Tegucigalpa.- Las y los defensores del medio ambiente son los más afectados por un sistema que se encuentra con una institucionalidad completamente debilitada en la que la prioridad no es la persona humana sino el capital empresarial.
De acuerdo con el reciente informe de Global Witness, Honduras sigue siendo uno de los países más letales para los defensores cuyos ataques siguen quedando mayoritariamente en la impunidad
“Esto solo puede comprenderse en el contexto de la imposición de un modelo económico que se centra en la explotación de los bienes naturales, lo cual genera diversos conflictos y graves consecuencias a los derechos humanos”, detalló el experto en derecho constitucional y derechos humanos, Joaquín Mejía.
También mencionó que existe una justicia selectiva que actúa de manera tardía en relación con violaciones a los derechos humanos y favoreciendo los intereses de los actores vinculados al poder político, público y empresarial.
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Los altos índices de impunidad y una cultura de violencia que se ha normalizado con el paso de los años reflejan un panorama bastante grave para los líderes comunitarios en el país.
Honduras ha sido catalogada por la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como uno de los 29 países que castigan a las personas por sus trabajos de defensa de derechos humanos y estos ataques son consentidos por el Estado.
De acuerdo con el proyecto de derechos colectivos solo en el año 2020 129 personas de comunidades garífunas e indígenas sufrieron ataques por oponerse a proyectos extractivos.
“Sería determinante que la población entienda que necesitamos un control verdadero de la riqueza del país, mientras los hondureños no asuman un compromiso en defensa y en entender que debe haber una práctica de una política en materia ambiental nada va a cambiar”, detalló el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández.
También afirmó que este proceso, bajo cualquier gobierno, podría facilitar un poco, pero como es un asunto de mercado va a estar sometido a los niveles de intereses de la carga internacional que ya tiene sus contratos y otros quieren imponerlos debido a una política transnacional.
Un nuevo gobierno debe contribuir en crear una condición para generar una vía en la que se pueda hacer un reclamo popular, recuperar las tierras y la recuperación del país en materia ambiental.
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“Se necesita un diagnóstico en el país, se debe conocer los informes que hay sobre el cambio climático y en esa medida, establecer un mecanismo de dirección política encaminado en gran medida a recuperar esta crisis en materia ambiental que tenemos”, mencionó, Fernández.
Además, recalcó que entre las denuncias que ha hecho el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), existen varios proyectos que nacieron y otros fueron construidos de manera ilegal.
Para Joaquín Mejía, no es suficiente únicamente un cambio en el ejecutivo para generar cambios, porque el poder recae en quien controla el Congreso Nacional y es quien va a controlar la institucionalidad que criminaliza a los defensores.
“A eso le están apostando los mismos de siempre porque saben que el próximo año se elige a la nueva Corte Suprema de Justicia y el nuevo titular de la fiscalía general de la república que son las instituciones utilizadas por los sectores poderosos del país para atacar, criminalizar y perseguir a las personas que se oponen a este modelo que implica saqueo y despojo”, mencionó.
Además, expertos mencionan que el panorama es desalentador y si no hay cambios en el poder legislativo que permita que la elección en base a la meritocracia.
