Tegucigalpa. Tras la juramentación del diputado insurgente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, como presidente provisional del nuevo Congreso Nacional afines denuncian que grupos poderosos serían los orquestadores de lo que señalan como “traición”.
Una veintena de diputados insurgentes del Partido Libre declinaron respaldar el acuerdo pactado entre la presidenta electa y Salvador Nasralla de elegir presidente del nuevo Congreso Nacional a un diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) postulando a Cálix al cargo con el respaldo de todos los diputados del Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, afín al Partido Nacional y abusando del poder que le otorga la normativa hondureña, instauró la sesión legislativa tomando en consideración solo la moción presentada por la diputada disidente Beatriz Valle de nominar a su “amigo” Cálix como presidente del Poder Legislativo para el periodo 2022 a 2026.
Sin una votación clara y en medio de confrontaciones, Ayala juramentó a Cálix como presidente provisional del Congreso Nacional, a Valle como vicepresidenta y al diputado Yahvé Sabillón secretario mientras los 30 diputados rojinegros que respaldan el acuerdo entre Castro y Nasralla señalaban de “traidores” a los insurgentes.
El coordinador del PSH, Pedro Barquero, denunció que detrás del nombramiento de la Junta Directiva se encuentra los intereses de la cúpula de poder ligada a una poderosa estructura bancaria que beneficiaría a Cálix y Valle.
“Triste, muy triste. Con votos de narcotraficantes, lavadores y corruptos financiados por dinero sucio se trata de instalar Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Los narcotraficantes y corruptos quieren seguir controlando el Congreso Nacional para evitar extradiciones y la instalación de la CICIH”, recriminó.
Barquero fue directo señalando al banquero Camilo Atala, uno de los dueños de Banco Ficohsa, pieza clave de financiar la campaña política de Cálix e institución donde laboró Valle como parte de la Junta Directiva.
La familia Atala Zablah ejerce un poder económico en Honduras poderoso, figuran como autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, además el consorcio de empresas ha sido beneficiado desde el Congreso Nacional con contratos leoninos en su beneficio.
La familia Atala a través del Banco Financiera Centroamericana S.A (Ficohsa) ha sido beneficiada con múltiples contratos de fideicomiso por parte del gobierno saliente.
Al igual que Barquero, Milton Benítez, que declinó su candidatura presidencial en favor de Castro, denunció que existen intereses personales de Cálix en proteger familiares que están ligados a estructuras de corrupción y narcotráfico.
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La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organismo de sociedad civil, Gabriela Castellanos, expresó que “la corrupción dio cátedra en el Congreso Nacional” al tiempo que dejó entrever que el poder fue negociado al mando de los que figuran como nuevas autoridades legislativas.
Misma valoración tiene el diputado Hugo Noé Pino quien instó a la veintena de congresistas rojinegros rectificar y no asumir el poder en contubernio y respaldo del conservador Partido Nacional con la intención de beneficiar las estructuras de poder.
“Todavía hay tiempo para que los compañeros de Libre, que con votos del partido Nacional quieren llegar a la junta directiva del Congreso, rectifiquen. Libre fue favorecido por el voto popular para transformar Honduras, no para continuar con la corrupción y la venta de intereses”, cuestionó.
Incluso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a una clase poderosa que pretendía tomar el control del congreso salvadoreño situación que afirma se consumó este día en Honduras.
“Lo que pasó en Honduras es exactamente lo que intentaron hacer aquí. Pero aquí los expusimos y los sancionamos. Allá confiaron en ellos y les robaron el Congreso. No se puede confiar en ellos. Mientras te soban la espalda, te apuñalan”, dijo a través de Twitter.
A criterio del analista Josué Murillo, un grupúsculo rojinegro prefirió pactar cuotas de poder y decidieron ir en contra de su propia estructura reflejando que “lo que promete un político en campaña electoral se las lleva el viento”.
El Partido Libre y sus autoridades tienen hasta el 23 de enero para lograr que los diputados insurgentes desistan de respaldar una mafia de corrupción y respalden el Acuerdo Bicentenario que permitiría a Luis Redondo ser ungido presidente del Congreso Nacional.
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