Tegucigalpa, Honduras. – El desplazamiento forzado tiene una multiplicidad de causales, entre ellas: violencia, criminalización de la defensa, pobreza, cambio climático, entre otras que principalmente afectan a mujeres, niñas y niñas.
Al igual que la migración, el desplazamiento forzado ha ido cambiando, sus causas y a quienes afecta.
Karen Valladares, coordinadora de Cristosal en Honduras, refirió a Criterio.hn que han recibido núcleos familiares completos que están siendo víctimas del desplazamiento forzado.
Tal es el caso de Martha Contreras (nombre ficticio por razones de seguridad), quien tuvo que abandonar su casa junto con sus tres hijos, dos adultos y uno de siete años, además de sus dos nietos de tres y cinco años.
Uno de los hijos de Martha, al no tener una oportunidad de trabajo luego de graduarse de secundaria, decidió ingresar a la Policía Nacional, sin imaginar las consecuencias que afectarían a toda la familia.
“A los vecinos les decíamos que trabajaba en las maquilas de San Pedro Sula, por eso siempre que me visitaba y a ver a su niño ni el uniforme llevaba, comenta Martha con un tono de resignación.
La familia de Martha llevaba 20 años viviendo en una de las colonias que es controlada por la Mara 18 –una de las estructuras criminales que han sembrado el temor en los hondureños—. Sin saber cómo se enteraron que su hijo pertenecía a la policía, fueron obligados a abandonar su casa. “Recibimos un papel, un día muy temprano metieron una hoja doblada, donde decía que teníamos que salir que no querían a chepos viviendo en la colonia”, recordó Martha.
Y como dice un dicho popular, Martha y su familia hicieron «noche sin mañana”, vendieron la casa que tanto sacrificio les había costado y huyeron del país, por el momento, todo el núcleo familiar está a la espera de asilo humanitario.
La unidad de desplazamiento forzado del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), refiere que entre 2009-2022, más de 10 mil personas se desplazaron a causa de la violencia en el país.
De acuerdo con Karen Valladares, esta dinámica cambia todo el ecosistema, a razón de ello, sugiere que se deben identificar zonas de acogida para que las personas se puedan reintegrar, especialmente la niñez para que no haya una interrupción de su ciclo escolar.
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DESALOJOS VIOLENTOS, OTRA CAUSA DE DESPLAZAMIENTO
Los campesinos y campesinas históricamente han tenido problemas con la tenencia de la tierra, utilizada principalmente para los cultivos, de granos y hortalizas, sin embargo, al no tener una seguridad agraria se ven enfrentados a desalojos violentos por parte de las agroindustrias que se han apropopiado de los territorios.
En febrero, un contingente de al menos unos 1,500 elementos de la Policía Nacional de Honduras fue desplegados para efectuar desalojos contra campesinos y campesinas en el municipio de El Progreso, Yoro, en las comunidades de La Sarrosa, El Bálsamo y Agua Blanca, quienes forman parte del Movimiento Campesino Sin Tierra de Yoro.
La maquinaria pesada de perteneciente a la empresa Azucarera del Norte, destruyó todo a su paso, viviendas y cultivos, afectando directamente entre 600 y 700 familias desprotegidas y unas 300 manzanas de cultivos destruidas.
Estas prácticas, de acuerdo con Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina en Honduras, incrementan el desplazamiento forzado que tiene un impacto negativo en la vida de los y las campesinas porque el Estado al momento de ejecutar desalojos no tiene un protocolo de garantía de derechos para las familias campesinas.
En ese sentido, Cruz, denunció que se ha hecho un mal uso de la figura penal para desalojar a los campesinos. “es condenable cada desalojo que se de forma violenta, brutal que destruye todo y deja a miles de niños y niñas en el abandono”.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023, docuementó la ejecución de al menos 37 desalojos, la mayoría en perjuicio de empresas campesinas y cooperativas agrarias, siendo los departamentos con mayor incidencia Colón (8), Atlántida (8) y Yoro (6).
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DESPLAZAMIENTO FORZADO REQUIERE TRABAJO INTEGRAL
El desplazamiento forzado es la ruptura de la vida de las personas con las comunidades, principalmente causada por temas de violencia generalizada.
En diciembre de 2022, el Congreso Nacional, aprobó la “Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente”, una normativa que tiene la finalidad de responder al desplazamiento interno, pero que representa retos para su aplicación.
Para Kathryn Lo, representante de país de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el fenómeno del desplazamiento forzado, requiere una atención integral, centrada en la protección de las víctimas.
Además, durante el congreso jurídico: Reflexiones para la implementación de la ley para la prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas internamente, señaló que es necesario desarrollar un análisis profundo para los procedimientos necesarios para la implementación de la referida ley, que incluye la asignación de recursos humanos y financieros con la respectiva rendición de cuentas.
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RESTITUCIÓN DE DERECHOS
Karen Valladares, mencionó que, en el abordaje del desplazamiento forzado, es importante la restitución de derechos, entre ellos, la vivienda, el trabajo, la educación. En ese sentido, Valladares detalló que la ley tiene un fondo de 150 millones de lempiras anuales, regidos por la Secretaría de Derechos Humanos.
Pese a que la ley es amplia, todavía se tienen retos como el reglamento interno y el reglamento de ejecución de fondos para que de manera transparente le sean restituidos los derechos a las personas victimas de desplazamiento interno, que de no ser atendida termina en migración y solicitudes de asilo en el extranjero.
En ese sentido, la coordinadora nacional de Cristosal, enfatizó que el desplazamiento forzado requiere una atención diferenciada y además que existe la necesidad de implementar la ley porque “hasta este momento no se está haciendo uso de la ley ni del fondo”, reprochó Valladares.
Honduras permanece bajo un estado de excepción implementado desde diciembre de 2022, con el fin de contrarrestar la extorsión y delitos conexos, sin embargo, sólo en el 2023, el Conadeh, documentó al menos 1,700 denuncias de personas en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado. De las cuales, el 62% de las victimas revelaron estar en riesgo, mientras que el 38% admitió que haber abandonado su lugar de residencia.
Entre las causas que siguen generando el desplazamiento forzado de personas están la extorsión, los homicidios, las tentativas de homicidios, el despojo de bienes y de propiedades, el reclutamiento forzado de niñas y niños y la violencia basada en género.
