Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La mayoría de los hondureños tienen pocas posibilidades de adquirir una vivienda propia, debido a la pobreza, terrenos para construcción en manos de la minoría, tierras con topografía no apta y, sobre todo, por falta de policías nacionales de vivienda social alcanzables, que reúnan las condiciones acordes al modo de vida de los hondureños.
En Honduras no existe una política nacional de vivienda, aunque existen varios decretos del Poder Ejecutivo para la creación de programas, aunque su efecto no ha sido el más eficaz en la vida de los hondureños.
Aunque la misma Constitución de la República promulgada en 1982, reconoció “el derecho de los hondureños a una vivienda digna,” y comprometió al Estado a la formulación y ejecución de programas de vivienda social; la regulación de términos de crédito bancario para beneficio de los prestatarios; y, en específico, la creación de un Fondo Social para Vivienda.
Lo contradictorio es que, se abstuvo de comprometer al Estado a proteger el “derecho a vivienda” de todos sus ciudadanos, o a garantizar el “derecho a vivienda” por medio de gastos de recursos públicos.
Así lo expone el documento de Análisis y Mapeo del Sistema del Mercado de Vivienda Social del Distrito Central, compartido a Criterio.hn por el arquitecto Ricardo Calderón Deras.
Según este estudio, Honduras tiene el 57% de familias que residen en viviendas precarias, mientras en Tegucigalpa tiene una Tasa del 55% de las familias no tienen dinero para adquirir una vivienda y San Pedro Sula es el 67% de las familias, a quienes no les alcanza el dinero para tener casa propia y encabeza los centros urbanos donde los hogares tienen dificultades para tener sus propias viviendas.
Para Criterio.hn, el arquitecto Ricardo Calderón Deras, explicó que, a mayor crisis social, económica y desempleo, hay mayor difícil de vivienda, las probabilidades de comprar una vivienda descienden considerablemente, cuando no hay suficientes ingresos, ni siquiera para cubrir las demás necesidades básicas. El Distrito Central es el mejor ejemplo de estas carencias.
La problemática del alcance a la vivienda en el país está ligada a una situación crítica del déficit de vivienda social, sobre todo en Tegucigalpa y Comayagüela.
“El problema de la vivienda en Honduras, principalmente en el Distrito Central tiene una relación directamente proporcional, en especial con la crisis económica de los 10 últimos años”, dijo Calderón.
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PROBLEMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES
Los problemas de vivienda son varios y, desde el punto de vista del suelo del Distrito Central, Calderón explicó que este presenta una topografía no apta para construir en Tegucigalpa y Comayagüela, lo cual reduce la disponibilidad de áreas para vivienda y urbanización.
Lo anterior provoca que una gran cantidad de personas vivan en lugares de alto riesgo que deberían estar prohibidos.
Los déficits de vivienda suelen dividirse en cuantitativos y cualitativos. Los déficits cuantitativos miden los hogares que habitan en viviendas inadecuadas y sin posibilidades de reparación. Los déficits cualitativos miden los hogares que habitan en viviendas cuya tenencia es insegura, cuyas paredes están construidas a base de materiales de desecho, tiene suelo de tierra, techo deficiente, carecen de electricidad, carecen de agua potable y saneamiento adecuado o tiene hacinamiento (tres o más personas por habitación).
Autoridades de la CHICO, expusieron que el déficit habitacional en Honduras es de 500,000 viviendas, de las cuales 400,000 corresponden a vivienda social para familias de bajos ingresos y 100,000 para la clase media. En Tegucigalpa el déficit es de 200,000 viviendas, cifras que no son nada alentadoras y las familias capitalinas pagan una alta cuota por falta de visión del gobierno. La ciudad capital no ha podido hacerle frente al acelerado crecimiento urbano ni a la migración del campo a la ciudad, apunta el documento de investigación.
Otro factor, es que no existe suelo para la propiedad pública para disponer de proyectos de vivienda, puesto que la propiedad de la tierra está concentrada en pocas manos, entre ellos, lugartenientes, quienes ejercen el dominio en las tierras del Distrito Central.
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A esto se suma que existe mucha conflictividad e irregularidad en el registro de las tierras, superando a muchos países a nivel centroamericano.
“Todo esto redunda en el costo de la tierra en el Distrito Central, al ser sumamente caro construir, pues no es accesible a la inmensa mayoría de la población de la capital”, apuntó Calderón.
El acceso al financiamiento también es otro problema, al respecto, Calderón remarcó que, durante la década de los noventas, cuando llegó al poder el exmandatario Rafael Leonardo Callejas Romero (1990-1994), se cerró una serie de fuentes financieras, las cuales canalizaban importantes asignaciones de crédito y aportes para la vivienda social.
Entonces, con la implantación del modelo neoliberal, se desterró muchas acciones del Estado, en ese entonces, por ejemplo, desapareció el Instituto Hondureño de la Vivienda y se asigna a la empresa privada. La mayoría de los cooperantes internacionales retiraron su apoyo.
“En los últimos 15 años, las políticas públicas han estado orientadas a reducir los programas de vivienda social, no hay un programa de vivienda social para Tegucigalpa con condiciones favorables a la vivienda comercial”, resaltó Calderón.
A esto se suma que, las modalidades de financiamiento son muy ortodoxas, sin creatividad para promover y diversificar mayores opciones de acceso a la vivienda para personas con cero a dos salarios mínimos, siendo una situación muy grave y excluyente.
En su análisis arquitectónico, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, dijo a Criterio.hn que, Honduras no cuenta con una verdadera política pública en el tema de vivienda, cada gobierno que llega y habla de construir viviendas, habla de cómo se va a financiar sin importar las cualidades de ese bien inmueble.
El fenómeno que se da, es que las personas optan por el alquiler de cuarterías y viviendas y, si pueden ahorrar tras varios años, quizá podrán acceder a una vivienda en el futuro.
La tramitación y obtención de licencia ambiental también es engorrosa, dura aproximadamente tres a cuatro años, siendo abismal. Mientras que los permisos de construcción no se quedan atrás.
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“Las viviendas cada vez son más pequeñas porque no se tiene una política pública donde deben plantearse nuevos conceptos habitacionales para el desarrollo de viviendas sociales”, apuntó el arquitecto Rodríguez.
Los materiales, el terreno para la construcción se hacen inalcanzables para un amplio sector, remarcando que el 74% de la población está sumergido en la pobreza en Honduras.
Es un hecho, que al menos quienes sobreviven del subempleo y el empleo informal, al evidentemente no contar con un empleo estable se les imposibilita la capacidad de comprar una vivienda.
“La necesidad habitacional va siempre aumentando más rápido de lo que se va desarrollando, porque no salimos de los índices de pobreza del país. Tener una casa se queda en un sueño difícil de cumplir y, tal vez, lo logran en una edad superior a los 30 años”, resaltó Rodríguez, quien agregó que los sueldos no son suficientes para que muchos puedan sufragar una vivienda.
Los gobiernos –apuntó Rodríguez- deben trabajar en acciones estratégicas de acuerdo a la vida de los hondureños, mediante concursos internacionales de vivienda social, porque la vivienda a proponer tendría que ser de acuerdo a la idiosincrasia de del ciudadano, tomando en cuenta la capacidad económica y lugar donde se construirá.
El término de vivienda de interés social no tiene una definición igualitaria en América latina, pero responde al concepto de resguardar y cubrir a las personas de escasos recursos con techo y paredes para tener un lugar para vivir. Por diversos factores no responden a una igualdad en primer lugar porque las economías de los países latinoamericanos son distintas, así como el factor climatológico, la educación, la cultura y otros diversos puntos de vista.
