Tegucigalpa. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) publicó la investigación sobre «Femicidios en Contexto de Crimen Organizado en Honduras» y entre los hallazgos destacan que al menos el 74.8% de los femicidios registrados en Honduras entre 2010 y 2019 podrían tratarse de femicidios en contexto de crimen organizado.
El documento señaló que si bien el Observatorio del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) registra que 1,540 mujeres han muerto de forma violenta a manos del crimen organizado del 2010 al 2019, el equivalente a un 51.8% del total de femicidios. Este parámetro deja por fuera el «altísimo porcentaje de femicidios indeterminados que se registran en el país (un 23%)».
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Femicidios que siguiendo el criterio de los primeros boletines del IUDPAS, como el del 2008, los homicidios indeterminados corresponden a muertes en contexto de criminalidad organizada. Sumado a esto, las estadísticas tampoco incluyen a las mujeres desaparecidas, que, de ser incorporadas, en el caso de 2017, la cifra de muertes violentas de mujeres pasaría de 389 a 847, si se incluyeran las 458 denuncias de mujeres desaparecidas reportadas por el Ministerio Público ese año, señaló la investigación.
La abogada e investigadora que lideró el proyecto, Adelay Carías, señaló que estas muertes se producen en un país «donde campea la impunidad, donde los narcotraficantes, las personas que son miembros de las maras y de otros grupos criminales actúan con completa libertad». Además, manifestó la importancia de continuar investigando el tema para llegar a dimensionar con mayor exactitud el porcentaje de femicidios que se cometen en el país en un contexto de crimen organizado.
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La investigación es un estudio exploratorio basado en información cualitativa que incluyó entrevistas tanto a altos mandos del Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio Público, así como a investigadoras e investigadores, personal que trabajan la escena del crimen, realizan autopsias y que están trabajando en las calles.
Estas entrevistas, compartió Carías, mostraron un abismo de percepción entre los altos mandos y quienes realizan trabajo de campo. Mientras los altos mandos sostuvieron que sólo dos de diez femicidios podrían estar ligados al crimen organizado. Los operadores en calles consideraron que 9 de cada 10 femicidios que ellas y ellos investigaron eran femicidios en contexto de crimen organizado, fueran estas perpetradas por narcotraficantes o maras, las pistas eran claras sobre los móviles de las muertes.
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Otro importante hallazgo es la georreferenciación de las muertes. Si bien la violencia en las zonas urbanas ha ido en aumento, indicó la investigación, «se observa también que ha ido aumentando de forma vertiginosa el porcentaje de muertes en las zonas rurales. Los datos dejan que para el 2015, solo un 15.1% de todos los homicidios se registraban en zonas rurales, alcanzado en el 2019 el 40% del total».
En cuanto al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de femicidios, la abogada señala que al hacer un análisis global de las sentencias dictadas por los Juzgados de Letras de lo Penal y de los Tribunales de Sentencia resulta que solo 39 de los 1,319 casos de femicidio entre los años de 2014 a 2018 terminaron en una sentencia condenatoria. Es decir, tan solo el 2.9% del total.
Carías subraya que siguiendo las estadísticas de los Tribunales de Sentencia hay un «claro indicador de la falta de acceso a justicia para las mujeres. No hay condenas, estos asesinatos se cometen bajo la sombra de la impunidad».
La investigadora pormenorizó un largo listado de las limitaciones para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de femicidio; sin embargo, subrayó que «más allá de las dificultades legales y técnicas, el verdadero problema que impide el acceso de las mujeres a la justicia es la colusión evidente del poder político y público con los perpetradores de estos crímenes. Esta unión fraterna no permite que cese la violencia, y tampoco que se haga justicia».
