Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Juristas, defensores de los derechos humanos, como, Joaquín Mejía Rivera y Edy Tabora, son del criterio que el Estado de Honduras debe cumplir con lo ordenado por Corte Interamericana de los Derechos Humanos y garantizar el derecho a la vida los cuatro líderes de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, y un mestizo, que el pasado 18 de julio fueron desaparecidos por hombres armados, que utilizaban indumentaria policial.
Los garífunas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Alber Santana Thomas y Snider Centeno, fueron sacados por la fuerza de sus casas de habitación y llevados a un lugar desconocido. En el operativo los secuestradores también se llevaron a Junior Rafael Juárez Mejía, un amigo de la comunidad.
Los garífunas son beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de una sentencia dictada en octubre del 2015, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado de Honduras a restituirles las tierras ancestrales que han sido despojadas con el objetivo de destinarlas a proyectos turísticos y agroindustriales.
Ya han pasado casi cinco años de esa sentencia y el Estado la sigue incumpliendo. Y ante tal situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 6 de agosto un requerimiento para que el Estado, a más tardar el 24 de agosto rinda un informe pormenorizado del cumplimiento de la resolución.
“Esas son medidas provisionales que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite en los casos que ha conocido las Comisión Interamericana y como el Estado no está cumpliendo, la Corte Interamericana le pide investigar el caso de los cuatro garífunas desaparecidos”, dijo el abogado, defensor de los derechos humanos, Joaquín Mejía.
Joaquin Mejia Rivera, experto en derechos humanos
Indicó, que si el Estado incumple con dar a conocer el informe que le pide, la Corte Interamericana puede llamarlo a una audiencia pública y declararlo como un Estado incumplidor. Y señaló, que la otra forma que utiliza la Corte Interamericana es publicando que el Estado no cumple.
Mejía dice que si Honduras fuera un país con independencia institucional el Ministerio Público ya estaría haciendo las investigaciones y acusando a los funcionarios responsables de impedir el cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana.
Agregó, que de acuerdo con el fallo, el Estado de Honduras debe expropiar las tierras ancestrales que están en manos de particulares y reasignarlas a la Comunidad Garífuna de Punta Piedra. Sin embargo, en el caso de que el Estado no pueda expropiarlas, debe de justificarlo ante la Corte Interamericana y reubicar a la comunidad en otro territorio, que tengan las mismas características de las despojadas.
Enfatizó, que en el caso de las comunidades garífunas no puede haber una indemnización económica porque a ellos los une un historial con la tierra diferente a lo que sucede con los ladinos. Es decir, la tierra no puede ser sustituida por dinero.
Sobre el particular, también se pronunció el abogado y defensor de los derechos humanos, Edy Tabora, manifestando que Honduras es un Estado obligado a cumplir con las disposiciones emanadas de la Corte Interamericana de los Derechos Humano y que por lo tanto, debe de rendir el informe que le han solicitado.
Aparte, el abogado dice que la Corte Interamericana ha ordenado la restitución de derechos de las comunidades garífunas y que como Estado debe de implementar las medidas y cumplir el mandato de ese tribunal internacional.
Naama Avila. Foto: David Alvarado
Por su parte, Naama Ávila, integrante de la comunidad garífuna de Corozal, pero residente en Tegucigalpa, ha manifestado que uno de los desaparecidos es el presidente del Patronato de El Triunfo de la Cruz, Snider Centeno, un joven que ha venido trabajando para exigirle al Estado de Honduras el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en octubre del 2015.
Ella dice que Snider Centeno además de realizar acciones contra de la entrada en vigencia la Ley de Consulta Libre, legislación que legitima las acciones ilegales que los empresarios y el gobierno realizan en los territorios garífunas, también ha estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado.
Denunció, que en últimos tiempos, los garífunas también han sido víctimas de asesinatos, como el de Antonio Bernárdez en Punta Piedra y Francisco Guerrero Centeno, en Masca, Omoa, departamento de Cortés, acciones que según ella, quebrantan la lucha organizada que por más de 200 años ha librado ese pueblo, que solo es reconocido por las autoridades cuando los invitan a bailar o a degustar sus comidas en la casa presidencial.
