalidad de la democracia. Divido en tres poderes, el Estado aquí opera lejos de la teoría clásica, y el poder judicial, junto a todos los estamentos que conforman la administración de justicia, son y han sido siempre, una herramienta al servicio de los intereses de la clase poderosa, hecho que nunca ha estado oculto.
En 1985, apenas tres años después de ingresar en el “nuevo orden” pseudo democrático, impulsado por los reaganomics y su doctrina de la seguridad nacional, se produjo una crisis entre sectores de la derecha criolla, una apoyando al entonces presidente, Roberto Suazo Córdova, y otra no muy claramente definida pero acumulada en el Congreso Nacional. Uno de los resultados más evidentes de este conflicto fue la existencia de dos Cortes Supremas de Justicia, y el pleno de magistrados de una de ellas, encarcelada por el otro bando.
El cacareado Estado de Derecho quedaba en evidencia en sus albores, ya para entonces la institucionalidad era solo un fetiche al que la que clase dominante recurría cada vez que necesitaba justificar ante la opinión publica todas las aberraciones por la que luego transitaría la sufrida nación. Ya en aquella década, varios autores locales y extranjeros cuestionaron la existencia del Estado Nacional, tal el caso del hondureño Aníbal Delgado Fiallos, o el argentino Gregorio Selzer.
La maquinaria represiva judicial, que dos décadas después, alcanzaría el nivel de sicariato, se fue perfeccionando con la “ayuda” constante de Estados Unidos y Europa, que pretendían darle un ropaje moderno al joven adefesio jurídico hondureño. Sin embargo, otros agentes jugaban su papel; los banqueros que ponían y quitaban magistrados, a través de los políticos que colocaban en el Congreso Nacional, y luego el crimen organizado, el narcotráfico, estrechamente vinculado a los usureros vestidos legalmente, no solo locales.
En 1988, bajo expresa prohibición de la llevada y traída constitución, el gobierno de Honduras entrego a la DEA al traficante Ramón Matta, acusado por el asesinato de un agente de esa agencia gringa Enrique Camarena. Años después, en archivos desclasificados, se supo que el asesinato de Camarena se había hecho por encargo de la CIA; de nuevo el casi Estado de Honduras, servía de peón, en un ambiente que ya hedía por el escándalo Irán Contras, marcado por la relación clandestina de la Agencia de Inteligencia con los grandes señores del narcotráfico. En las décadas que siguieron, la administración de justicia se convirtió en una especie de agencia de cobranzas de los bancos.
Gracias a la servidumbre de este sector del Estado, miles de familias quedaron silenciosamente en la calle, y los banqueros pasaron a participar en todas las esferas de la vida económica. Tanto así que, siendo Honduras una apuesta segura para cualquier inversionista bancario, muchos grupos transnacionales se instalaron el país. Igualmente, nacieron grupos económicos que llegaron a ser dueños de todo. Hoy esos mismos grupos controlan la producción de energía, sucia y limpia, banca, agricultura, ganadería, y muchos más.
Además, gracias al control total del Estado, manejan como barajas de cartas todas las concesiones que el estado puede ofrecer al mercado. En el año 2000 la Corte Suprema era presidida por un abogado conocido como testaferro de un grupo económico liderado por banqueros. Aquel personaje desaparecería en un misterioso accidente del que nunca se encontró rastro alguno, lo que sí se convirtió en conocimiento popular era la fuerte relación entre el magistrado y el narcotráfico de la época.
Las cosas son tan extremas que es muy fácil que una persona esté en las cárceles por robar una gallina, 15 o 20 años, mientras nadie, ningún autor intelectual de los muchos crímenes que se cometen a diario, guarda prisión. Eso sí, las cárceles están atestadas de reos sin condena. La población carcelaria es enorme, y la mora judicial no permite abrigar ninguna expectativa de que eso cambiara; la justicia en Honduras solo sirve y se activa para “joder” a los que están de acuerdo con el orden establecido.
Los hondureños evidentemente han dejado de creer en ese aparato inservible de burócratas para obtener justicia. Mucha de la violencia está estrechamente relacionada por la convicción de que la impunidad es garantizada. Si alguna vez llega una persona a la consideración de un juzgado, su suerte dependerá mucho de su relación con la clase dominante. Si no tiene ninguna la condena es segura, aunque igual puede pasar años preso o morir, sin haber cruzado nunca los pasillos de una corte.
La misma administración de justicia, fue la herramienta para justificar el Golpe de Estado Militar de junio de 2009. La fiscalía de entonces, corrió a abrir expedientes contra Zelaya y sus ministros para acusarlos de un rosario interminable de delitos. Curiosamente, los expedientes del expresidente (en plural porque presentaron dos iguales) tienen fechas 25 y 26 de junio, aunque el Golpe fue ejecutado el día 28, y los expedientes ingresados oficialmente el día 29 de junio.
Un circo que nadie creyó nunca. Los magistrados de aquella Corte golpista, siguen en sus puestos, con la excepción de cuatro de ellos que fueron quitados de sus cargos por el Congreso Nacional que presidia (difícil adivinar) Juan Orlando Hernández, quien reacomodo “piezas” en 2012, y renovó la Sala de lo Constitucional, misma que ahora ha fallado a favor de la eliminación de las restricciones para la reelección presidencial.
Aquella Sala Constitucional quedo solo con un Magistrado del Golpe, Oscar Fernando Chinchilla, quien ahora se desempeña como Fiscal General de la Republica. La Fiscalía que ha citado a Manuel Zelaya y sus ministros para el martes 26 de mayo de 2015, es dirigida por uno de los que se prestó para derrocar su gobierno; es la misma fiscalía que ha escondido los cheques emitidos a favor de la campaña de Juan Orlando Hernández. Igualmente, el Fiscal General, en su calidad de magistrado, fungió como “Juez Natural” para revisar los casos del expresidente Zelaya en 2010.
Es decir, su trayectoria en la persecución es de larga data, tan extendida como su falta de imparcialidad en cualquier investigación relacionada con este caso. Pero el prontuario de la mal llamada administración de justicia no queda en eso; también ha servido para extraditar a varios hondureños vinculados al crimen organizado hacia los Estados Unidos, bajo la nueva posibilidad legislada por Juan Orlando Hernández que parchó de nuevo el vejestorio jurídico llamado constitución, y ahora se permite entregar hondureños para que las juzguen los gringos.
Esta es un arma peligrosa en manos de una administración como la de Hernández, constituida principalmente por gánsteres, incluido el mismo. Tan grave es la situación, que ha sido evidente la urgencia por que los envíen a Estados Unidos, mostrada por varios cabezas del narcotráfico: Dos de ellos, prefirieron entregarse directamente a los gringos que ser extraditados desde Honduras, quizá porque temen que los asesinen en este proceso que parece atacar unos carteles y favorecer otros.
Podemos resumir las cosas en dos conclusiones mayores: Honduras se mantiene en el filo de la navaja debido a la ausencia absoluta de justicia a lo largo de los últimos 35 años, y, la citación a Zelaya abre un nuevo episodio de esta historia trágica en la que se usa el aparato de justicia para reprimir la oposición política, para permitir la impunidad absoluta de los sectores dominantes. No se trata de un juicio sobre la inocencia o no de los individuos involucrados. El proceso es parte de una acción político-represiva, coordinada por los que gobiernan el país, en realidad, no nominalmente.
*Analista político.
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