El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Encontrándose abierto para su firma, ratificación o adhesión desde le 27 de septiembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2019, por 33 países de América Latina y el Caribe.
Por: RedacciónCRITERIO
Tegucigalpa. – El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho) demandaron este martes a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Honduras la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un mecanismo mediante el cual se busca el acceso a la información ambiental y que las partes involucradas en la implementación de proyectos de explotación de los recursos naturales se pongan de acuerdo.
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El director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett, especificó que la demanda va dirigida tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, para que el acuerdo entre en vigencia y contribuya a atenuar la conflictividad que existe en la actualidad en las comunidades donde se ejecutan proyectos de explotación de los recursos naturales.
“El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional vinculante, es considerado el más importante en los últimos 20 años para América Latina y el Caribe en cuanto a temas ambientales, porque establece una protección para las y los defensores ambientales, así como para personas y grupos en situación de vulnerabilidad frente a los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, dijo Kelly Sorto, consultora en temas ambientales.
A partir del año 2014 la población hondureña se encuentra limitada a acceder a información pública debido a la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales, situación que empeoró con la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial número 1402-2018 de la Secretaría de MiAmbiente que declaró en reserva toda la información relacionada a trámites ambientales.
LICENCIAS AMBIENTALES
Un estudio del Fosdeh actualizado al mes de enero de 2019, estableció que en Honduras existían alrededor de 894 licencias ambientales. En los últimos años la ejecución de proyectos extractivistas, relacionados especialmente a la explotación de minas e hidroeléctricas, han venido generando conflictos en el territorio hondureño.
La población y grupos ambientalistas rechazan la ejecución de los proyectos porque casi la totalidad de las licencias ambientales se han manejado de manera oculta y porque no ha existido socialización con las comunidades, que aseguran que los daños ambientales superan los beneficios.
“La riqueza no debería ser un motivo de división o de pérdida de la paz, sino más bien un mecanismo mediante el cual todos los sectores podamos converger para que en las familias y en las personas pueda haber un mejor ingreso y un bienestar”, apuntó el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett.
Consultado sobre el costo beneficio de los proyectos, Díaz Burdett respondió que la contribución al Estado ha sido decreciente, por lo menos en el rubro de minas y canteras, porque en el país existe riesgo y nadie quiere exponer su dinero en un ambiente jurídico y político desfavorable.
Durante el 2017-2018 los ingresos generados por las actividades de minas y canteras, según el Fosdeh, representó una contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de 3.200 millones de lempiras, pero en el 2019 esa suma decreció debido a la caída de 400 millones de dólares de inversión extranjera directa, que cayó de 1.200 millones de dólares a 800 millones de dólares.
En resumen, “el costo para el Estado hondureño, incluido su gobierno, incluida la población, es muy alto y el beneficio hasta ahora no se ve tan claro, ni que sea lo suficientemente fuerte”, comentó Díaz Burdett.
Sobre la inversión de los proyectos hidroeléctricos, dijo que es difícil precisar los montos porque dicha información no está disponible para la ciudadanía.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica. Encontrándose abierto para su firma, ratificación o adhesión desde el 27 de septiembre de 2018 hasta el 26 de septiembre de 2019, por 33 países de América Latina y el Caribe.
Para que el acuerdo entre en vigor se requiere de al menos 11 ratificaciones o adhesiones. Contacto actualmente con la acogida de 22 países firmantes y 8 países que han ratificado.
