Por: Ismael Zepeda *

Las manifestaciones de las y los ciudadanos hondureños en la actualidad, son la expresión de un cúmulo de frustraciones que ha desbocado por la alta percepción de fraude en el sistema electoral de las elecciones generales para elegir las nuevas autoridades que conformarán el poder Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales del pasado 26 de noviembre del 2017.

Esto ha sido el “combustible” para salir a tomarse las calles, carreteras y rutas de tránsito vehicular a nivel nacional, marchas de grandes grupos, expresarse en las redes sociales, entre otras formas de dar voz al rechazo y cansancio social. El repudio del manejo (mal manejo) del proceso electoral, desde una reelección presidencial inconstitucional, hasta una inversión multimillonaria al órgano electoral sin mostrar eficiencia y capacidad técnica, son las consignas para un espacio temporal de este conflicto post electoral.

Una pobreza que alcanza con cifras oficiales a más de 6 millones de los casi 9 millones de hondureños y hondureñas, un incremento en el número de asalariados que reciben una paga por debajo del salario mínimo indexado a la canasta básica de bienes y servicios; unas cifras de desempleo “galopante”; una seguridad social agonizante por el saqueo constante a las instituciones de previsión; un servicio de salud pública mediocre, así como la educación estatal deficiente; sumado a esto una infraestructura mal lograda, son ese cúmulo de situaciones que el hondureño y la hondureña rechazan con manifestaciones en las calles.

Sumado a ello, la corrupción y la impunidad en nuestro país de 112,492Km² y situado en el corazón de América Central. Este rápido contexto coloca al movimiento social más allá del sistema electoral, lo ubica en la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas.

Las y los hondureños han visto pasar por sus ojos a una clase política que “día con día” demuestra incapacidad de llenar las expectativas del nuevo tiempo, y sobre todo del abordaje de las necesidades de la población, para así poder direccionar un discurso o una solución cuando se esté en el poder. No sólo la encontrada en el poder actualmente, sino de una oposición misma desde los diversos espacios de la vida democrática del país. A ello se suma la inactividad de diversos líderes de la sociedad civil, de los sindicatos, hasta los religiosos que se encuentran,  una de dos; amedrentados por un creciente autoritarismo, o plegados a las “mieles del poder”, hace en ocasiones que las manifestaciones sean auto-convocadas por la ciudadanía.

El sistema electoral colapso, es necesario decirlo. Y no sólo todo el sistema, hasta los mismos partidos políticos y la misma cultura política hondureña, se debe reformar de gran manera, y no sólo se habla de colocar “parches” a la misma. La intromisión de la corrupción, el narcotráfico, la empresa privada, entre otras, han cambiado la forma en hacer política en Honduras, también, de gobernar, y de vivir. La gente lo sabe, lo siente y lo denuncia, esto también, hizo traer a Honduras; la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ya que las operadoras de justicia de Honduras están en ruinas.

La división de poderes, institucionalidad, seguridad jurídica y el mismo Estado de Derecho, se encuentra como un “enfermo terminal” en su última etapa, agonizando. A pesar que el movimiento social se encuentre acéfalo, su cuerpo sigue en pie. La corrupción imperante y la impunidad serán los nuevos motores de los movimientos sociales y su lucha, y se ha visto al desnudo nuevamente donde la MACCIH realizó la denuncia de una de parlamentarios involucrados en el desvío de fondos públicos para interés personal a finales de noviembre del 2017, peor aún, cuando se aprobó la ley del presupuesto 2018 en enero del presente año en el Congreso Nacional, se trata de blindar la tipificación de esa norma para que estos legisladores entren en libertad de esa acusación. Lo cual, la población toma a bien apoyar la misión.

A pesar que las manifestaciones se tornan violentas, la extrema fuerza utilizada por los órganos de seguridad y defensa de Honduras es evidente. La violación de los derechos humanos, se ha tornado creciente en estas últimas semanas, contabilizando más de 30 personas muertas por este conflicto post electoral. La muerte camina de la mano con los manifestantes, ya que los militares y policías de nuestra Honduras disparan a “bala viva” a sus mismos hermanos y hermanas.

El 27 de enero del presente año, vimos por nuestros televisores y escuchamos por la radio, el evento más asqueroso, la toma de posesión de un personaje sacado de una película de terror. Mientras que a pocas calles, personas se manifestaban ante tan vil evento, eran gaseadas y perseguidas. Los medios de comunicación, así como el presentador del evento, decía; el Presidente Constitucional de Honduras, Juan Hernández. Algunos se atrevieron a decir por sus canales, que la democracia se ha consolidado.

Existen escenarios posibles después de este día. Sin embargo, no hay tanta claridad que un “oráculo” se atreva a dar. Sin duda, continuara la verticalidad del poder, debilitamiento institucional, inseguridad jurídica, un frágil Estado de derecho, un ilusionismo de las mejorías sociales y económicas del país, mientras los venden a pedazos con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE´s), con empresarios beneficiados bajo el Plan de “desarrollo” denominado Plan 20/20 y las Alianzas Público Privadas (APP) con más beneficios fiscales y territorios a precios de “gallo muerto”, privatizando los bienes y servicios públicos. La pobreza nos capturará por completo nuestra mente y actuar, que nos hará pasar por “alto” todo lo que está sucediendo.

* El autor es economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH, organización miembro de Latinidad.