Tegucigalpa.- Honduras solo ha aportado un 19.71 % de la producción legislativa de los países del Triángulo Norte durante el primer trimestre de 2021. Guatemala es el país con menores resultados y El Salvador el más productivo, según un informe realizado por el Instituto Nacional Demócrata (IND).
El documento señala la baja producción legislativa de Honduras y Guatemala, en el período analizado se aprobaron 71 decretos en los tres países, en los cuales Honduras solo produjo un 19.7% de acciones legislativas, mientras que El Salvador tiene una producción legislativa de 65% y Guatemala de un 15.5%.
“Teóricamente deberíamos observar más productividad legislativa en Honduras, por el hecho de que el partido que controla el Poder Ejecutivo es el mismo que controla el Legislativo, eso debería producir más”, expresó el presentador de esta investigación, el doctor en ciencias políticas, Roody Reserve.
El Congreso hondureño permaneció casi dos meses sin legislar durante marzo y abril del presente año, cuando la pandemia seguía con tendencia al alza y actualmente es el único país que legisla de forma virtual, apuntó el Reserve.
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El informe subraya que la pandemia de la COVID-19, ocupa el segundo lugar en las agendas legislativas de los tres países, a pesar de ser una amenaza social y económica, es probable que ello se deba a que, en 2020, buena parte de la producción legislativa estuvo dominada por este tema, sin embargo, la economía es la principal preocupación, ya que en el 2020 se dio la caída el Producto Interno Bruto (PBI) en las tres naciones.
El hemiciclo legislativo hondureño solo produjo el 19.71% de los decretos analizados a nivel subregional, lo que probablemente se deba a que los legisladores estuvieron más preocupados por las elecciones internas de sus respectivos partidos que en generar leyes para enfrentar los problemas socio económicos y políticos que aquejaron a su país en este trimestre, detalla el informe.
Este primer informe indica que los congresos de los tres países tienen muchos desafíos que enfrentar a lo largo de este año.
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En el caso de Honduras, el reto consistirá en encontrar un mecanismo que permita aumentar la productividad de legislar sobre los ingentes desafíos socioeconómicos relacionados con el aumento de los casos de contagio por el COVID-19 y de una economía seriamente golpeado por éste, al mismo tiempo que se atienden las obligaciones partidarias propias de un período electoral.
El estudio concluye con dos interrogantes hacia los legisladores hondureños sobre los meses venideros:
¿Podrán los legisladores conseguir el equilibrio entre sus necesidades de hacer campaña y legislar sobre los desafíos estructurales e inmediatos que enfrenta el país?
¿Se podrán adoptar decisiones para abordar los problemas estructurales de una economía fuertemente contraída en el contexto del año electoral?
