Por: Redaccion CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Al cumplirse diez días de lucha por la liberación de los líderes garífunas desaparecidos forzadamente en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, en el Puerto de Tela en Atlántida, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), urgió la necesidad de arrancar esa raíz la podredumbre que gobierna Honduras y que mantiene a la población en la extrema pobreza, sin salud, sin educación y seguridad. “Necesitamos paz y hay que construir un nuevo pacto de convivencia”, expresó.
Miranda hizo su declaración en una conferencia de prensa virtual, denominada, Vivos se los llevaron y vivos los queremos, convocada por la Coalición contra la Impunidad en Honduras, para reclamarle al gobierno, el retorno con vida de los cuatro líderes garífunas, que el pasado 18 de julio fueron sacados de sus casas y desaparecidos, por hombres armados que vestían el uniforme de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las personas desaparecidas son el presidente del patronato de El Triunfo de la Cruz, Snider Centeno Thomas; Suami Aparicio García Mejía; Gerardo Misael Troches Calix; Milton Joel Martínez Álvarez y un allegado a la comunidad, de nombre, Junior Rafael Juárez Mejía.
La coordinadora de OFRANEH condenó el desaparecimiento de estas personas y la actitud del gobierno de Juan Hernández, que no solo se niega a cumplir la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece al pueblo garífuna, sino que además provoca desprecio y pone en riesgo la vida de estas comunidades asentadas en el caribe hondureño y que luchan por la defensa de sus territorios.
Ella dice, que la violencia se ha incrementado en la zona y que “nosotros creemos que este es un hecho donde el Estado es responsable directo” afirmó. Y ante tal situación, les exigió a las autoridades dar con el paradero de los desaparecidos y entregarlos vivos a la comunidad.
El pasado 25 de julio, la Policía Nacional informó haber hallado en una hacienda de la colonia Las Lomas de San Pedro Sula, documentos personales y armas de fuego relacionadas con los garífunas desaparecidos. Informaron que entre el hallazgo está el pasaporte de Albert Snider Centeno y la tarjeta de identidad de Milton Joel Martínez Álvarez, que encontraron cuatro armas de fuego, una cámara fotográfica y una bolsa conteniendo con municiones, información que ha sido rechazada por la comunidad, en vista de que ellos fueron secuestrados en sus casas de habitación y llevados por la fuerza.
“No pueden venir dando información falsa, los sacaron en calzoncillos, ¿cómo es posible que hayan encontrado documentos?”, cuestionó Miranda. Para ella el pueblo garífuna sufre de una escalada de intimidación y persecución por gente armada que entra y sale en vehículos de las comunidades garífunas.
El 8 de octubre del 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo garífuna, y por esa razón lo condenó a garantizarles su derecho a la propiedad, al desarrollo comunitario, al pago de indemnizaciones y al cumplimiento de las medidas de protección. Sin embargo, según la coordinadora de OFRANEH, pese a la cantidad de funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional de la raza negra, hasta hoy, nadie ha realizado gestiones para el cumplimiento de esa sentencia.
“Después de 4 años ningún diputado ha presentado un proyecto para hacer que se cumpla”, dijo a líder negra, defensora de los derechos humanos. Agregó, que después de la desaparición de los cuatro líderes garífunas, varios diputados de la raza negra, llegaron de manera arrogante para reunirse con la comunidad sin tener la autoridad. Sin embargo, ella asegura que no van a aceptar intermediarios porque no es un pleito con la gente de este gobierno y que los diputados garífunas hace tiempos que debieron hacer algo.
Indicó, que las dificultades que en este momento sufren las comunidades garífunas, no solo es un problema de ellos, sino de todo el país y llamó a la articulación de todas las organizaciones sociales y populares para llevar a cabo acciones conjuntas.
Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, calificó la desaparición de los líderes negros como un proyecto racista y con el objetivo de desplazar forzosamente a todo el pueblo garífuna. Oliva también es del criterio de realizar acciones conjuntas a nivel nacional.
Según Oliva, las violaciones masivas de los derechos humanos y desapariciones forzadas de personas son prácticas históricas que en Honduras las hacen desde hace 40 años y que el Estado se ha negado a darle respuesta a ese proyecto de muerte. Ante tal situación reafirmó que el grito debe ser llamar a la articulación por lo que está pasando con el pueblo garífuna, sin importar que sean uno, dos o cuatro los que están desaparecidos.
Ella también se unió al clamor por el retorno con vida de los cuatro líderes garífunas y mencionó que los escuadrones fueron reactivados en el golpe de estado y que han venido operando de manera permanente. Aseguró, que maniobraron en la crisis del fraude electoral del 2017, en las acciones de la Plataforma de la Salud y la Educación en el 2019 y que en este momento también están actuando contra las personas que protestan luchan por mejores condiciones de vida.
Puso el ejemplo del dirigente magisterial, Jaime Rodríguez, de quien dijo haberse conmovido por el patrón que utilizaron. ”Estaba identificado y nadie en este país opera con tanta logística, se había creado un ambiente, lo atacaron dos vehículos, andaban tres personas armadas y lo dejaron porque creyeron que se iba a morir”, aseveró. A Jaime lo torturaron, pero sobrevivió y hoy se encuentra en el exilio sin poder regresar.
En la misma dirección, se pronunció el sacerdote jesuita, director del Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, afirmando que el estado hondureño en esta combinación de los extremos de la derecha hondureña con el crimen organizado son fuertes y tienen un proyecto muy claro que es el de expandir capitales. Y que por esa razón hay una absoluta necesidad de “juntarnos para defender a nuestro pueblo más indefenso” subrayó.
A la desaparición de los cuatro líderes garífunas de El Triunfo de la Cruz también se suma la muerte violenta del líder de la comunidad de Punta Piedra, del Municipio de Iriona Colón, Antonio Bermúdez, quien fue encontrado muerto el 21 de junio, seis días después de haber desaparecido.
Desde junio del 2009 Honduras ha sido calificada como uno de los principales países violadores de los derechos humanos y ante tal situación diversos organismos nacionales y extranjeros les han hecho saber a las autoridades sus preocupaciones y recomendaciones para mejorar la situación. No obstante, los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo y Juan Hernández, no han demostrado voluntad para acabar con esa violencia imperante.
A efectos de maquillaje, crearon el Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Protección para defensores de los derechos Humanos y periodistas, entidades muy débiles y sin autoridad que para ofrecerles a las personas garantías de respeto.
Prueba de la preocupación de los organismos internacionales son los cuatro informes publicados desde el 2009 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que determinan que la situación es grave, no solo por los altos niveles de violencia, sino también por el elevado grado de impunidad de los crímenes. Nueve 9 de cada 10 delitos que se cometen en este país centroamericano quedan impunes por falta de investigación y judicialización de parte del Ministerio Público.
Y de igual manera queda impune el 97% de los crímenes contra defensores de los derechos humanos, el 90% de las muertes de mujeres, el 95% de las violaciones sexuales; el 90% de los asesinatos de la comunidad LGTBI y el 93% de asesinatos de periodistas.
