Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – El confinamiento en Honduras para evitar el contagio del Covid-19 fue ampliado hasta para el próximo domingo 24 de mayo, pero simultáneamente el gobierno determinó continuar con la reactivación económica e integró una comisión interinstitucional para ampliar las actividades a diferentes sectores, entre los que se incluyen las religiones.
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El distanciamiento social es parte de la restricción de garantías constitucionales consignadas en el decreto Ejecutivo PCM -021-2020 aprobado el 15 de marzo pasado, mediante el cual se han suspendido los derechos fundamentales como la libre circulación, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la morada y la propiedad privada. Esta restricción exceptúa a los funcionarios del gobierno.
Los ciudadanos podrán circular de acuerdo a la terminación de la tarjeta de identidad o pasaporte para realizar trámites en el sistema bancario, compra de alimentos y medicamentos.
Las nuevas medidas están establecidas en el decreto Ejecutivo PCM-045-2020, mediante el cual se amplían las restricciones constitucionales vigentes desde hace nueve semanas hasta el próximo domingo 24 de mayo.
Para continuar aplicando el distanciamiento social, el gobierno argumenta que si los casos positivos de Covid-19 se siguen reportando con la misma magnitud se corre el riesgo que en dos meses el sistema sanitario colapse.
Hasta la fecha en Honduras se reportan 2,646 casos positivos, 142 muertes, lo que representa una tasa de letalidad de 5.4 %.
Reapertura inteligente
El gobierno ha bautizado el mecanismo de reactivación económica como “reapertura inteligente”. Hasta el momento ha beneficiado al sistema bancario, supermercados, mercaditos, pulperías, abarroterías, farmacias, ferreterías, maquilas, industria de la construcción, hospitales y laboratorios, sector agroalimentario, gasolineras, transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores.
Asimismo, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras; el personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado; la industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos; y, las empresas de seguridad privada.
Este domingo el gobierno amplió la reactivación al sector público mediante el teletrabajo, por medios electrónicos que los empleados y funcionarios públicos hayan adoptado. Esta determinación es vaga porque no establece cuáles son las instituciones que comenzarán a laborar.
Por otra parte, se determinó que aquellas instituciones del gobierno que abran su atención a los ciudadanos lo harán aplicando estrictas medidas de bioseguridad emitidas por el Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) y la secretaría de Salud, aplicando turnos de la manera más conveniente para seguridad de sus empleados y de los ciudadanos.
Instancia multisectorial
El gobierno determinó además la creación de una instancia multisectorial para la elaboración y propuesta al Sinager sobre la gestión de la pandemia del Covid-19 y “apertura inteligente” de los diferentes sectores de la sociedad. En la comisión participarán instituciones del gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil.
El acuerdo Ejecutivo establece además que la comisión presentará “planes de apertura inteligente de las actividades vitales para la sociedad hondureña como la actividad económica, religiosa, educativa, recreativa, y otras”.
La instancia interinstitucional será convocada por el titular de la Secretaría de la Presidencia del Poder Ejecutivo con el acompañamiento de la secretaría del Trabajo y Protección Social y otras secretarías e instituciones nombradas por el presidente de la República.
La reactivación económica se hará de manera diferenciada en cada región de conformidad a las condiciones de afectación de la pandemia.
El artículo 10 refiere además que las industrias que acuerden con el gobierno las mesas de reactivación económica y protocolos de bioseguridad quedarán habilitadas para llevar a cabo sus actividades en las fases y plazos establecidos por las autoridades competentes.
La supervisión y control de la aplicación de las medidas de bioseguridad de las instituciones públicas o privadas en funcionamiento estará a cargo de una Comisión Interinstitucional integrada por la secretaría de Trabajo, quien la presidirá y por las secretarías se Seguridad, Salud, Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y demás instituciones necesarias, según se requiera.
