Tegucigalpa.- Un comité internacional integrado por expertos en derechos de las mujeres revisará el progreso del Estado de Honduras en la implementación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
De cara a esta evaluación a realizarse el martes 18 y miércoles 19 de octubre por el órgano de derechos de ONU Mujeres, la revisión de la CEDAW proporcionará a la administración de la presidenta Xiomara Castro una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas concretas que protejan los derechos de las mujeres y las niñas en Honduras.
Human Rights Watch instó al gobierno de Honduras a tomar en cuenta las recomendaciones que aporte el comité con el objetivo de reducir la violencia generalizada que viven a diario las mujeres y las niñas en el país, así como las consecuencias que enfrentan producto de esta.
Entre enero y junio de 2022, el Ministerio Público ha registrado al menos 2,232 denuncias de violencia sexual, de las cuales el 72% corresponden a niñas (960) y mujeres (655), según datos que fueron recopilados por el observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). De acuerdo a las cifras, en promedio se registran mensualmente 269 denuncias por violencia sexual contra niñas y mujeres.
LLAMADO A DESPENALIZAR EL ABORTO Y LAS PAE
Pese a los altos índices de agresiones sexuales dirigidas hacia la mitad de su población, el Estado de Honduras mantiene la prohibición absoluta del aborto y el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por lo que las mujeres y niñas que han experimentado violencia sexual pueden ser forzadas a continuar un embarazo no deseado en contra de su voluntad, perpetuando el ciclo de violencia que enfrentan las niñas y mujeres, planteó Human Rights Watch.
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La organización señaló que en la revisión de 2016 de Honduras, el Comité de la CEDAW urgió al gobierno a despenalizar el aborto, señalando que la prohibición hacía que las mujeres y niñas buscaran abortos inseguros, aumentando de esta forma la mortalidad materna.
“La violencia y la discriminación rampantes por motivos de género, y la impunidad de esos abusos, obligan a muchas mujeres y niñas, en particular a las personas LBT [Lesbianas, Bisexuales y Transgénero], a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas internas o buscar asilo en el extranjero. El Comité ha declarado anteriormente que el desplazamiento puede agravar aún más las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, y ha instado a Honduras a abordar la violencia que lo provoca”, señaló la organización en su comunicado.
Human Rights Watch recordó que la presidenta Xiomara Castro, siendo candidata se postuló bajo la promesa de proteger los derechos humanos, por lo que urgió a su administración a cumplir esa promesa asumiendo un compromiso en la revisión de la CEDAW para proteger los derechos de las mujeres y niñas hondureñas a la salud y una vida libre de violencia y discriminación.
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En el cierre de su discurso inaugural, la mandataria Xiomara Castro prometió: “¡Mujeres hondureñas, no les voy a fallar! ¡Voy a defender sus derechos, todos sus derechos! ¡Cuenten conmigo! Hasta la victoria siempre…” Sin embargo, esta proclama sigue en pausa.
Diseñado para defender los derechos de las mujeres y las niñas, el tratado internacional CEDAW es precepto legal en Honduras desde 1983, no obstante su protocolo facultativo sigue sin ser ratificado por el Estado debido al conservadurismo y patriarcado que impera en el país.
