Tegucigalpa.- Si bien hay algarabía por la libertad de los ocho defensores de Guapinol, no hay que olvidar que las recomendaciones del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas además de su liberación, incluyó reparaciones por el daño causado y la «investigación exhaustiva e independiente» contra los fiscales y jueces que promovieron el juicio.
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El contexto es el siguiente: el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, el cual a su vez depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitió a finales de febrero de 2021 una resolución sobre la situación de los ocho defensores de Guapinol, quienes en ese momento guardaban prisión desde el 26 de agosto de 2019 y bajo la forma de prisión «preventiva» desde el 1 de septiembre de 2019.
El Poder Judicial lo recibió e hizo caso omiso al informe en el que se explicó paso a paso el por qué la detención contra los defensores era arbitraria; y sin atender a los razonamientos del ente conformado por expertos avalados por las Naciones Unidas, amplió a seis meses más la prisión «preventiva» contra los ocho ambientalistas.
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Sumado a esto, mientras exfuncionarios ligados a sonados casos de corrupción contra el Estado eran liberados ante la amenaza de contagió por la pandemia de COVID-19, los ambientalistas cuyas acusaciones estaban basadas en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Carlos Escaleras, permanecieron en la cárcel.
FISCALES Y JUECES QUE PROMOVIERON JUICIO PUEDEN SER ACUSADOS POR PREVARICATO
Criterio.hn conversó con el defensor e investigador en Derechos Humanos, Joaquín Mejía Rivera sobre el deber del Estado de dar cumplimiento a las disposiciones incluidas en la resolución del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, enfocadas en la investigación y sanción contra los funcionarios y funcionarias que promocionaron el caso.
«Obviamente han sido cómplices en esta detención arbitraria», dijo el investigador en Derechos Humanos sobre los fiscales y jueces que promovieron el proceso a lo largo de casi tres años y la privación de su libertad por 29 meses, con todas las implicaciones que han vivido producto del proceso.
Mejía Rivera remarcó que las sanciones para estos funcionarios deben ser administrativas y penales. «¿Por qué digo penales? Porque en el Código Penal hay un delito que es el de prevaricación y la prevaricación es tomar una decisión o realizar un acto aun a sabiendas de que es arbitraria, que es contraria a la Ley».
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Concluyó que, tanto jueces de los Tribunales y fiscales del Ministerio «conocían perfectamente la resolución del Grupo de Trabajo», emitida desde hace casi un año y que además fue presentada en el juicio y decidieron ignorarla, «por tanto actuaron con prevaricación y deben ser sancionados penalmente».
