Los parientes autopostulados deberían pasar por un proceso de depuración porque la ley les imposibilita aspirar a las magistraturas del Poder Judicial
Tegucigalpa, Honduras.- Personas que comparten lazos de consanguinidad y afinidad se quieren mezclar en el proceso de nominación y elección de la Corte Suprema de Justicia, aunque la Constitución de la República les impedirá ser parte, entre sí, del pleno de magistradas y magistrados que ejercerá funciones entre 2023 y 2030.
La Constitución de la República, en su artículo 310, numeral segundo, establece con claridad que no podrán ser magistradas o magistrados de la Corte Suprema de Justicia “los cónyuges y los parientes entre sí en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
A pesar de lo anterior, hay dos casos en los que personas que podrían incurrir en esa inhabilitación se han postulado ante la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los hermanos Armando Urtecho López y Roy David Urtecho López, y de las cuñadas Sonia Marlina Dubón Villeda y Tirza del Carmen Flores Lanza.
Armando Urtecho López es el actual director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), una de las organizaciones que tienen representación en la Junta Nominadora, y en el anterior proceso de nominación y elección, correspondiente a 2015-2016, figuró entre los 45 nominados, pero no recibió el respaldo de las diputadas y los diputados para resultar electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Su hermano, Roy David Urtecho López, ha sido fiscal general adjunto de la República y presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), otra de las siete organizaciones representadas en la Junta que nominará, como mínimo, a las y los mejores postulantes ante el Congreso de la República, a más tardar el 23 de enero de 2023.
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Por otro lado, a Tirza del Carmen Flores Lanza y a Sonia Marlina Dubón Villeda las liga un vínculo de afinidad. Tirza del Carmen, actual magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, es hermana del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien está casado con Sonia Marlina, que ya fue magistrada de la Corte, desempeñándose en la Sala de lo Constitucional, entre 2002 y 2009.
Aunque la Junta Nominadora todavía no ha resuelto qué criterios se utilizarán para resolver ese asunto, la representación de la sociedad civil, dentro de la Junta, ha insistido en que algunos de estos perfiles deberán ser desechados previo a la etapa de aplicación de la matriz de evaluación técnica y a la etapa de entrevistas públicas.
El representante suplente de la sociedad civil ante la Junta Nominadora, Tomás Andino, explicó a Criterio.hn que dentro de la comisión evaluadora de postulantes algunas de las organizaciones han dejado entrever que no será a la Junta a quién le corresponderá resolver, porque no hay certeza de quiénes resultarán electos, sino que el dilema será elevado al Congreso de la República, el día de la elección de las magistradas y los magistrados, que serán 15 en total.
“Nuestra representación no está de acuerdo, porque nuestro trabajo es hacer llegar una lista que no contenga inhabilidades entre los candidatos, y lo de tener parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad es una inhabilitación. Si enviamos candidatos con esas características entre sí en la lista, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo”, dijo Andino a este medio digital.
El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados del Congreso de la República conocerán una nómina con un mínimo de 45 candidatas y candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales deberá haber, en ese escenario, 23 mujeres y 22 hombres. Ese día, con al menos 86 votos, se elegirán a los 15 profesionales del derecho que integrarán la Corte entre 2023 y 2030.
El pleno de magistradas elegirá, a la vez, un presidente y éste designará a las cinco togadas y togados que conformarán la Sala de lo Constitucional. El resto de las Salas (Civil, Penal y Laboral) contarán, cada una, con tres magistradas y magistrados.
La Constitución de la República establece que las magistradas y los magistrados durarán en funciones por un período de siete años y que podrán ser reelegidos, sin embargo, también ordena que personas con vínculos en el cuarto grado de consanguinidad y en el segundo grado de afinidad, bajo ningún motivo, podrán ser compañeros de pleno.
A criterio de la representación de la sociedad civil, el asunto podría resolverse por dos vías antes de remitir la lista al Legislativo: que los parientes resuelvan entre sí, renunciando cualquiera de los dos al proceso, o que se vea favorecido el primero que se postuló ante la Junta Nominadora. Bajo ese último escenario, los favorecidos serían Roy David Urtecho López y Tirza del Carmen Flores Lanza.
“Durante la revisión documental que se ha hecho hasta el momento, habría sido muy difícil resolverlo. Esto, a mi juicio, debería pasar a la etapa socioeconómica, donde se analiza todo el entorno social, comunitario e incluso familiar de las personas. Me parece a mí que en este periodo esta investigación tiene que hacerse y, de esa forma, determinar quiénes son los familiares que reúnen esas características que los inhabilitaría”, añadió Tomás Andino.
El artículo 17 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora indica que, superadas las pruebas toxicológicas, psicológicas y de conocimientos jurídicos, cada uno de los postulantes se someterán a una investigación socioeconómica.
PARIENTES DE MAGISTRADOS Y EXMAGISTRADOS EXCLUIDOS
Criterio.hn ha identificado que dos de los postulantes que han sido apartados del proceso, Stephanie Claudette Bustillo Zelaya y Emilio Enrique Hernández Hércules, comparten vínculos sanguíneos con magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Stephanie Claudette es hija del exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Gustavo Enrique Bustillo Palma (2009-2012), y Emilio Enrique es sobrino de la actual magistrada de esa Sala, Reina Auxiliadora Hércules Rosa. Sin embargo, no se ha constatado cuáles han sido los motivos de su exclusión.
