Cientos de guatemaltecos protestaron este jueves en ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de las reformas penales aprobadas de emergencia en el Congreso de la República, que eximen de responsabilidad a los políticos que reciban financiamiento electoral de fuentes ilícitas.
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Las manifestaciones contra las reformas al Código Penal se han concentrado frente al Congreso desde ayer miércoles en horas de la tarde.
Campesinos, estudiantes, pilotos y taxistas, entre muchos ciudadanos mostraron su indignación quemando piñatas que simulaban ser diputados, otros optaron por llevar ratas en jaulas para acusar a los legisladores y bajo el grito de “fuera corruptos” se hacen escuchar.
También se le unieron varios corredores que portaban antorchas y que hicieron una pausa para manifestar su repudio a las reformas aprobadas por el Legislativo.
Desde la aprobación de las reformas, el miércoles por la tarde, miles de guatemaltecos en redes sociales han manifestado su rechazo al pacto efectuado entre diputados, que primordialmente beneficiaría a políticos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
«No descansaremos hasta verlos presos a toda esa mafia dentro del Congreso», aseguró a la agencia de noticias EFE un estudiante de la privada Universidad Landívar, mientras otros alumnos de la estatal Universidad de San Carlos (Usac) secundaban su consigna.
En una de las entradas al recinto del Palacio Legislativo, diversas personas colocaron una corona de flores y claveles rojos en señal de protesta por las acciones de los legisladores.
«No queremos más impunidad», coinciden la mayoría de pancartas de los manifestantes que llevaron pitos, vuvuzelas y banderas azules y blancas.
El Congreso aprobó ayer de «urgencia nacional» dos reformas al Código Penal, una que exime a los dirigentes de los partidos políticos de la financiación electoral ilícita, cuya responsabilidad recaerá en los contadores de las organizaciones.
La otra es la ampliación hasta 10 años de la conmutación de penas para reos que sean condenados que van desde delitos de robo y hurto, hasta la pornografía infantil.
En un mensaje a la nación, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reconoció que no le han enviado esas reformas y que cuando le lleguen hará un análisis jurídico y que hará uso del derecho al veto si considera que son «nocivas».
El jefe del bloque de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, dijo a periodistas que su máxima dirigente, Sandra Torres, les ha pedido que «rectifiquen» la decisión.
Mientras, varias instituciones, entre ellas la Procuraduría de Derechos Humanos y Acción Ciudadana (AC), que vela por la transparencia en Guatemala, recurrieron en amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, para revertir la decisión del Congreso.
