Ante la audiencia de revisión de medidas en el caso de defensores del agua de Guapinol, programada para este viernes, el Estado hondureño debe cumplir con sus obligaciones internacionales al revocar la prisión preventiva y garantizar su protección y derechos humanos
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.-Este viernes 18 de diciembre a las 9:00am hora Honduras, el Juzgado de Letras de Tocoa celebrará una audiencia de supervisión de medidas en el caso de los defensores del agua de la comunidad de Guapinol que enfrentan un proceso de criminalización como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos y bienes naturales.
Ante esta audiencia, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hacen un llamado al Estado hondureño a revocar la medida de prisión preventiva en contra de los defensores, en tanto esta constituye una medida arbitraria contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a las garantías de debido proceso.
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, en Tocoa, Honduras, han sido sistemáticamente criminalizadas y acosadas desde que en 2018 instalaron el Campamento por el Agua y por la Vida en defensa de sus territorios y los bienes naturales. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa es un referente de proceso de organización y acción social contra proyectos extractivos, propiciados por el Estado hondureño, que generan usurpación y despojo de los bienes públicos naturales en Honduras.
En los últimos meses, las agresiones en contra de la comunidad de Guapinol han crecido exponencialmente. En este tiempo, se ha denunciado el uso de las fuerzas de seguridad pública y de grupos de vigilancia para intimidar a la comunidad, asedio y hostigamiento contra mujeres defensoras, así como campañas de difamación en contra de quienes se oponen al proyecto minero y sus familias. Esto, como parte de una campaña para desestabilizar a la comunidad y la resistencia a la minería ilegal en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Es este marco de violencia fue asesinado Arnold Joaquín Morazán Erazo, quien se había vinculado a la labor de defensa del río Guapinol en 2018 y enfrentaba también un proceso de criminalización.
En este contexto, hay 8 defensores del río Guapinol que continúan enfrentando sus procesos penales privados de libertad de forma ilegal y contraria a lo establecido en estándares internacionales desde hace más de un año. Al respecto, hemos insistido en que no se cumplió legalmente con los requisitos para que la medida de prisión preventiva fuera dictada, y recordamos que incluso tribunales internos han reconocido que los defensores de Guapinol ejercían su legítimo derecho a la protesta.
Así, frente a la audiencia de este viernes, en que se aportarán nuevos argumentos para insistir en la improcedencia de sostener las medidas cautelares de prisión preventiva, desde CEJIL destacamos, como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar a una persona imputada, por lo que esta debe tener “un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática”. En este sentido, la regla debe ser la libertad de la persona procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.
CEJIL hace también un llamado a que el Estado garantice la publicidad y observación internacional de las audiencias del proceso judicial contra los defensores de Guapinol y demanda además, un cese total de actos de hostigamiento en contra de la comunidad de Guapinol y San Pedro, mismas que han sido objeto de diversas alertas y pronunciamientos a nivel internacional.
Desde CEJIL, exhortan al Estado hondureño que se abstenga de utilizar indebidamente el derecho penal como herramienta de hostigamiento y amenaza a la libertad de las personas defensoras de derechos humanos, y demanda que elimine cualquier práctica que busque desprestigiar o deslegitimar una lucha que se ha mantenido por años en resguardo de los bienes naturales.
El Estado hondureño mantiene una deuda en garantizar un ejercicio digno del derecho a defender derechos y es menester que se atiendan las obligaciones internacionales en la materia, asegurando que ser una persona defensora de derechos humanos en Honduras no sea más una condena.
